Marco Antonio Canales Arrona

Expediente 671/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
671/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Canales Arrona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    ::. Agréguese a los autos la promoción de la autoridad responsable mediante la cual acusa recibo del oficio enviado, sin mayor acuerdo, ya que causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se ordenó el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    ::. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós en el cual se sobreseyó en el juicio de amparo dentro de la audiencia constitucional, por haberse actualizado la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica; por tanto, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Por otro lado, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  3. Principal

    ::. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, remitida por la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, con sede en Chetumal, a través de la cual acusa recibo del oficio 4126/2022-V, que contiene inserta la sentencia dictada en el presente juicio; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos correspondientes.

  4. Principal

    ::. En Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas con cincuenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 671/2022-V, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, da cuenta con la promoción con número de registro 16473, así como con la impresión de la publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, tomo II, número 141 extraordinario, Novena Época, en la cual consta la promulgación del Decreto número 260, por el que se designó a *****, como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, misma que fue obtenida de la página oficial de dicho periódico, a lo que el Juez acuerda, agréguese a los autos la promoción de cuenta firmada por el quejoso; y visto su contenido téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con las mismas en la etapa correspondiente de la presente audiencia. Por otra parte, en cuanto a la impresión de la publicación realizada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo II, número 141 extraordinario, Novena Época, se ordena glosar a los presentes autos, al constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, hágase la relación correspondiente de dicha documental en la etapa correspondiente de la presente audiencia. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que el quejoso ofreció pruebas documentales; y que este órgano jurisdiccional en la presente audiencia ordenó glosar la impresión de la publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, tomo II, número 141 extraordinario, Novena Época, al constituir un hecho notorio; sin que las demás partes ofrecieran pruebas; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte tercera quejosa y la fiscal de la adscripción, formularon manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulan la tercera interesada y la fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 671/2022-V, promovido por *****, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cancún, Quintana Roo, remitido por razón de turno el treinta siguiente a este juzgado de Distrito, ****, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1] Gobernador y 2] Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 4°, 6°, 14, 16, 17, 108, 109, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: - - - a).- Del Gobernador del Estado de Quintana Roo se reclama la creación, orden de expedición y orden de ejecución de la Convocatoria para Ocupar la Titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial Extraordinario Número 95 del Estado de Quintana Roo, correspondiente al Tomo II de su Novena Época, de fecha 09 de junio del año 2022, por virtud de la cual comenzó el proceso de selección de las personas propuestas a ocupar la titularidad de la CEAVEQROO, conforme lo dispuesto por los artículos 92 y 93 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.- - - -b) Del Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, se reclama la omisión de publicar el resultado definitivo de las personas seleccionadas que integraran la terna que será propuesta a la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, el día 24 de junio del año 2022 a través del portal electrónico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, conforme a la BASE SÉPTIMA y de la Convocatoria publicada por el Gobernador del Estado de Quintana Roo en el Periódico Oficial Extraordinario Número 95 del Estado de Quintana Roo, correspondiente al tomo II de su Novena Época, de fecha 09 de junio del año 2022." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el treinta de junio de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, mediante auto de uno de julio siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 671/2022-V; se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 754/2022, en sentido de negar el amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en sus dos primeras etapas en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos autoridades en materia administrativa, que carecen de ejecución y la de demanda de amparo se presentó en esta ciudad, en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de Distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: Del 1] Gobernador del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. a) La creación, orden de expedición y de ejecución de la Convocatoria para ocupar la Titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el nueve de junio de dos mil veintidós, por la que inició el proceso de selección de la persona propuesta a ocupar la titularidad de dicha comisión. Del 2] Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. b) La omisión de publicar el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el resultado definitivo de las personas seleccionadas que integraran la terna que será propuesta a la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del portal electrónico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, conforme a la base séptima de la convocatoria referida en el inciso a) que precede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Gobernador del Estado de Quintana Roo, por conducto del Director de Amparos de la Consejería Jurídica, y 2] Secretario de Gobierno, por conducto del Director Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, ambos con sede en Chetumal, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Además, por lo que respecta al acto precisado en el inciso a), del considerando tercero, queda de manifiesto su existencia con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, consistente en la impresión de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de nueve de junio de dos mil veintidós, que contiene la Convocatoria para integrar la terna que será propuesta a la XVI Legislatura del Estado para que de ella sea elegida una persona como comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Estado de Quintana Roo, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por estar publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de la cual se advierte que el Gobernador del Estado de Quintana Roo, emitió dicha convocatoria. Asimismo, respecto del acto precisado en el inciso b), del considerando tercero, se acredita su existencia, con la publicación realizada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo II, número 141 extraordinario, Novena Época, que se ordenó agregar a los presentes autos, en esta audiencia, por constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documental pública, de la cual se advierte la promulgación del Decreto número 260, por el que se designó a *****, como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, sin que de autos se advierta que la responsable haya acreditado que se realizó la publicación del resultado definitivo de las personas seleccionadas que integraran la terna que será propuesta a la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el portal electrónico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, conforme a la base séptima de la convocatoria referida en el inciso a) que precede. Por tanto, resultan ciertos los actos reclamados en estudio atribuidos a las autoridades responsables. