Marco Antonio Aviña Ruvalcaba
Expediente 553/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marco Antonio Aviña Ruvalcaba
- Erika Lilian Guerrero Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio con anexo remitido vía electrónica por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, por el que devuelve diligenciado el exhorto 59/2022, número de orden 74/2022, del índice de este juzgado, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional realizará las gestiones necesarias a fin de notificar el contenido íntegro del proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a ****; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes; sin que haya necesidad de acusar recibo, por así haberlo solicitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito y anexo con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica del signante ****, mediante el cual, acepta y protesta el cargo conferido como defensor público de ****, parte quejosa; asimismo, exhibe copia de cédula profesional, señala domicilio, correo electrónico, número telefónico y solicita la consulta del expediente electrónico. Atento a lo anterior, se tiene a dicho profesionista aceptando y protestando el cargo conferido como defensor público de ****, parte quejosa, y por allegada la reproducción de la cédula profesional. Domicilio. Téngasele por autorizado el domicilio que proporciona para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Correo electrónico y número telefónico. Se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de estimarse necesario. Consulta expediente electrónico. Al respecto, como lo solicita y en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "****"", se le autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A, a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico. Notificación por exhorto. Por último, tomando en consideración que el quejoso se encuentran recluido en el CEFERESO número 11 Sonora, con residencia en Hermosillo, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que por su conducto notifique el presente proveído a ****, en el centro en que se encuentra recluido, asentando la razón correspondiente y una vez hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible, acúsese recibo del mismo. Además, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Juez Federal exhortado, a fin de que habilite días y horas inhábiles, para llevar a cabo la notificación encomendada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra por medio de exhorto.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de febrero de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones respecto a que considera que en razón de competencia y atribuciones es la Defensoría de Oficio de Fuero Común quien debe intervenir en el presente asunto, sin embargo, no obstante a lo anterior, propone al licenciado ****, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito, residente en esta ciudad, para que bajo su criterio y autonomía esgrima los argumentos que considere para aceptar o no el cargo conferido, así como orientar al peticionario de amparo sobre el alcance del estado procesal que guarda el presente asunto, mismo que a la fecha se encuentra concluido. De igual forma, indica domicilio, correo electrónico y número telefónico. Al respecto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el oficiante, para lo cual es necesario citar la jurisprudencial 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, que estableció lo siguiente: *** De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). De lo anterior, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio jurisprudencial, el más Alta Tribunal de la Nación, consideró en sus puntos 100 y 102 que son del texto siguiente: *** De lo que se obtiene que el abogado señalado debe actuar en el procedimiento del juicio de amparo y desde luego en términos y conforme a la Ley de Amparo, sin que ello implique actuación en el procedimiento natural. Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 208/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Del mismo modo, es de considerarse que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. Lo anterior es así ya que, la representación solicitada comprende la asesoría durante las etapas del procedimiento, contestación a vistas, contestación a informes, interposición de recursos, entre otros descritos por el artículo 4 de la Ley de Defensoría Pública, también lo es, que tales actos procesales de nacer a la vida jurídica serian únicamente por lo que respecta a la tramitación del juicio de amparo, el cual es del fuero federal, independientemente de la naturaleza del acto reclamado, la cual no debe ser desconocida por los Defensores Públicos adscritos al Instituto que representa, los que en términos de la fracción segunda del artículo 5 de la citada ley, deben ser licenciados en derecho con cedula profesional expedida por autoridad competente, por cual se estima cuentan con los conocimientos suficientes y adecuados para llevar la representación del quejoso únicamente por lo que respecta a la presente instancia constitucional. Además, el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, establece lo siguiente: ***Se requiere. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérase al profesionista que propone para que acepte y proteste el cargo conferido mediante escrito que dirija este juzgado a través del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación o en su caso de manera física en los buzones habilitados para tal efecto, al cual deberá acompañar copia de su cédula profesional. Domicilio. Se tiene por señalado el domicilio que proporciona. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del cual debe precisarse que únicamente tiene como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de estimarse necesario. Notifíquese y personalmente al asesor jurídico propuesto.
- Principal
Se notifica por lista el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, al asesor jurídico de la parte quejosa. Cuernavaca, Morelos; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de febrero de dos mil veintidós, realiza diversas manifestaciones respecto a que considera que en razón de competencia y atribuciones es la Defensoría de Oficio de Fuero Común quien debe intervenir en el presente asunto, sin embargo, no obstante a lo anterior, propone al licenciado ****, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito, residente en esta ciudad, para que bajo su criterio y autonomía esgrima los argumentos que considere para aceptar o no el cargo conferido, así como orientar al peticionario de amparo sobre el alcance del estado procesal que guarda el presente asunto, mismo que a la fecha se encuentra concluido. De igual forma, indica domicilio, correo electrónico y número telefónico. Al respecto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el oficiante, para lo cual es necesario citar la jurisprudencial 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, que estableció lo siguiente: *** De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). De lo anterior, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio jurisprudencial, el más Alta Tribunal de la Nación, consideró en sus puntos 100 y 102 que son del texto siguiente: *** De lo que se obtiene que el abogado señalado debe actuar en el procedimiento del juicio de amparo y desde luego en términos y conforme a la Ley de Amparo, sin que ello implique actuación en el procedimiento natural. Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 208/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Del mismo modo, es de considerarse que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. Lo anterior es así ya que, la representación solicitada comprende la asesoría durante las etapas del procedimiento, contestación a vistas, contestación a informes, interposición de recursos, entre otros descritos por el artículo 4 de la Ley de Defensoría Pública, también lo es, que tales actos procesales de nacer a la vida jurídica serian únicamente por lo que respecta a la tramitación del juicio de amparo, el cual es del fuero federal, independientemente de la naturaleza del acto reclamado, la cual no debe ser desconocida por los Defensores Públicos adscritos al Instituto que representa, los que en términos de la fracción segunda del artículo 5 de la citada ley, deben ser licenciados en derecho con cedula profesional expedida por autoridad competente, por cual se estima cuentan con los conocimientos suficientes y adecuados para llevar la representación del quejoso únicamente por lo que respecta a la presente instancia constitucional. Además, el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, establece lo siguiente: ***Se requiere. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérase al profesionista que propone para que acepte y proteste el cargo conferido mediante escrito que dirija este juzgado a través del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación o en su caso de manera física en los buzones habilitados para tal efecto, al cual deberá acompañar copia de su cédula profesional. Domicilio. Se tiene por señalado el domicilio que proporciona. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del cual debe precisarse que únicamente tiene como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de estimarse necesario. Notifíquese y personalmente al asesor jurídico propuesto.
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