Marco Antonio Álvarez Ríos

Expediente 1595/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1595/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Álvarez Ríos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de nueve de diciembre dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de **********, por propio derecho, mediante el cual subsana la prevención que se le formuló el veinticuatro de noviembre de la presente anualidad. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 172, fracción XII, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y el 107 fracción III, inciso b) Constitucional. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y, El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 172, fracción XII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al ser omisa en dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen, no obstante que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, acordó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y concedió un plazo de tres días para que las partes manifestaran su conformidad con dicha certificación. Esto es, se duele exclusivamente de una afectación que dice se cometió dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues deriva de un juicio laboral; y aun cuando tal afectación la invoque como una violación al artículo 17 constitucional; no es un acto de ejecución irreparable, sino una omisión de carácter adjetivo, por darse dentro del procedimiento respectivo y si bien, uno de los requisitos que caracteriza a los actos de irreparables, es que producen una afectación a derechos sustantivos, como puede ser la violación al citado artículo 17; lo cierto es que la omisión aquí reclamada, no se produce de forma independiente al procedimiento de que deriva, sino justamente dentro del mismo, y el estado de inactividad reclamado puede cesar, esto es, la prosecución del juicio continúa al momento de proveerse lo correspondiente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, tomo II, pagina 1086, rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LAOMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Tratándose de ese tipo de actos, existe una excepción a la improcedencia del amparo indirecto, que se presenta cuando el juez de amparo advierte del contenido de la demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, debe estarse al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes primero de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400; la cual establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en marzo de dos mil diecinueve, Libro 64, Tomo II, visible en la página 1643, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019400, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, a fin de establecer si en la especie la omisión reclamada por la quejosa, es violatoria del derecho fundamental de justicia pronta, es necesario precisar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para emitir el acuerdo correspondiente. En efecto, los artículos 17, párrafo segundo, constitucional y 885 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." El artículo antes transcrito establece que la autoridad de trabajo, al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda, se advierte que por proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, acordó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y concedió un plazo de tres días para que las partes manifestaran su conformidad con dicha certificación; auto que fue notificado a la parte actora aquí quejosa el veintiocho del mismo mes y año, como refiere bajo protesta de decir verdad en el escrito que se provee, por lo que el plazo de tres días concedió transcurrió del veintinueve de septiembre al uno de octubre de dicha anualidad; y conforme a lo dispuesto en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, el Tribunal responsable debió emitir el acuerdo correspondiente al día hábil siguiente, esto es, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, una vez fenecido dicho término, de conformidad con el criterio anotado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (33/2019), deben atenderse cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse, los cuales en el presente asunto iniciaron el cinco de octubre y concluyeron el dieciocho de noviembre del año en curso. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que no se había superado el plazo de cuarenta y cinco días naturales con que cuenta la responsable. En ese contexto, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total y que, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el artículo 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito pronunció sentencia en el presente juicio de amparo, en la que en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 146 a 151), para el efecto de que: "Tome las medidas necesarias a fin de desahogar la totalidad de las pruebas que fueron admitidas dentro del juicio laboral ********, dentro de los plazos y términos de ley, aplicable al caso; a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, de la Ley de Amparo." Determinación que causó ejecutoria el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 159). Ahora bien, es de tomar en consideración que en la ejecutoria constitucional, se estableció que se encontraban pendientes por desahogar en el juicio laboral *********, las siguientes pruebas: Prueba pericial ofrecida por la parte actora respecto del recibo de finiquito de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce. - Prueba pericial ofrecida por la parte actora respecto de diversos recibos de distintos periodos, así como de recibos de pago de pago de percepciones y deducciones. - Prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo *******En ese tenor, la autoridad responsable, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, remitió diversas constancias en copia certificada, de las cuales destacan las siguientes: Copia certificada del acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en los autos del juicio laboral y tuvo por auténticas las documentales consistentes en recibo de finiquito de veintinueve de octubre de dos mil doce, así como los recibos de pago, pericial ofrecida por la parte actora (foja 227). En audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que la parte demanda desistió del testimonio de los atestes 9*********(fojas 246 a 250). Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable tuvo por desahogado el incidente de tachas de ley, respecto del testimonio rendido por los atestes ofrecidos por la parte demandada, asimismo, certificó que se encontraba pendiente por desahogar el informe de autoridad ofertado por la parte actora y que deberá rendir el agente del Ministerio Público en Turno del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos (foja 273 y 274). Acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahoga la prueba de informe de autoridad ofrecida por la parte actora (foja 319). Por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, el secretario de acuerdo de la Junta responsable, certificó que no había prueba pendiente por desahogar ni que requiera diligencia especial para su desahogo, por lo que concedió a las partes un término de dos días hábiles para que formularan los alegatos que a su derecho corresponda (foja 326). Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad; por lo que conforme con los puntos Cuarto y Décimo de dicho Acuerdo, procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que éste expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional a la parte quejosa. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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