Marcial Cruz Espinosa

Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
463/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Marcial Cruz Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, al que acompaña el diverso firmado por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz; en atención a lo anterior se provee: Se tiene al citado Juez de Primera Instancia acusando recibo del oficio 16747/2022 por el que se le notificó el auto de catorce de junio del año en curso y se devolvió un tomo de pruebas que le fue devuelto. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, al que acompaña el diverso firmado por la Juez Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, del Distrito Judicial de Orizaba, con sede en Nogales, Veracruz; en atención a lo anterior se provee: Se tiene al citado Juez de Primera Instancia acusando recibo del oficio 16747/2022 por el que se le notificó el auto de catorce de junio del año en curso y se devolvió un tomo de pruebas que le fue devuelto. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. En acato a ello, mediante oficio. de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de tres de junio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa resolución de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandada. acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación, que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita, se desprende en lo que trasciende que se pronunció respecto de todos y cada uno de los argumentos formulados por el inconforme en dicho recurso, los cuales fueron destacados en el fallo protector. Además, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias de los menores acreedores identificados con las iniciales. en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; y en este último rubro indicó que al haber quedado demostrado que el citado impetrante tenía dos acreedores alimentarios más, que son los menores de iniciales. ello era suficiente para regraduar la medida alimentaria, ya que era evidente que tal circunstancia merma su capacidad económica. Por tanto, determinó declarar procedente la reclamación planteada y, en consecuencia, redujo el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada de cuatro a tres salarios mínimos diarios; porcentaje que, dijo, se fijaba atendiendo al citado principio de proporcionalidad y a las pruebas exhibidas hasta ese momento. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho Acuerdo General, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el tomo de pruebas remitido por el Juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a las partes quejosa y tercera interesada.

  4. Incidental

    Córdoba, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los siguientes términos. En acato a ello, mediante oficio. de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las que consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata; y en auto de tres de junio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que mediante resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa resolución de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil. de su índice. Posteriormente, en esa misma fecha, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandada. acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación, que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita, se desprende en lo que trasciende que se pronunció respecto de todos y cada uno de los argumentos formulados por el inconforme en dicho recurso, los cuales fueron destacados en el fallo protector. Además, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, ponderó las necesidades alimentarias de los menores acreedores identificados con las iniciales. en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; y en este último rubro indicó que al haber quedado demostrado que el citado impetrante tenía dos acreedores alimentarios más, que son los menores de iniciales. ello era suficiente para regraduar la medida alimentaria, ya que era evidente que tal circunstancia merma su capacidad económica. Por tanto, determinó declarar procedente la reclamación planteada y, en consecuencia, redujo el quantum de la medida alimentaria inicialmente decretada de cuatro a tres salarios mínimos diarios; porcentaje que, dijo, se fijaba atendiendo al citado principio de proporcionalidad y a las pruebas exhibidas hasta ese momento. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso c), de dicho Acuerdo General, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el tomo de pruebas remitido por el Juez responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, por lista de acuerdos a las partes quejosa y tercera interesada.

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