Marco Antonio Alvarado Rodriguez

Expediente 404/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
404/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Alvarado Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Fiscales 1. Primero, 2. Segundo, 3. Tercero, 4. Cuarto, 6. Sexto, 7. Séptimo 8. Octavo, 9. Noveno, todos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Numero Uno, Distrito XIV, con sede en Córdoba, Veracruz y 10. Fiscal de Cuitláhuac, Veracruz; al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. El peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por dichas autoridades en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de las responsables en mención. Al respecto, se invoca como apoyo la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 5. Fiscal Quinto y 13. Fiscal Decima, ambos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Numero Uno, Distrito XIV, con sede en Córdoba, Veracruz, al momento de rendir su informe justificado negaron el acto reclamado; sin embargo, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el quejoso fue detenido por elementos de la Fuerza Civil y puesto a disposición de la Fiscalía Quinta; y la Fiscal Décima, a quien se turnó el asunto, decretó su libertad; de ahí que deba tenerse como cierto el acto reclamado. En tales condiciones, aun cuando a las autoridades responsables ejecutoras 11. Delegado de la Policía Estatal Región XXI Conurbación Córdoba-Fortín y 12. Delegado de la Policía Estatal Región VII, con sede en Fortín, Veracruz, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, al resultar ciertos los actos reclamados a las autoridades ordenadoras en cita y haberse llevado a cabo. Lo que se corrobora con las copias certificadas relativas a la carpeta de investigación UIPJIDXIV/I/1453/2020, del índice de la Fiscalía Quinta, remitidas como apoyo de su informe, documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia, toda vez que son de estudio oficioso y preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieron un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que, posiblemente, fueran justificados. A ello debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, se reitera, se reclama la detención de ocho de septiembre de dos mil veinte, ejecutada en contra de Marco Antonio Alvarado Rodríguez, por el hecho delictivo de ultrajes a la autoridad. Sin embargo, por oficio 14491/2020, recibido el once de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el 5. Fiscal Quinto de la Unidad Integral del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, remitió copias certificadas de la carpeta de investigación UIPJIDXIV/I/1453/2020, de su índice, en las que -en lo que trasciende- el fiscal décimo de la citada unidad dictó acuerdo de libertad con reservas de ley el nueve de septiembre de dos mil veinte en favor del aquí quejoso Marco Antonio Alvarado Rodríguez, por el hecho delictivo de ultrajes a la autoridad. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, lo que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones que pudiera contener este, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Fiscal décimo de la Unidad Integral del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, en la carpeta de investigación UIPJ-IDXIV/I/1453/2020, de su índice, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. De ahí que se actualice la acusa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el tercero y quinto

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos sin mayor proveído los oficios firmados por los Fiscales 4. Cuarto y 7. Séptimo, los anteriores en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, mediante los cuales rinden sus informes previos, toda vez que en el presente asunto se concedió al quejoso la suspensión de plano en contra de los actos reclamados y no la provisional. Cúmplase

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos los oficios signados por los Fiscales 4. Cuarto y 7. Séptimo, los anteriores Investigadores en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, mediante los cuales aclaran sus informes justificados, en relación a los actos reclamados consistentes en la tortura, golpes y malos tratos en contra del directo quejoso; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, la cual se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias.

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