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) del considerando tercero de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que se ha producido un cambio de situación jurídica, por lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, como se vio, la quejosa reclama los actos que se citan a continuación: Del 1] Gobernador del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. a) La creación, orden de expedición y de ejecución de la Convocatoria para ocupar la Titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el nueve de junio de dos mil veintidós, por la que inició el proceso de selección de la persona propuesta a ocupar la titularidad de dicha comisión. Del 2] Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. b) La omisión de publicar el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el resultado definitivo de las personas seleccionadas que integraran la terna que será propuesta a la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del portal electrónico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, conforme a la base séptima de la convocatoria referida en el inciso a) que precede. Ahora, resulta oportuno precisar que el procedimiento administrativo para nombrar el Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Estado de Quintana Roo, consta de las siguientes etapas: 1. Inicia con la publicación de la convocatoria emitida para integrar la terna que será propuesta a la XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, para la selección de la persona que ocupará el cargo como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. 2. Luego, una vez fenecido el plazo otorgado para la recepción de las propuestas de los aspirantes a ocupar dicho cargo, la Secretaría de Gobernación procede a analizar dichas propuestas para la selección de las personas que integrarán la terna a presentar ante la XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. 3. Posteriormente, se realiza la publicación a través del portal electrónico de la Secretaría de Gobierno del resultado definitivo de las personas que integrarán la terna, y se procede a la remisión de la terna seleccionada a la XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. 4. Finalmente, dicho procedimiento concluye con la designación que realiza el Congreso del Estado de Quintana Roo, de la persona que ocupará el cargo de Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Luego, de las constancias que se ordenaron agregar a la presente audiencia, consistente en la publicación realizada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo II, número 141 extraordinario, Novena Época, que fue previamente valorada, se advierte que obra el Decreto número 260, de veintitrés de agosto de dos mil veintidós por el que el Congreso del Estado de Quintana Roo, designa a ****, como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en relación con los actos que se impugnan en esta instancia constitucional, pues en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas durante el procedimiento de selección de la persona propuesta a ocupar el cargo como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, éstas han quedado irremediablemente consumadas, pues dichas abstenciones quedaron jurídica y procesalmente sustituidas cuando el Congreso del Estado de Quintana Roo, designó a *****, como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, tal y como se advierte del Decreto 260 que fue publicado en el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo II, número 141 extraordinario, Novena Época. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar, el nombramiento otorgado por el Congreso del Estado de Quintana Roo a *****, como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, mismo que constituye la resolución final del procedimiento de selección de la persona a ocupar el cargo como Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, lo cual vuelve improcedente este juicio. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 171841 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Página: 50 CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) del considerando tercero de esta sentencia, que se atribuyen al 1] Gobernador y 2] Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Quintana Roo. Derivado de la conclusión alcanzada, resulta innecesario llevar a cabo el análisis de las diversas causales de improcedencia hicieron valer las autoridades responsables, pues el estudio que de las mismas se llegare a hacer, en modo alguno cambiaría el resultado al que se arribó, lo que es acorde con lo establecido en la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 1002888 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 822 Página: 911 SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa y la Fiscal de la adscripción formularon alegatos; sin embargo, al no formar parte de la litis en el juicio de amparo, no es obligatorio su análisis. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia y tesis aislada que a continuación se citan: "Época: Octava Época Registro: 1003194 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Materia(s): Común Tesis: 1315 Página: 1480 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." "Registro digital: 205428 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVIII/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994, página 30 Tipo: Aislada ALEGATOS. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION INTRODUCIDOS EN ELLOS. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la tesis publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Volumen II, página 436, ha sustentado el criterio de que los alegatos no forman parte de la litis y, por tanto, el juez de Distrito no tiene, en rigor, el deber de analizar directamente las argumentaciones que en los mismos se hagan valer. Ahora bien, cuando en el escrito de alegatos se introducen conceptos de violación que no fueron hechos valer en la demanda de garantías, no sólo no existe el deber del juez de Distrito de hacer su análisis, sino que se encuentra imposibilitado legalmente para ello, por ser su planteamiento improcedente por extemporáneo, ya que de conformidad con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, es en la demanda de garantías donde deberán de expresarse "los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de violación" y dentro del término a que aluden los artículos 21 y 22 del propio ordenamiento para presentar dicha demanda, a cuyo estudio debe circunscribirse el juez de Distrito, salvo los casos en los que el artículo 76 bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, contra los actos reclamados del 1] Gobernador y 2] Secretario de Gobernación, ambos del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los considerandos quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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