Marco Angulo Izquierdo
Expediente 1895/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1895/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Marco Angulo Izquierdo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; de autos se advierte que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, por lo que mediante oficio 20355/2020, se devolvió a la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, la copia certificada del toca 72/2019-I-C en un tomo, así como tres copias certificadas de audio y video en formato "DVD", mismos que fueron recibidos el veinticuatro de noviembre siguiente, por Lázaro Frías Olán, con folio de recepción 9873, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos. Ahora, agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada Integrante de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio mencionado en el párrafo que antecede; asimismo, solicita a este órgano jurisdiccional se le remitan los anexos antes citados. Por lo antes expuesto, gírese oficio a la autoridad ocursante y hágasele de su conocimiento el contenido del presente proveído, adjuntándole copia simple de la referida constancia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veinte de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal al quejoso MARCO y/o MARCOS ANGULO IZQUIERDO; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Luego, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido del presente acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Devuélvase a la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, copia certificada del toca 72/2019-I-C en un tomo, así como tres copias certificadas de audio y video en formato "DVD" mismos que contienen la audiencia de agravios de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve y las audiencias de vinculación a proceso y sobreseimiento de doce y veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Asimismo, al Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso de Tabasco, con residencia en esta ciudad, copia certificada de audio y video en formato "DVD" mismo que contiene la audiencia de veinticuatro de septiembre del presente año, de su índice, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese
- Principal
mesa 4 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con treinta y cinco minutos del veinte de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 1895/2019-4, promovido por Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la ofrecida por el quejoso consistente en la instrumental pública y de actuaciones, así como la documental pública consistente en el informe justificado de las autoridades responsables, y la presuncional en su doble aspecto legal y humana (fojas 53 a 71); la documental que en copias certificadas acompañó la autoridad responsable Magistrada Integrante de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, relativas al toca penal 72/2019-I-C, de su índice, el cual obra por cuerda separada en un tomo de prueba en la secretaría de este juzgado, así como tres copias certificadas de audio y video en formato "DVD", mismos que contienen la audiencia de agravios de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, y las audiencia de vinculación a proceso y sobreseimiento de doce y veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; así como las documentales que acompañó el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, consistente en copia certificada del acta mínima de audiencia de sobreseimiento de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 33 a 35), así como audio y video en formato "DVD", el cual contiene la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; los cuales obran también por cuerda separada a disposición de las partes. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los alegatos formulados por el quejoso Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo (fojas 53 a 71), sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del quejoso Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo y por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1895/2019-4, promovido por Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo, contra los actos que reclama del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo solicitó amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "... De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo la resolución de fecha 31 de octubre de 2019, dictada dentro del toca legal número 72/2019-I-C, QUE SE FORMÓ CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE INTERPUSE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN CINCO, DE PARAÍSO, TABASCO, quien niega el sobreseimiento solicitado en la audiencia de fecha 24 de septiembre de 2019, pronunciada dentro de la causa legal número 72/2016, seguida en mi contra por el supuesto delito de SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE MENORES INCAPACES, EN AGRAVIO DE LA MENOR AMY ESTHER ANGULO DOMINGUEZ, dictada sin que exista motivo legal justificado." 2 "De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo su conducta, a virtud de la cual pretende dar cumplimiento a la orden recibida de la autoridad señalada como ordenadora, y pretende privarme de mis derechos, siendo como lo es que impugno dicha resolución mediante este juicio de garantías." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral con sede en Villahermosa, Tabasco. 2 Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El doce de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1895/2019-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Por auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento de la menor de edad de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., representada por Esther Domínguez Gómez (foja 22); asimismo mediante oficio 8527/2020, se ordenó el emplazamiento del Fiscal del Ministerio Público licenciado Jorge Daniel García Camacho, adscrito al Juzgado de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco (foja 117). CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente asunto y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 72/2019-I-C, del índice de la Sala responsable, y su cumplimiento. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Magistrada Integrante de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, así como el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, aceptaron los actos que se les reclaman (fojas 31 y 32), y para corroborar su certeza acompañaron a su informe justificado, la primera, copias certificadas del toca 72/2019-I-C en un tomo de prueba, tres discos versátiles digitales DVD´S que contienen la audiencia de agravios de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, y de las audiencias de vinculación a proceso y sobreseimiento de doce y veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; y, el segundo, acompañó a su informe justificado un disco versátil digital DVD, que contiene audio y video de la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, los cuales obran por cuerda separada a disposición de las partes en la secretaria de este juzgado, así como copia certificada del acta mínima de audiencia de sobreseimiento de veinticuatro de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 33 a 35). Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. 1. Audiencia de vinculación a proceso de doce de septiembre de dos mil diecinueve, a las once horas con treinta, dictada en la causa penal 72/2016, que se instruye a Marcos Angulo Izquierdo (sic), por el delito de sustracción o retención de menores incapaces, en agravio de la menor de identidad reservada A.E.A.D., representada por su madre Esther Domínguez Gómez, en donde el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, por los siguientes hechos: ".Sin consentimiento de la madre de la menor el nueve de marzo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las catorce horas sustrajo del domicilio ubicado en la carretera vecinal de Paraíso- Comalcalco sin número de la ranchería Moctezuma Segunda Sección del municipio de Paraíso, Tabasco, a su menor sobrina de identidad reservada, con iniciales A.E.A.D., el que se ejercía la guarda y custodia como también habitualmente vivía y convivía esta con su madre antes referida, sin que hasta la fecha la haya devuelto no permitiendo con ello la convivencia de la menor con su madre Esther Domínguez Gómez a pesar de que usted no tiene ni ejerce la tutela de la menor y es pariente por afinidad, es decir su tío, la calificación jurídica de este hecho antes descrito se encuentra contemplado por el delito de Sustracción o Retención de Menores Incapaces, previsto y sancionado por los artículos 209 y 209 bis del Código Penal del Estado de Tabasco...". Así mismo, se requirió al procesado para que dentro del término de tres días hiciera entrega de la menor de identidad reservada a su madre la señora Esther Domínguez Gómez, bajo el apercibimiento que de hacer caso omiso se le aplicaría como medida de apremio una multa consistente en cien unidades de medida y actualización. 2. El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia de sobreseimiento, dentro de la carpeta administrativa 72/2016, relacionada con Marcos Angulo Izquierdo (sic) en donde el Juez de Control determinó que no podía revocar la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dado que con las pruebas verbalizadas por la defensa no se destruían los datos de prueba que le sirvieron para decretar el auto de vinculación a proceso. En la propia audiencia, el juez le hizo efectivo el apercibimiento decretado (aplicó la multa), por no haber devuelto a la menor, asimismo volvió a exhortar al imputado para que hiciera entrega de ésta a su madre, ya que de no hacerlo se le impondría un arresto hasta por treinta y seis horas. 3. En contra de dicha determinación, el aquí quejoso Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo interpuso recurso de apelación (fojas 9 a 30 del tomo de prueba), mismo que fue admitido el treinta de septiembre de dos mil diecinueve (foja 31 ídem). 4. Mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Magistrada Integrante de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, resolvió el toca penal 72/2019-I-C, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo en contra de la resolución que niega el sobreseimiento decretada en la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, en la causa penal 72/2016, por el delito de sustracción o retención de menores incapaces, en agravio de la menor de identidad reservada A.E.A.D., representada por Esther Domínguez Gómez, en donde se resolvió lo siguiente: "[.] RESUELVE: PRIMERO. El agravio expresado por los inconformes fue inoperante por infundado siendo insuficiente para trascender al sentido del fallo. SEGUNDO. Para las consideraciones vertidas en la presente resolución se CONFIRMA el auto que niega el Sobreseimiento, decretado en la audiencia de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), pronunciada por el Licenciado Raúl Arreola Ramón, Juez de Control de la Región Judicial Cinco con sede en Paraíso, Tabasco, en la Causa legal 72/2016, seguida al antes mencionado, por el delito de Sustracción o Retención de Menores Incapaces, en agravio de la menor de identidad reservada AEAD, representada por Esther Domínguez Gómez. [.]" (fojas 127 a 158 ibídem). Siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto resulta necesario para este juzgador realizar una síntesis de los conceptos de violación vertidos por el aquí quejoso en su escrito de demanda: Que la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral con sede en Villahermosa, Tabasco, dentro del toca 72/2019-I-C, con motivo del recurso de apelación que interpuso en contra de la resolución veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada dentro de la causa penal 72/2016 por el Juez de Control de la Región Cinco, de Paraíso, Tabasco, no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que carece de fundamentación y motivación, violando con ello en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. Que el Tribunal de Alzada cometió el mismo error que el juzgado de control inferior, dado que no leyó las constancias de autos, ya que alega que nada tiene que ver en un asunto familiar que sólo compete a Esther Domínguez Gómez y Aminadad Ángulo Izquierdo con relación a la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D. Que la Magistrada responsable desestimó la prueba documental exhibida por su defensor en la carpeta de investigación consistente en la copia certificada del escrito de contestación de demanda de la representante de la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., Esther Domínguez Gómez, consistente en el escrito de catorce de abril de dos mil dieciséis, el cual presentó con motivo de su contestación de demanda dentro del expediente 171/2016, relativo al juicio de preferencia de guarda y custodia que en su momento promovió el padre de la menor Aminadad Ángulo Izquierdo, con la que refiere se acredita que no cometió el delito que se le atribuye. Que el juez de control responsable, no aplicó las leyes que regulan las pruebas, pues titubeó, balbuceó, y señaló que sigue firme el auto de vinculación a proceso que se le dictó por el ilícito de sustracción o retención de menor, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., representada por Esther Domínguez Gómez. Que es ajeno al asunto familiar y que su conducta no encuadra en la figura delictiva que el Código Penal del Estado de Tabasco tipifica y sanciona como sustracción o retención de menor, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., representada por Esther Domínguez Gómez. Previo a analizar los conceptos de violación, resulta necesario precisar que en lo conducente el artículo 16 de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]" Del análisis de dicho precepto constitucional, se desprende que todo acto de molestia que incida en los derechos públicos subjetivos del gobernado, debe ser emitido por la autoridad competente, con la debida fundamentación y motivación; es decir, la autoridad responsable debe precisar los preceptos aplicables al caso concreto, así como las razones, motivos o circunstancias que consideró para emitir el acto que se le reclama. Entonces, la fundamentación legal de la causa, consiste en que los actos a que se refiere el precepto legal transcrito, deben basarse en una disposición normativa general, que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, esto es, que dentro del ámbito de normatividad del derecho positivo, exista un precepto legal contenido en una ley vigente que autorice y faculte a una determinada autoridad para emitir el acto. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Como puede observarse, los requisitos en comento se suponen íntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales. En ese mismo aspecto, debe recordarse que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la fundamentación y motivación que exige el texto constitucional, se ve satisfecha a través de un análisis íntegro de la cuestión planteada, sustentado en las normas legales que permiten expedirla y que establecen el supuesto que genere su emisión, así como con la exposición concreta de las circunstancias especiales tomadas en consideración para la emisión de la misma, además, de que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 176546, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Ahora bien, de las constancias remitidas por la Magistrada Integrante de la Primera Sala del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral responsable, se desprende la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 72/2019-I-C, que por esta vía se combate se encuentra debidamente fundada y motivada. Ello es así, tomando en consideración que la Sala responsable dio puntual contestación a los motivos de disenso que expuso la parte quejosa al interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, pues estableció de manera detallada los motivos que le condujeron a confirmar el auto que niega el sobreseimiento de la causa, estableciendo a su vez los preceptos legales aplicables al caso, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal. En efecto, de la resolución en estudio se puede advertir que la Magistrada de la Primera Sala responsable motivó su actuar, estableciendo que la defensa del imputado (aquí quejoso) no había logrado construir una teoría fiable a favor de su defendido Marcos Ángulo Izquierdo (sic) para demostrar la falta de autoría o de participación criminal ante el hecho delictivo -sustracción de menores- donde se destruyeran los datos de prueba que relacionaban al imputado, pues no logró demostrar que su defendido no fue quien cometió el hecho delictivo, considerando así correcto y lógico el razonamiento del juez de Control por haber observado los estándares probatorios para la aplicación de la protección de los derechos fundamentales, el cual había sido realizado bajo la objetividad atendiendo a los datos de prueba que le habían sido allegados en su momento, confirmando así el auto que negó el sobreseimiento de la causa. Asimismo, fundó dicha determinación en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º de la Ley General de Víctimas, 5º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 55 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y 24 y 28 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco; 82, 327, y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 209 y 209 bis del Código Penal del Estado de Tabasco; 3 fracciones XXV y XXXIV, 80 fracción I, y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2010617. Establecido lo anterior, este juzgador procede a estudiar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, mismos que devienen inoperantes e infundados, mismos que por cuestión de técnica se abordaran en orden diverso al planteado; circunstancia que no irroga perjuicio alguno al quejoso, máxime que ello está permitido por el artículo 76 de la Ley de Amparo que establece como condición que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Ahora bien, respecto a los agravios en los que manifiesta que es ajeno al asunto familiar que compete a Esther Domínguez Gómez y Aminadad Ángulo Izquierdo, con relación a la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., éste resulta inoperante, ya que se trata de argumentos con los que se reitera, en general, lo mismo que se adujo en el agravio propuesto en el recurso de apelación, sin que la parte quejosa del amparo controvirtiera las consideraciones en que se apoyó la Sala para darle respuesta, con proposiciones concretas y directas, que demuestren, en su caso, la ilegalidad de lo resuelto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Civil de Segundo Circuito, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, visible en la página 845, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Así mismo se cita por analogía lo establecido en la Jurisprudencia consultable en la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, visible en la página: 1789, Tesis: IX. 2º. J/11. que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REPRODUCEN LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA. Si lejos de controvertir las razones por las cuales la Sala responsable desestima los agravios que formuló ante ella, el quejoso se concreta a reproducir fundamentalmente lo que alegó en segunda instancia, es inconcuso que sus conceptos de violación devienen inoperantes." Por otra parte, respecto al concepto de violación en el que refiere que el Juez de Control responsable, no aplicó las leyes que regulan las pruebas, dado que titubeó, balbuceó y confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, este también es inoperante, dado que con ello no controvierte la razón fundamental por la que la sala del conocimiento decidió confirmar el auto de no sobreseimiento; habida cuenta que lo que en esta vía de amparo debió controvertir el quejoso mediante sus conceptos de violación es precisamente el argumento vertido por la Magistrada responsable, expresando las razones por las cuales el auto recurrido de sobreseimiento de la causa si era procedente, que de suyo permitiera a este juzgador analizar la legalidad de la resolución reclamada; al no haberlo hecho así, es inconcuso que sus motivos de disenso deben desestimarse por insuficientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo II, página 1086, con número de registro 2010639, que establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso". Así como la Jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, página 1138, con número de registro 178786, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." De igual manera, resulta inoperante el concepto de violación en el que aduce que la magistrada adscrita a la Primera Sala no leyó las constancias de autos, en donde nada tiene que ver con un asunto familiar, el cual compete únicamente a los padres de la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., pues no se pierde de vista que, para la procedencia del análisis de los conceptos de violación no es necesario que deban plantearse a manera de silogismo jurídico; sin embargo, ello no implica que el quejoso pueda limitarse a realizar simples aseveraciones dogmáticas sin sustento legal o fundamento alguno, ya que con tal aseveración no controvierte jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De ahí que, si el quejoso no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, y