Marciano Miguel Agustín Salas Barrientos

Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
23/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Marciano Miguel Agustín Salas Barrientos

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el veinte de enero del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por el quejoso MARCIANO MIGUEL AGUSTÍN SALAS BARRIENTOS, transcurrió del treinta y uno de enero al cuatro de febrero del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Notificación por lista conforme al artículo 27 fracción i inciso c y 29 de la ley de amparo VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de demanda suscrito por MARCIANO MIGUEL AGUSTIN SALAS BARRIENTOS, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de doce de enero actual, manifiesta lo siguiente: Tuvo conocimiento de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo ISSET/UAJ/024/2021, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo anterior, se tiene al promovente solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, la Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del libelo constitucional se advierte que en la especie el quejoso reclama del Director General, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico y del Instituto, todos de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la omisión de seguirle pagando la pensión que recibe mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la cual le fue cancelada con motivo del procedimiento administrativo de revisión de pensión por vejez, mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno. En ese tenor, esta juzgadora estima que respecto del preindicado acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se obtiene que en ellos se establece la regla genérica atinente al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme al cual éste se tornará improcedente, cuando se reclamen actos en materia administrativa, o bien de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley en comento. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer, ya que el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de prerrogativas constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. Sin embargo, se exceptúan de lo anterior los casos siguientes: Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor). Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraño al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En materia administrativa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley (artículos 128, 136 y 138 de la Ley de Amparo en vigor). En el caso en que se demande la inconstitucionalidad de una ley. Sobre ese tópico, el Pleno del Décimo Circuito en la tesis PC.X.1 A (10ª.), determinó que previo a acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio de defensa ordinario que establece la ley vigente al momento de recurrir el acuerdo, resolución o sentencia, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto, aunque el juicio administrativo de origen concluido se hubiese sustentado en la ley abrogada, sin que se actualice el caso de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, la cual es de manera análoga a la fracción que aquí se estudia (XX). En atención a ello, indicó que el artículo segundo transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el quince de julio de dos mil diecisiete, señala que los juicios contenciosos administrativos y medios de impugnación, iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley, deben continuar tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio; por lo tanto, a pesar de que el juicio administrativo de origen concluido hubiese iniciado con la ley abrogada, si al momento en que inicie el medio de impugnación, o sea, mediante la interposición del escrito respectivo, ya se encuentra vigente la nueva ley, previo a la presentación de la demanda de amparo, deben agotarse los recursos que prevé la nueva legislación, sin que se actualice el caso de excepción que contempla el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, al haber sido dilucidada esa problemática en la ejecutoria de la contradicción de tesis respectiva, en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 86/2018 (10a.), de título y subtítulo "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO". Sustenta lo anterior, la tesis PC.X.1 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4807, registro digital 2023236, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE ESTABLECE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE AL MOMENTO DE SU INTERPOSICIÓN. Hechos: El Pleno del Décimo Circuito determinó conveniente aclarar respecto de la interposición de los medios de impugnación que prevé la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que previo a acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio de defensa ordinario que establece la ley vigente al momento de recurrir el acuerdo, resolución o sentencia, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto, aunque el juicio administrativo de origen concluido se hubiese sustentado en la ley abrogada, sin que se actualice el caso de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: El artículo segundo transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el 15 de julio de 2017, señala que los juicios contenciosos administrativos y medios de impugnación, iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de esa ley, deben continuar tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio; por lo tanto, a pesar de que el juicio administrativo de origen concluido hubiese iniciado con la ley abrogada, si al momento en que inicie el medio de impugnación, o sea, mediante la interposición del escrito respectivo, ya se encuentra vigente la nueva ley, previo a la presentación de la demanda de amparo, deben agotarse los recursos que prevé la nueva legislación, sin que se actualice el caso de excepción que contempla el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, al haber sido dilucidada esa problemática en la ejecutoria de la contradicción de tesis respectiva, en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 86/2018 (10a.), de título y subtítulo "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO." En la ejecutoria invocada por el Pleno del Décimo Circuito, en la tesis mencionada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2018, determinó de acuerdo con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Asimismo, indicó que lo anterior denota los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. En esas condiciones, precisó que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, Décima Época, con número de registro 2017808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla". Criterio Jurisprudencial que se considera obligatorio para el suscrito de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Del citado precepto legal se advierte que, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Asimismo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. En esas condiciones al haberse publicado la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación el catorce de agosto de dos mil quince, ésta se considera obligatoria a partir del septiembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 217 de la Ley de la materia. Sentado lo anterior, como se precisó anteriormente, la parte quejosa esencialmente se duele de la omisión de seguirle pagando la pensión que recibe mensualmente como jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, la cual le fue cancelada con motivo del procedimiento administrativo de revisión de pensión por vejez, mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, lo cual es un acto en contra del cual procede medio de defensa ordinario. En efecto, la resolución reclamada en esta vía constitucional se trata de un acto en contra del cual procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, pues así lo establece el artículo 157 fracción I y X, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que establecen lo siguiente: "Artículo 157.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; (.) X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente; A su vez, los numerales 1°, 100, 155, párrafo segundo y 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, refieren: "Artículo 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Artículo 100.- La sentencia definitiva podrá: Reconocer la validez del acto impugnado; Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; Tratándose de la nulidad de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el registrador en términos de la Ley Registral del Estado de Tabasco, la sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, surtirá efectos desde que por primera vez se presentó el título, sin que en ningún momento pueda el Tribunal resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales; Declarar la nulidad de la resolución impugnada y, además: Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; Restituir al actor en el goce de los derechos afectados; y Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la emisión de nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, no se aplique la norma general estimada ilegal. Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales; o Sobreseer en el juicio en los términos de Ley". Artículo 155. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es el órgano jurisdiccional, dotado de plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Estado o de los municipios y los particulares. Ejercerá jurisdicción en todo el Estado de Tabasco. En el marco de la Ley General de Responsabilidades, es competente para imponer, en los términos que dispone la Ley, las sanciones a los servidores públicos del Estado y de los municipios por faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que incurran en actos vinculados con este tipo de faltas; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales." (.) De los dispositivos legales en cita, se advierte de manera armónica, que cuando se reclame de una autoridad administrativa estatal, resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo, podrán ser impugnados en la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, a efecto de que se declare su nulidad. Por tanto, se pone de manifiesto que un acto como el que se reclama en la presente vía, esto es, la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dentro del procedimiento administrativo de revisión de pensión por vejez ISSET/UAJ/024/2021, en la que se revocó y canceló el monto de su pensión por vejez que se encontraba percibiendo, en virtud que fue otorgada de manera incorrecta, se debió combatir a través del Juicio Contencioso Administrativo Estatal. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia PC.X. J/19 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 4323, Undécima Época, con número de registro 2023228, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CONSIGNADOS EN LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. DEBEN AGOTARSE CONFORME A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE SU INTERPOSICIÓN, TRATÁNDOSE DE UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INICIADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar la procedencia de los medios de impugnación procedentes en un juicio contencioso administrativo del Estado de Tabasco iniciado bajo la vigencia de la ley abrogada, discreparon sobre la aplicación de la vigente Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco o de la abrogada. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que los medios de impugnación consignados en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco deben agotarse conforme a la norma vigente al momento de su interposición, esto es, la publicada en el Periódico Oficial local el 15 de julio de 2017, a pesar de que el juicio contencioso administrativo concluido se hubiese sustentado en la ley abrogada. Justificación: De acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y la de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma, y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. En ese sentido, la norma aplicable para determinar la procedencia de los recursos que prevé la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de recurrir el acuerdo, resolución o sentencia. Sin que se actualicen los supuestos de excepción a esa norma general, en razón de que la hoy abrogada Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, vigente hasta el 15 de julio de 2017, no establecía que durante la tramitación del juicio se pudiera interponer de manera preventiva algún medio de impugnación, de ahí que las partes no adquirieron facultad o derecho en esa etapa, y además, porque en los artículos transitorios de la legislación en vigor, en particular el segundo, no se dispuso norma expresa de aplicación en otro sentido". No pasa inadvertido que la parte quejosa pretenda reclamar violaciones constitucionales, pues considera que se transgredió en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, pero en realidad lo que impugna es la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dentro del procedimiento administrativo de revisión de pensión por vejez ISSET/UAJ/024/2021, que revocó y canceló el monto de su pensión por vejez que se encontraba percibiendo, en virtud que fue otorgada de manera incorrecta. En esas condiciones, a pesar que pretende combatir violaciones directas a la Constitución, de la resolución reclamada que exhibió en copia simple, documental a la que se le concede valor indiciario conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los numerales 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa del arábigo segundo de ésta, se advierte el nombre de la autoridad que la emitió, la ley que se le aplicó, así como los motivos que tomaron en consideración para proceder de la forma como lo hizo. En efecto, la resolución de mérito, fue dirigida al quejoso, e incluso le fue notificada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, al margen que está suscrita por el Director General y Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y se encuentra fundamentada en los artículos 13, 17 fracción II y 26 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 49 y 55, de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y 14, fracción I, del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, entre otros. De lo que se desprende que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dentro del procedimiento administrativo de revisión de pensión por vejez ISSET/UAJ/024/2021, revocó y decretó la cancelación del monto de pensión por vejez que se encontraba percibiendo, en virtud que fue otorgada de manera incorrecta y ordenó determinar el monto correcto y modificar la cuantía que legalmente le correspondiera. Por tanto, resulta inobjetable que no se puede considerar que el solicitante de amparo desconozca la autoridad que emitió el acto reclamado, los fundamentos legales en que se basó, ni su motivación para ello; por consiguiente, es evidente que conoce el porqué de esa decisión, el motivo que dio origen, así como la autoridad que lo emitió, y consecuentemente, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, pues estaba en aptitud de combatirlo mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. En ese contexto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, motivo por el cual, con apoyo además en el numeral 113 de dicho cuerpo de leyes, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por las consideraciones ya expuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual MARCIANO MIGUEL AGUSTIN SALAS BARRIENTOS, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 23/2022-4. PREVENCION. Ahora, de conformidad con el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.]" En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión, requiérase a MARCIANO MIGUEL AGUSTIN SALAS BARRIENTOS, para que de conformidad con lo previsto por el artículo 114 fracción I, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: PRIMERO. Precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente administrativo ISSET/UAJ/024/2021, del índice de la autoridad responsable, ya que fue omiso al respecto. Lo anterior obedece, a que de la totalidad del ocurso en comento, no se advierte que el promovente manifieste ni de manera indiciaria el dato que se le requiere, siendo este indispensable para el trámite y resolución correspondiente del juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna.". Asimismo, la jurisprudencia 2ª./J. 161/2013 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1079, Libro 3, Tomo II, Febrero de 2014, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." De igual forma, hágase saber al promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En la inteligencia de que la prevención deberá desahogarse necesariamente por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que ésta constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Encuentra apoyo lo anterior la Jurisprudencia 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, en la jurisprudencia 2ª./J 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, julio de 2006, página 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". SEGUNDO: Exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 963, materia común, con número de registro 196981, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda." [Énfasis añadido]. APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el penúltimo párrafo del referido numeral. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Aureliano Mier y Concha Campos, Humberto Contreras Ballesteros, Francis López López, Herson Mena de la Cruz, Pamela Cristina Hernández Díaz, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano