Marco Angel Vela Garay

Expediente 1831/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1831/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Angel Vela Garay

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa desahoga vista Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual, en atención a la vista ordenada en acuerdo de seis de noviembre del año en curso, realiza manifestaciones en torno al recurso de queja interpuesto por el director Jurídico de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del secretario y director General de Capital Humano de dicha secretaría, contra la interlocutoria de nueve de octubre del año en curso, que resolvió la planilla de actualización de liquidación de sentencia. Se toma conocimiento de lo anterior; no obstante, las manifestaciones expresadas por la parte quejosa se enviaran junto con el recurso de queja que se trata para que el tribunal de alzada que conozca del citado medio de impugnación, provea lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, promovida por******************** contra actos de la Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades responsable, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1831/2023-II. Se desecha la demanda de amparo. Ahora, del análisis de la demanda se advierte que el solicitante de amparo reclama lo siguiente: Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, refrendo y publicación de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, en específico el apartado "G" Servicios Personales: Plazas y Tabuladores, relativo a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos de los Poderes y Organismos Constitucionalmente Autónomos, apartado b, fracciones I y II, así como su ejecución. Acuerdo general de cinco de junio de dos mil veintitrés del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que fija un aumento al salario de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como su ejecución. Al respecto, aduce que actualmente se desempeña como ********************, y que el uno de octubre del año en curso, a través del boletín PJ03 -que anexa a su demanda-, tuvo conocimiento que el cinco de junio de dos mil veintitrés el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, aprobó un aumento a los salarios de las personas servidoras públicas que laboran en el Poder Judicial del Estado de Puebla, el cual, a los trabajadores de base, se aplicó con efectos al primero de agosto, y se pagó en la segunda quincena de septiembre, y a los trabajadores de confianza, se aplicó a partir de la primera quincena de octubre del año en curso. Sin embargo, aduce que el pasado dieciocho de octubre, al consultar su recibo de nómina ******************** -anexo a la demanda-, correspondiente a la primera quincena de octubre del año en curso, pudo advertir que su salario no fue homologado al que perciben las personas Secretarias adscritas a las salas de Justicia Administrativa, lo que considera, se debe a que labora en el Tribunal Superior de Justicia, y por ocupar una plaza de base. Desechamiento. En el presente caso se estima procedente desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, de acuerdo con las consideraciones siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023 En ese contexto, por cuanto hace a la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, refrendo y publicación de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, en específico el apartado "G" Servicios Personales: Plazas y Tabuladores, relativo a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos de los Poderes y Organismos Constitucionalmente Autónomos, apartado b, fracciones I y II y su ejecución, oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los artículos trascritos establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que la disposición cuestionada ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. Conforme a los preceptos destacados en el párrafo anterior, una ley puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) Dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor; y, b) Dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión. El primer caso concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación, pues, al iniciarse su vigencia vinculan a los gobernados a los deberes jurídicos en ellas contenidas, es decir, si los extremos de hecho contenidos en la hipótesis normativa se actualizan automáticamente sin que sea menester el acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo. Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo para que su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si transcurre ese término y no se promueve el juicio constitucional, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe venir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o el propio quejoso, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días (artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo). Por el contrario, tratándose de leyes heteroaplicativas, que son aquellas que, por sí solas no afectan la esfera de los gobernados, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto posterior al inicio de su vigencia; el término con que cuenta el gobernado afectado para promover el juicio de amparo, es de quince días, según la regla general prevista en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es, tratándose de leyes heteroaplicativas, no se puede promover el amparo sino hasta que se genera el primer acto de aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio solicitante del amparo, porque así lo establece la ley. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 55/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, registro 198200, que dispone: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora bien, en el presente asunto la parte quejosa reclama Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, refrendo y publicación de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, en específico el apartado "G" Servicios Personales: Plazas y Tabuladores, relativo a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos de los Poderes y Organismos Constitucionalmente Autónomos, apartado b, fracciones I y II, así como su ejecución, en su carácter de norma autoaplicativa; esto es, con motivo de su entrada en vigor. Dicho lo anterior, tenemos que la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2023, establece: "TRANSITORIOS. (.) PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, o hasta en tanto entre en vigor el ordenamiento jurídico que regirá para el siguiente ejercicio fiscal." De lo anterior se obtiene, que la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2023, entró en vigor, el uno de enero de dos mil veintitrés; de tal manera que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, su impugnación resulta extemporánea, ya que de manera notoria excede el plazo de treinta días que se prevé para promover la demanda de amparo. Resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 26/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de 1998, página 461, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." Lo anterior es así, en razón de que si bien es cierto que la norma impugnada entró en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés, también es verídico que dicho día fue inhábil, por tanto no debe de contarse para la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 506, Tomo IX, correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO EL PLAZO PARA IMPUGNARLAS INICIA EN DÍA INHÁBIL, NO DEBE CONTARSE ÉSTE. La actual integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis número P. CIX/98, publicada en la página 251, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR.", ha establecido que tratándose de leyes autoaplicativas el plazo de treinta días para promover el amparo inicia desde las cero horas del mismo día que entran en vigor; ese criterio no tiene aplicación cuando el plazo indicado inicia en día inhábil, pues en ese caso, el día inhábil no debe contarse en el plazo concedido para la presentación de la demanda de garantías, pues aunque la ley surte efectos incluso en día inhábil, la entrada en vigor no se identifica con el plazo de treinta días para reclamarla en la vía de amparo, en atención a que éste no se refiere al momento en que surte efectos una ley autoaplicativa, sino al lapso en el cual puede impugnarse oportunamente en el juicio de amparo, de otra manera se obligaría al quejoso a impugnar una ley autoaplicativa incluso en día inhábil". Se dice lo anterior, en razón de que el plazo de treinta días que tenía a su favor la parte quejosa para interponer la demanda de amparo contra la norma impugnada transcurrió del dos de enero al diez de febrero de dos mil veintitrés, descontando los sábados y domingos, por haber sido inhábiles conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo. De esta forma, como ya se estableció si la demanda fue presentada el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, vía electrónica, se concluye que fue presentada en forma extemporánea. En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado señalado, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de treinta días que establece el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, pues se insiste, la parte quejosa reclama la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, en su carácter de norma autoaplicativa. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa promueve su juicio de amparo debido a que el salario correspondiente a la primera quince de octubre del año en curso, no fue homologado a aquel que perciben los secretarios adscritos a las Salas de Justicia Administrativa; sin embargo, la percepción de su salario con incremento no otorga un carácter heteroaplicativo a la norma general reclamada, si se pondera que el apartado "G" Servicios Personales: Plazas y Tabuladores, relativo a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos de los Poderes y Organismos Constitucionalmente Autónomos, apartado b, fracciones I y II, desde su entrada en vigor, ya establecía el pago diferenciado a las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Puebla. Consecuentemente, el plazo para la presentación de la demanda de amparo contra la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, el apartado "G" Servicios Personales: Plazas y Tabuladores, relativo a los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos de los Poderes y Organismos Constitucionalmente Autónomos, apartado b, fracciones I y II, transcurrió del dos de enero al diez de febrero de dos mil veintitrés, y si ésta se presentó vía electrónica hasta el pasado veintiséis de octubre del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. El Acuerdo general de cinco de junio de dos mil veintitrés del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, no puede considerarse como un acto de autoridad. Por otra parte, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la emisión del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla de cinco de junio de dos mil veintitrés, por el que fija un aumento al salario de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como su ejecución, de manera notoria y manifiesta se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y particulares, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que hace alusión el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. A partir de las premisas anteriores, se estima que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, y determinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la o el promovente tenga el carácter de particular y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Adicionalmente, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 327/2017, precisó que la intervención pública es el principio que sustenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con