que logre construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude confrontar los argumentos expuestos por la autoridad responsable en base a los cuales resolvió que el auto recurrido no es apelable; entonces, se insiste, tales discordancias deben declararse inoperantes. Ello es así, en la medida que la deficiencia en los conceptos de violación revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido; en razón de que los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, así como la manera en que repercuten en los derechos fundamentales del quejoso y lo que pretende al hacerlos valer; porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no pueden ser analizadas por el juzgador de amparo. Apoya este razonamiento, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Página 1326, Registro 2001825, Décimo Época, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de una premisa falsa son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida". Por último, respecto al concepto de violación en el que el quejoso establece que la magistrada responsable desestimó la prueba documental exhibida por su defensor en la carpeta de investigación, consistente en la copia certificada del escrito de contestación de demanda signado por Esther Domínguez Gómez, de catorce de abril de dos mil dieciséis, en el expediente civil 171/2016, relativo al juicio de preferencia de guarda y custodia promovido Aminadad Ángulo Izquierdo (padre de la menor), con la que refiere se acredita que no cometió el delito que se le atribuye, éste es infundado por los motivos que se exponen a continuación. Es de destacar lo que establece el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco respecto a la materia de apelación: "Artículo 207. En el recurso de apelación, la Sala podrá decretar la reposición del procedimiento a petición de la parte que no hubiese incurrido en la causa que la motive. Las partes no podrán alegar agravios respecto a violaciones, con las que se conformaron expresamente o contra los que no intentaron los recursos procedentes, en su oportunidad; salvo que no hubieran tenido conocimiento de ellos cuando se causaron. No obstante, si la Sala encuentra que hubo violación del procedimiento que dejó sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia del defensor no fue combatida debidamente, podrá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento." "Artículo 208. La Sala determinará la subsistencia de actos que no se hallen vinculados con el acto nulo que determina la reposición del procedimiento, y que satisfagan las condiciones que la ley dispone para que sean válidos." De los preceptos transcritos se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto examinar la resolución recurrida, eso es, verificar si se aplicó la ley correspondiente o no, o fue deficiente su aplicación, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente. Esa segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que se aduzcan, los cuales podrán ser suplidos en su deficiencia cuando el recurrente sea el procesado o su defensor. De lo que se obtiene que en la apelación el tribunal de alzada debe concretarse a examinar la determinación impugnada frente a los agravios, porque de lo contrario el fallo sería incongruente; dado que en la apelación no existe reenvío, el órgano jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, así como, en el caso que proceda, suplir la deficiencia de la queja. Esto sin perder de vista la materia del recurso, esto es, la litis, la cual se integra, en el caso, con la determinación impugnada y los agravios expuestos en su contra, y al ser procedente la suplencia de la queja, efectuar el análisis oficioso respecto de las circunstancias que estén vinculadas con la resolución impugnada y tengan algún impacto con ésta. Así entonces, tenemos que de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Sala responsable acorde a la materia de la apelación revisó la actuación del juez al momento en que emitió el auto que se recurrió, así como el estado y circunstancias en las que se encontraba la causa penal de origen al momento en que se dio trámite al medio de impugnación y que fueron las que consideró el A quo para emitir su decisión. Se afirma lo anterior, pues de la resolución en estudio, se desprende que la Sala responsable expuso perfectamente que el sobreseimiento peticionado por la defensa era el relativo a la causal de que el hecho no se cometió en el delito de sustracción o retención de menores, atribuida al imputado Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo(sic), el cual tiene su fundamento en la fracción I, el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que éste sustentó su petición en la existencia de dos documentos: Uno consistente en constancia delegacional respecto a que el quejoso fue a devolver a la menor y no encontró a la madre de ésta en su domicilio, y Otra, respecto a que en el juicio civil 171/2016 relativo a la preferencia de guarda y custodia, Esther Domínguez Gómez refirió que quien se había llevado a la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., fue su padre Aminadad Angulo Izquierdo. Sin embargo, fue acertada la determinación de la Sala responsable, pues tomó además en consideración el auto de vinculación a proceso, el cual era la resolución toral del que existían indicios razonables de la participación del