Marco Antonio Becerra Ochoa
Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Marco Antonio Becerra Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la Ley de Amparo, en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de nueve de mayo del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria federal. Por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo, por conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por lo que háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa; situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio y que éste es depurable. Asimismo, se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Finalmente, se hace notar que en el presente asunto, la parte quejosa no solicitó el trámite del incidente de suspensión. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Agréguense a estos autos los oficios remitidos por la Presidenta de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con un anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto; de los que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada el veintisiete de febrero anterior, en el presente juicio de amparo; con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81, inciso e), del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ al aquí quejoso Marco Antonio Becerra Ochoa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alejandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 58/2023, promovido por Marco Antonio Becerra Ochoa, contra un acto de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la responsable y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniere. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado de la Junta responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental exhibida por la Junta responsable; así como con la instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas ofertadas por la parte quejosa. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 58/2023. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Marco Antonio Becerra Ochoa, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, que hizo consistir en la omisión de dictar la resolución relativa al incidente de liquidación planteado en el controvertido 275/2018. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de trece de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que el quejoso quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La omisión de la Junta responsable dictar la resolución relativa al incidente de liquidación planteado en el controvertido 275/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, ya que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen, que remitió la Junta responsable como justificación de su informe, pues de ellas se advierte que, hasta la fecha en que se presentó la demanda, no se ha dictado la interlocutoria correspondiente. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de fondo. Al no actualizarse ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En su único concepto de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que ha transcurrido en exceso el término para que la autoridad responsable dicte la resolución relativa al incidente de liquidación planteado en el controvertido 275/2018; misma omisión que resulta violatoria de sus derechos fundamentales, cuenta habida de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita. Entonces, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados, derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, el ordenamiento jurídico a aplicar en este asunto es la Ley Federal del Trabajo en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil trece y la autoridad responsable debe sujetarse a dicha ley secundaria que rige su actuar, principalmente al contenido del artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que una vez celebrada la audiencia incidental en un juicio laboral, de inmediato debe resolverse el incidente planteado, continuándose con el procedimiento. En el caso, consta que ante la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, se tramita el juicio 275/2018, promovido por el quejoso, en el que el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia relativa al incidente de liquidación planteado por la parte actora en dicho controvertido. Sin embargo, hasta la fecha en que se promovió la demanda (doce de enero de dos mil veintitrés) e incluso hasta en la fecha que se resuelve el presente juicio, no existe constancia de que se haya emitido la interlocutoria respectiva. Así las cosas, si en el expediente laboral que se analiza no se ha dictado la resolución relativa al incidente de liquidación planteado en el mismo, la cual debió ser emitida de inmediato, una vez celebrada la audiencia incidental correspondiente, habiendo trascurrido el plazo que para tal efecto establece el ordinal 763 de la Ley Federal del Trabajo, es obvio que existe una afectación al derecho del quejoso a que se le administre justicia pronta, previsto en el artículo 17 Constitucional. Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad de Mérida. Efectos de la concesión: Dicha concesión se otorga para el efecto de que, de manera inmediata, la autoridad responsable proceda al dictado de la interlocutoria que recaiga al incidente de liquidación planteado por la parte actora en el expediente 275/2018. Sin que constituya obstáculo para lo anterior, el que la parte quien pudiere tener el carácter de tercero interesada, no hubiere sido emplazada al presente juicio de amparo; ello, cuenta habida que dado el sentido que se otorga la protección constitucional, no se le ocasiona detrimento alguno en sus derechos procesales, porque con el mismo se otorga continuidad al controvertido laboral en el que figura como parte demandada. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora Federal, RESUELVE ÚNICO. Ampara. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Becerra Ochoa, contra el acto que reclama de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y para los efectos indicados en la parte final del último considerando de la misma. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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