Marco Antonio Cárdenas Monroy

Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
376/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Cárdenas Monroy
  • Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Destrucción del incidente de suspensión. Asimismo, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión al haberse concedido solo la medida cautelar provisional, pero negado la definitiva, en términos de la hipótesis prevista en el punto 7.1.1, correlativo 2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Y en atención a la fracción II, inciso a) del artículo 20 del aludido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Por otro lado, al resultar innecesario que permanezcan en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, requiérasele para que acuda a recibirlos en las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acudir por éstos dentro del plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Esquema de atención al público. Finalmente, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para poder comparecer a recibir los medios de convicción que ofertó deberá realizar una cita previa, la cual podrá generar en el Portal de Servicios en Línea del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para el desahogo de comparecencias. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este juzgado de Distrito.

  2. Principal

    SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno. Lo anterior, debido a que se reclaman actos de autoridades en materia administrativa, con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo son: Al Congreso y Gobernador Constitucional, ambas del Estado de Jalisco: > La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en particular los artículos 1 y 15. Del Secretario y Director General Jurídico, ambos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: > La emisión de las cédulas de notificación de infracción ********************. TERCERO. Inexistencia de la materia de reclamo. No son ciertos los actos reclamados al Secretario y el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, pues así lo manifestó el jefe de área de amparos de su adscripción, al desahogar el requerimiento formulado en proveído de dos de mayo de la presente anualidad, sin que de autos se advierta la existencia de algún medio de convicción eficaz que desvirtúe esa negativa. Sustenta lo dicho el criterio con registro 210529, Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, septiembre de 1994. Materia(s): Común, tesis: XXI. 1o. 102 K, página 34: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" En consecuencia, no le asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, y tampoco es posible imponerle la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, ya que al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria imputada no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. Tiene aplicación al caso, la tesis Novena Época. Registro: 201964. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, junio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2º.32 K. Página: 763, que al respecto establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, en virtud de que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente de las constancias de autos. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, quien promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas que dicho acto es inconstitucional. Por tanto, dado que la negativa informada no fue desvirtuada, se sobresee en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de la emisión de las infracciones citadas, reclamadas al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, y al Director General Jurídico adscrito a dicho ente público. En ese sentido, si la parte quejosa no aportó prueba en contrario que justificara que dichas autoridades impusieron esa infracción, se considera que ese acto es inexistente y, por tanto, se sobresee en el presente juicio, al configurarse el supuesto establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que a efecto de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, como se estableció en el resultando tercero de la presente resolución, por auto de diecinueve de mayo de la presente anualidad, se ordenó dar vista a ésta, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la participación del Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, así como del policía vial ********************, con número de orden ******************** (********************) adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; sin embargo, no cumplió con la prevención, por lo que en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado; por ende, el presente juicio es analizado únicamente respecto de los actos y autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. CUARTO. Existencia de la materia de reclamo. Por otra parte, el Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, manifestaron que eran ciertos los actos reclamados, en virtud de que así lo manifestaron el coordinador de asuntos jurídicos y el director de amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, al rendir sus informes justificados, en representación de aquéllas, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo" Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas" QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, respecto de las normas impugnadas, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de constitucional, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este operario federal advierte, de oficio, que en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, interpretado a sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en señalar como autoridades responsables al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, y al policía vial ********************, con número de orden ******************** (********************) adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, quienes emitieron o elaboraron, respectivamente, las cédulas de notificación de infracción reclamadas. Para justificar lo anterior, es necesario transcribir los citados preceptos legales, que establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalar con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así, como se indicó, de la interpretación a sentido contrario de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no señale como autoridad responsable a la que emitió el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclamó del Secretario y Director General Jurídico, ambos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, la emisión de las cédulas de notificación de infracción ********************; empero, del contenido del comunicado SSE/DGJ/DA/4116/2022, suscrito por el director de amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se advirtió que la elaboración de las cédulas de infracción reclamadas fueron elaboradas por el Director General Jurídico, así como por el policía vial ********************, con número de orden ******************** (********************), ambos adscritos a dicho ente público; por ende, en acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintidós, se le dio vista a la solicitante de la Justicia Federal, con las apuntadas actuaciones, en virtud de que se advirtió la participación de diversas autoridades con relación a los actos reclamados en esta vía constitucional; por lo que se le otorgó un término de quince días hábiles para que, si a su interés legal convenía, ampliara la demanda de amparo, en el sentido de señalarlas como autoridades responsables. Apercibido el solicitante del amparo que, de no manifestarse al respecto, se le tendría por desinteresado en ampliar su demanda y se tendrían como autoridades responsables las señaladas en el escrito inicial. El anterior requerimiento se formuló de manera análoga en estricto acatamiento a los razonamientos que dieron origen a la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.- De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada" Así como de la tesis de jurisprudencia 2a./J.30/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 250, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición" Lo anterior se justifica porque, es obligación del juez de Distrito, cuando del análisis integral del líbelo actio de amparo, advierte la participación de autoridades no señaladas como responsables, prevenir a la quejosa, con el apercibimiento relativo, para que aclare si señala o no como responsables a determinadas autoridades que se consideren intervinieron en la emisión de los actos reclamados; lo anterior es relevante, si se considera que de omitir el juzgador esa prevención y conceder la protección de la Justicia Federal, haría nugatorio el derecho que le asiste a la citada autoridad para defender su acto; por ende, la violación apuntada ameritaría la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, a pesar de haberse requerido para ello, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Luego, en proveído de diecisiete de junio de la anualidad en curso, ante la actitud omisiva de la parte quejosa en manifestarse sobre la vista que le fue otorgada para que ampliara la demanda en los términos antes planteados, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le tuvo por desinteresada en ampliar su demanda, en torno a las autoridades de trato, por lo que se ordenó seguir el juicio de amparo únicamente por las señaladas en su escrito inicial de demanda. De manera que, al ser esto así, no se señaló como responsables a quienes realmente emitieron los actos reclamados, a saber, el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, y el policía vial ********************, con número de orden ******************** (********************) adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, quienes elaboraron las sanciones; esto, pese a que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de tales actuaciones, en mérito de la vista dada y, aun así, fue omisa en llamar a las referidas autoridades a este sumario constitucional. Empero, debieron haber sido señaladas por la parte quejosa como responsables, ya que precisamente a estas corresponde defender la legalidad de su acción, porque son las que conocen los pormenores de su actuación, las cuales son de su exclusiva responsabilidad, al ser las encargadas de observar los lineamientos legales que regulan tal actuar. Consecuentemente, si no se les tuvo como autoridades que intervinieron en los actos reclamados, con ello se hizo nugatorio el derecho que les asistía para defender su acto y existe la imposibilidad jurídica de examinarlo sin la defensa de aquéllas, pues de lo contrario no se mantendría el equilibrio procesal entre las partes. En las condiciones anotadas, sobre este particular, procede el sobreseimiento en el juicio en que se resuelve, en términos de los artículos 63, fracción V, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, ésta relacionada con los preceptos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis número 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento" Determinación que debe hacerse extensiva a las normas reclamadas, al no poder desvincularse del acto concreto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" Atento al sentido del fallo, jurídicamente no es posible el estudio de los conceptos de violación en relación con la aludida actuación, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio" Finalmente, sin que pase desapercibido para el suscrito juzgador los alegatos que hizo valer el Fiscal de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de ser valorados en esta contienda; sin embargo, éstos resultan inatendibles atento a los razonamientos legales expuestos, de ahí que se considere innecesario emitir pronunciamiento alguno al respecto. Máxime, que las hipótesis de improcedencia constituyen un estudio preferencial al ser de orden público e interés social preferente a cualquier otro; lo anterior, en términos del segundo párrafo del numeral 64 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público adscrito.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de este asunto, se pudo advertir que transcurrió el plazo de los quince días hábiles otorgado en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, a fin de que la parte quejosa manifestara si era su deseo ampliar su escrito inicial de demanda por la emisión de las cédulas de infracción reclamadas por parte de las autoridades Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y policía vial Carlos Armando Pérez González, con número de orden dieciocho mil ciento noventa y uno (18,191) adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, sin que lo haya hecho; por tanto, se procede hacerle efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y, se tiene por desinteresada a la parte quejosa en ampliar su escrito inicial de demanda de amparo por los actos de dichas autoridades.

  4. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. II. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. III. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IV. Valoración del incidente. En razón de lo anterior, el original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. V. Destrucción del duplicado del incidente. En atención al citado acuerdo en el artículo 20, fracción II, inciso a, del mencionado acuerdo, una vez transcurrido el plazo noventa días, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente.

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