imputado, pues la defensa con tales documentos no lograba destruir los que fueron tomados en cuenta para la emisión de la vinculación a proceso. Por lo que correctamente plasmó en su resolución que la defensa debió demostrar en la audiencia cómo es que la copia certificada del escrito de contestación de demanda de la representante de la menor de identidad reservada A.E.A.D., lograba destruir los datos de pruebas que ofertó en su momento y que tomó en cuenta el Juez de Control para justificar la vinculación a proceso, ya que el inconforme manejó de manera aislada el dato de prueba -documental pública- y no en el contexto total de los otros datos de pruebas, por tanto era necesario que el apelante y su defensor expusieran ante el Juez de Control y ante la Magistrada los datos de prueba que habían sustentado la vinculación a proceso, haciendo el ejercicio comparativo del cómo los nuevos datos desvirtuaban a los que dieron lugar al auto que resolvió la situación jurídica del imputado, lo cual no aconteció, puesto que la defensa en ningún momento procesal verbalizó tales datos de prueba para demostrar que los datos aportados habían sido superados. Asimismo la Alzada precisó que aun cuando las copias del juicio civil 171/2016 se encontraban certificadas (documento de fecha cierta), y que de las mismas se advertía que Esther Domínguez Gómez, daba contestación a la demanda de Aminadad Ángulo Izquierdo, refiriendo que había sido éste quien se había llevado a la menor de identidad reservada el día nueve de marzo del dos mil dieciséis, y que ello no denotaba que la madre de la menor fuera la autora de dicho documento por el hecho de que existía una certificación judicial, debido a que el juicio de origen se encontraba en litigio y debía de velar por el interés superior de la menor de identidad reservada A.E.A.D. Pues acertadamente concluye que la defensa no logró construir una teoría fiable a favor del imputado (quejoso) para demostrar la falta de autoría o de participación criminal ante el hecho delictivo -sustracción de menores-. Lo anterior es así, ya que del análisis exhaustivo de los discos versátiles DVD´S, que acompañaron las autoridades responsables a sus respectivos informes justificados, se desprende la audiencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve en la que se vinculó a proceso al aquí quejoso Marcos Angulo Izquierdo (sic) por el delito de sustracción y retención de menor, en la cual el juez de Control tomó en consideración la denuncia de Esther Domínguez Gómez, quien refirió que el día nueve de marzo de dos mil dieciséis, aproximadamente a las catorce horas el hoy quejoso, fue quien sustrajo a la menor de su domicilio ubicado en la carretera vecinal de Paraíso- Comalcalco sin número de la ranchería Moctezuma Segunda Sección del municipio de Paraíso, Tabasco, quien se la llevó en un vehículo Tsuru azul marino, y que hasta la fecha de la audiencia de vinculación no la había devuelto (doce de septiembre de dos mil diecinueve), máxime que no se encontraba demostrado que Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo pudiera tener o ejercer la guarda y custodia de la menor de identidad reservada A.E.A.D., dado que no es el padre de ésta. Asimismo, de la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se desprende que Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo hizo caso omiso al requerimiento de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se le requería para que en el término de tres días hiciera entrega de la menor a su madre Esther Domínguez Gómez; por lo que el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco hizo efectivo el apercibimiento y le aplicó como medida de apremio la multa de cien unidades de medida y actualización; y en esa misma audiencia el juez de Control exhortó al imputado para que hiciera entrega de dicha menor de identidad reservada -lo que evidencia aún más que hasta esa fecha Marco y/o Marcos Ángulo Izquierdo seguía reteniendo a la menor de identidad reservada de iniciales A.E.A.D.-. Ante tal contexto, desestimados los argumentos alegados en los conceptos de violación, y al no demostrarse que el acto reclamado sea violatorio de derechos humanos consagrados en el artículo 16 de la Carta Magna, ni advertir este Juzgado de Distrito que existe alguna violación manifiesta de la ley que autorice a suplir queja deficiente en términos del artículo 79 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, respecto al acto reclamado que fue precisado en este considerando. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la autoridad ejecutora Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, porque no se le reclamó por vicios propios, sino con motivo de la resolución emitida por la ordenadora. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a la menor víctima de edad de identidad reservada de iniciales A.E.A.D., representada por Esther Domínguez Gómez (tercera interesada); sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la celebración de la presente audiencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, la celebración de la presente audiencia no le depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el quejoso, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marco y/o Marcos Angulo Izquierdo, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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