base en éste se puede determinar si un acto especifico está investido con la fuerza de imponerse unilateralmente y, por tanto, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Asimismo, precisó que no debía resultar relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable -si es un órgano de la administración pública centralizada o descentralizada, por ejemplo-, toda vez que lo determinante es verificar si el acto encuentra sustento en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éste se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral. Con base en las premisas expuestas, puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Caso concreto. Precisado lo anterior, es relevante recordar que la parte quejosa reclama el acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el que se determinó un aumento al salario de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como su ejecución. Sin embargo, del contenido de del boletín ******************** de uno de octubre de dos mil veintitrés, que acompañó a su demanda, se advierte que la determinación de incrementar el salario de las personas servidoras públicas consiste en una actuación emitida en el ámbito de un relación laboral, en el cual, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, no actúa con un carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que únicamente actúa como un ente patronal. En esa tesitura, este juzgado federal encuentra que dicha determinación fue emitida en el marco de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad responsable, propia de su calidad de patrón y trabajador, dado que determinó incrementar el sueldo de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Puebla. Máxime que si el incremento de los salarios que perciben las personas servidoras públicas dependientes de ese Poder del Estado, hubiera sido con la finalidad de homologar los ingresos de quienes laboran en el Tribunal Superior de Justicia y quienes laboran en el Tribunal de Justicia Administrativa -como lo pretende la parte quejosa-, entonces se actualizaría un conflicto de naturaleza laboral -por el posible incumplimiento a las condiciones generales de trabajo que se hubieran pactado con dicha Entidad Estatal-, por lo que la parte quejosa se encontraría en aptitud -por sí o la organización sindical que corresponda- de promover la acción conducente ante los tribunales laborales. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis de rubro y contenido siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." "ACUERDO DE CABILDO QUE APRUEBA LA REDUCCIÓN DE SUELDO A SUS INTEGRANTES. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a los artículos 114 y 116 a 118 de la Constitución Política del Estado de México, el acuerdo de cabildo que aprueba la reducción de sueldo a sus integrantes, se emite con motivo de las funciones de naturaleza administrativa del Ayuntamiento, que se integra por el presidente municipal, síndicos y regidores. En ese sentido, aun cuando alguno de sus miembros se hubiese abstenido de votar, al formar parte del ente colegiado emisor de la voluntad política del citado órgano municipal, no puede considerársele como gobernado sometido al imperio de la autoridad, conforme se advierte de lo dispuesto en los artículos 29 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal de dicha entidad. Consecuentemente, al no existir una relación de supra a subordinación entre el cabildo y sus integrantes, el referido acuerdo no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, no obstante que el quejoso aduzca que la reducción de sueldo que reclama corresponde a los emolumentos que son parte accesoria del cargo de elección popular que desempeña, al no actualizarse la hipótesis de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo." También, por su contenido jurídico, se invocan las tesis aisladas sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." "ESTADO COMO PATRON Y COMO AUTORIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). La relación laboral burocrática puede darse perfectamente entre el trabajador y el Estado como patrón, y todos los conflictos que en esa relación existan, deben dirimirse ante el tribunal de arbitraje, porque el estado patrón actúa en un plano de relación laboral, despojado de imperium. En cambio, cuando el propio Estado actúa en una relación de supra a subordinación respecto a sus trabajadores, en forma unilateral con imperium y coercibilidad, fincando una responsabilidad administrativa a un servidor público, ello es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo pues es el Estado como autoridad y una supuesta responsabilidad del servidor público, la que se dirime." Asimismo, por su contenido se trae a colación la tesis P. XXVIII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." (Registro digital: 199460, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: P. XXVIII/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 119, Tipo: Aislada) Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: .... En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia estudiadas, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Consulta expediente elctrónico. Por otra parte, respecto a la solicitud de la parte quejosa referente a que se le permita el acceso al expediente electrónico después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario********************, correspondiente a ********************;; con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y según lo establecido en el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se autoriza lo siguiente: A) Consultar el expediente electrónico vía internet; B) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, tal como lo prevé el artículo 253, párrafo tercero , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós , únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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