Marco Antonio Cab
Expediente 1048/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Antonio Cab
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Cab, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente correspondiente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el orden 1048/2021-IV. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo presentada se advierte que la misma debe desecharse de plano por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual será examinado de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo en principio se destaca que en el caso el quejoso señala como acto reclamado la omisión genérica de las autoridades responsables para requerir el cumplimiento al laudo dictado en el juicio reclamatorio laboral 896/2016. Sobre esta premisa en el caso se tiene que si bien la junta responsable tiene la obligación de ejecutar los laudos que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida. En ese sentido, si en el presente asunto se reclama la omisión genérica de las autoridades responsables para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral 896/2016, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, la paralización total del juicio laboral 896/2016, afirmando que las autoridades responsables no ha realizado trámite alguno para hacer cumplir el laudo dictado en el juicio laboral 896/2016; el juicio biinstancial resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, si como en el caso de la lectura de la demanda no se advierte en qué fecha se emitió el laudo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de rubor y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de laudo, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. En ese contexto, como en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado de forma genérica la omisión de las autoridades responsables de hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral 896/2016, se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, pues como se ha indicado, la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a la autoridad responsable. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual manera resulta aplicable al caso la jurisprudencia que sustentó el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante. Por consecuencia de lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Cab, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y otra autoridad. No pasa inadvertido el hecho de que el promovente en su demanda refiera que es obligación de la Junta responsable que el juicio que ante ella se tramita no queden inactivos, lo cierto en que no indica si formuló o no solicitud alguna a la responsable, motivo por lo que conduce a desechar la demanda en los términos expuestos, al no advertirse la existencia del impulso procesal del aquí quejoso. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para ello en su escrito de demanda; y téngase como sus autorizados a los profesionistas que señala con las facultades que expresamente les confiere. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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