Marco Antonio Aguilar Salinas
Expediente 2568/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2568/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/10/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Aguilar Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "En ese contexto, es evidente que los actos reclamados efectivamente producen una afectación real y actual en los derechos fundamentales del quejoso; por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada para que el juez responsable realice: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 1198/2016, única y exclusivamente por lo que respecta a Marco Antonio Aguilar Salinas; y, 2. De estimar procedente la vía de jurisdicción voluntaria intentada, atienda lo dispuesto en los artículos 309, fracción I, 310 y 311 y 531 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio; esto es, llame de manera personal a dicho procedimiento al multicitado quejoso, y con plenitud de jurisdicción determine lo que a derecho corresponda Amparo que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil, con asentamiento en Zapopan, Jalisco, porque su subsistencia está supeditada a la del diverso acto reclamado a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 103, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 67, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional. En el entendido, se insiste que la concesión del amparo, sólo beneficia al aquí quejoso, no así al resto de los trabajadores relacionados con la resolución emitida en el procedimiento administrativo RA-08/2016, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues éstos no promovieron el presente juicio de amparo y su falta de llamamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen no ha sido reclamado en este asunto, ello atendiendo al principio de relatividad que rige al juicio de amparo. Se apoya lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 933, del tenor literal siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por medio del oficio 6344/2022, el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, allegó copia certificada del auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del auto de radicación de veinte de mayo de dos mil dieciséis, incluyendo la adjudicación del inmueble propiedad del quejoso, emitiendo en su lugar la admisión del escrito recibido el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, presentado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a quien tuvo promoviendo en la vía de jurisdicción voluntaria, la solicitud de reconocimiento y ejecución de la resolución de procedimiento administrativo RA-08/2016, siendo que reconoció y elevó a categoría de sentencia ejecutoriada con efectos de cosa juzgada dicha resolución administrativa, ordenado notificar al aquí quejoso. Por medio de los oficios 6462/2022 y 6563/2022 la citada autoridad responsable, remitió un legajo certificado, del que se desprende el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del auto de radicación de veinte de mayo de dos mil dieciséis, solo por lo que respecta al quejoso, emitiendo en su lugar la admisión del escrito presentado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, a quien tuvo promoviendo en la vía de jurisdicción voluntaria, la solicitud de reconocimiento y ejecución de la resolución de procedimiento administrativo RA-08/2016, siendo que reconoció y elevó a categoría de sentencia ejecutoriada con efectos de cosa juzgada dicha resolución administrativa, ordenando notificar al quejoso, por conducto del juez competente de Cajeme, Sonora. La citada autoridad responsable, mediante el comunicado 6675/2022, allegó un legajo certificado, del que se desprende el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, que proveyó tener al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desistiendo del trámite de ejecución única y exclusivamente del aquí incoante, por lo que dejó sin efectos la adjudicación decretada en autos en relación al inmueble correspondiente al impetrante. Con lo cual, en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. En consecuencia, lo procedente es declarar que la ejecución de la sentencia, ha quedado sin materia, ello de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, por lo tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por las partes que así lo hicieron, se les requiere para que acudan a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se les practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibidos que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Agrega oficio de autoridad. Téngase por recibido el comunicado 6849/2022, que signa el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en atención a su contenido, agréguese para que obre como constancia, toda vez que en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias con las cuales la autoridad responsable informó lo actuado dentro del juicio de origen. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a seis de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 6675/2022, que signa el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 1198/2016, en que se tuvo al apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desistido del trámite de ejecución del procedimiento de recisión administrativa y vencimiento anticipado número RA-08/2016, única y exclusivamente de Marco Antonio Aguilar Salinas, así como demás actuaciones relativas a la ratificación del escrito de desistimiento. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 6563/2022, que signa el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente ******************** en que la responsable dejó insubsistente todo lo actuado, a partir del auto de radicación de veinte de mayo de dos mil dieciséis, sólo por lo que respecta al quejoso ********************, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, se emitió una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción se admitió en la vía de jurisdicción voluntaria la solicitud de reconocimiento y ejecución de la resolución de procedimiento administrativo identificada con el número ********************, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Asimismo, se ordenó notificar al acreditado ********************, en términos de los numerales 309 fracción I, 310, 311 y 531 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de comercio, en la finca marcada con el número ********************, de la calle ********************, en la Colonia ********************, ********************, ********************, Cajeme, Sonora, haciéndole saber que cuenta con el término de tres días, para que se imponga del contenido de las actuaciones, y se señalará día y hora para la audiencia a la que concurrirá el promovente, de conformidad en el artículo 533 de la citada legislación. Para tal efecto se giró exhorto con los insertos necesarios al Juez Competente de Cajeme, Sonora, a efecto de que sirva llevar a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento ordenada en autos. De igual forma, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Cajeme, Sonora, y al Director de Catastro de Cajeme, Sonora, a efecto de que en el término de tres días, informen a que nombre se encuentra el inmueble marcado con el número ********************, de la calle ********************, en la Colonia ********************, ********************, ********************, Cajeme, Sonora, quien cuenta con clave catastral ********************, inscrito bajo folio real ********************, a fin de cumplimentar cabalmente con la sentencia de amparo; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son para que la autoridad responsable: ".IV. Conclusión y Efectos. En ese contexto, es evidente que los actos reclamados efectivamente producen una afectación real y actual en los derechos fundamentales del quejoso; por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada para que el juez responsable realice: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria ******************** única y exclusivamente por lo que respecta a ********************; y, 2. De estimar procedente la vía de jurisdicción voluntaria intentada, atienda lo dispuesto en los artículos 309, fracción I, 310 y 311 y 531 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio; esto es, llame de manera personal a dicho procedimiento al multicitado quejoso, y con plenitud de jurisdicción determine lo que a derecho corresponda Amparo que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil, con asentamiento en Zapopan, Jalisco, porque su subsistencia está supeditada a la del diverso acto reclamado a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 103, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 67, del tenor literal siguiente: (.) En el entendido, se insiste que la concesión del amparo, sólo beneficia al aquí quejoso, no así al resto de los trabajadores relacionados con la resolución emitida en el procedimiento administrativo ********************, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues éstos no promovieron el presente juicio de amparo y su falta de llamamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen no ha sido reclamado en este asunto, ello atendiendo al principio de relatividad que rige al juicio de amparo. (.)" Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de diez días, siguiente al en que reciba el comunicado que del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o de ser el caso, las gestiones realizadas para tal efecto. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.
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