Marciana Zepeda Palafox

Expediente 221/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
221/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Marciana Zepeda Palafox
  • Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa señaló, en esencia, como acto reclamado el consistente en la omisión de dar trámite, substanciación y resolución al recurso de inconformidad que interpuso ante la autoridad responsable por virtud del escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Al respecto, debe tenerse presente que cuando en el juicio de amparo los operadores jurisdiccionales tengan que precisar los actos reclamados, debe estimarse, por la necesidad de que la determinación sea clara, que estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda, a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado, es decir, que el pronunciamiento se refiera a su intención real. De ese modo, para la fijación del acto reclamado, no es suficiente con atender al contenido literal del capítulo relativo del escrito inicial de demanda, ya que los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen de dicho escrito, con la finalidad de que los actos sean precisados en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.VI/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 40/20, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, es necesario analizar en su integridad la demanda de amparo, por ello, en el capítulo de acto reclamado la quejosa señaló lo siguiente: "(.) ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. a) A la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación en el Estado de Puebla: a.1) La falta de respuesta y acuerdo al escrito relativo al recurso de administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte ante la oficialía, (.) a.2) La falta de trámite del escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía, (.). a.3) La falta de concesión de suspensión solicitada en el capítulo respectivo en el escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía. a.4) Omisión de intervención como superior jerárquico de la emisora del acto recurrido mediante el escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía. a.5) Silencio administrativo para hacer prevalecer el grado de afectación a mis derechos humanos que ha sido expuesta en el escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía. (.)" Por su parte, en el apartado de antecedentes, la quejosa narró lo siguiente: "(.) a) Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte fui notificada de un acto de molestia y atentatorio contenido en la orden de adscripción contenida en el oficio de control 266283, fuera de todo contexto legal y del correcto proceder de la funcionaria que suscribió tal documento; b) El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en tiempo y forma presenté y formulé un escrito recurriendo e inconformándome mediante un recurso administrativo ante el acto de molestia contenido en la orden de adscripción contenida en el oficio de control 266283, fuera de todo contexto legal y del correcto proceder de la funcionaria que suscribió tal documento, el que anexo en copia al presente como ANEXO 1 y que contiene además documentos inherentes. (.)" Como se desprende de lo anterior, la quejosa se duele -esencialmente- del hecho de que a pesar de que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, interpuso recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad responsable, con la finalidad de combatir la orden de adscripción que le fue notificada el catorce de ese mes y año, lo cierto es que a la fecha no se ha dado trámite alguno a dicho ocurso de inconformidad. Bajo ese contexto, es posible considerar que el acto que impugna la quejosa en esta instancia constitucional, consiste -medularmente- en que la autoridad responsable no ha dado trámite a su recurso administrativo de inconformidad. Ahora, a pesar que la quejosa hace referencia a diversas omisiones, incluida la de proveer sobre la suspensión que solicitó en el escrito de interposición del recurso aludido, lo cierto es que toda su argumentación se encamina a controvertir, en general y en concreto, la omisión o retardo de substanciar el medio de inconformidad que promovió ante la autoridad responsable. Por ende, el acto que reclama la parte quejosa es la omisión de dar trámite, substanciación y resolución al recurso de inconformidad que interpuso ante la autoridad responsable por virtud del escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Es necesario precisar que la peticionaria de amparo hace valer argumentos tendentes a demostrar que el acto reclamado viola el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Norma Fundamental. En otras palabras, la quejosa plantea que el presente juicio de amparo debe abordarse desde la óptica del derecho de petición; sin embargo, en el caso concreto, no se cumplen con las condiciones para considerar esta acción constitucional a partir del citado derecho. Así es, este juzgado federal considera que, en la especie, el tratamiento que debe darse al presente asunto, es desde la arista del derecho de acción del quejoso frente a los órganos de gobierno, y no como un simple derecho de petición como lo pretende la quejosa. Para dar certeza a lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2768/2015, que en la parte que interesa es del tenor siguiente: "(.) a) El alcance del derecho de petición. Conforme al artículo 8º de la Constitución General , a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. El derecho de petición se limita entonces a la obligación de la autoridad de recibir la petición y darle curso en el ejercicio de las propias competencias, sin estar obligada en momento a otorgar lo que fue pedido. Asimismo, la respuesta que se otorgue debe estar debidamente fundada y motivada y ser respetuosa del derecho de igualdad de los gobernados. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia de esta Segunda Sala que dispone: Registro: 173716 Época: Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIV, diciembre de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 183/2006 Página: 207 "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido". El derecho de petición es aplicable respecto de materias o actividades que en principio no se encuentran reguladas de forma específica o que pueden ser desarrolladas de manera discrecional por las autoridades. En este sentido, existen restricciones materiales respecto de que es lo que puede ser pedido y que es lo que puede ser otorgado mediante una petición. Históricamente, el derecho de petición ha sido entendido como un mecanismo esencial para el funcionamiento de una democracia, al ser la vía mediante la cual los ciudadanos pueden informar al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder por lo menos que se ha enterado de los mismos. No obstante, el contenido y alcance del derecho de petición se ha ido transformando en atención al desarrollo y especialización de la estructura misma del Estado. De esta forma, en cada materia se han definido acciones y procedimientos específicos para atender y procesar los planteamientos de los gobernados. Así, existen hoy en día mecanismos procesales especializados que permiten articular de forma eficaz las posiciones de los particulares respecto de los diversos órganos de gobierno que anteriormente se hacían valer mediante una petición. En muchas materias de la rama administrativa existe la posibilidad de interponer acciones y recursos que obligan a la autoridad a resolver una determinada problemática, sin que sea posible equiparar estos ejercicios derivados de un derecho de petición. Es necesario distinguir entre las vías mediante las cuales se pueden presentar solicitudes de actuación a la autoridad, tomando en consideración que la petición tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún otro tipo de resultado. El anterior razonamiento encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia de esta Sala: Registro: 178,218 Época: Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI, junio de 2005 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LX/2005 Página: 236 "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN. El citado precepto legal, en cuanto establece que las autoridades fiscales no resolverán las consultas fiscales que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades hacendarias no están facultadas para emitir pronunciamientos de fondo que impliquen una interpretación constitucional, lo cual no resulta violatorio del derecho de petición que consagra el artículo 8o. de la Ley Fundamental, porque no quedan relevadas de su obligación de dar respuesta por escrito y en breve término al particular, manifestando, en su caso, la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la consulta planteada". b) Derecho de acción frente a los órganos de gobierno El derecho de petición es distinto del derecho a la acción administrativa, ya que se trata de medios autónomos que tienen fines diversos. En efecto, la acción pretende obtener un determinado resultado de conformidad a lo establecido en una norma jurídica, mientras que la petición sólo garantiza una respuesta por parte de la autoridad, sin que exista una obligación de que la misma sea en un determinado sentido siempre y cuando se encuentre debidamente fundada y motivada. En caso de que se presente una petición como una acción, ésta se debe devolver para el efecto de que se presente ante el órgano competente para tramitarla y resolverla. En este sentido, una acción de carácter administrativo permite a los gobernados pedir un determinado resultado con fundamento normativo, el cual, en caso de no darse, puede ser exigido por la vía recursal administrativa o jurisdiccional, mientras que una petición no lo permite. En este mismo sentido, no resulta posible alegar la existencia de una violación al derecho de petición cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio puesto que se trata de una violación adjetiva que debe tratarse de conformidad a las reglas procesales establecidas para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Se reconoce entonces que las violaciones al derecho de petición no pueden ser reclamadas de forma autónoma dentro de un procedimiento administrativo. c) Derecho a recurrir resoluciones administrativas También es necesario diferenciar entre el derecho de petición y los recursos administrativos. El ejercicio de una petición pretende obtener una respuesta concreta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad, que se encaminan a conseguir su nulidad o modificación. Los recursos administrativos presuponen la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la misma autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que la petición se limita a solicitar una determinada respuesta de la autoridad a un cuestionamiento del gobernado. Asimismo, para recurrir las actuaciones de la administración se debe tener un derecho subjetivo específico, salvo que exista norma expresa que reconozca un interés legítimo o simple para hacerlo. Por su parte, el derecho de petición no presupone un interés jurídico específico, sino simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad para que se le otorgue una respuesta fundada y motivada. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de esta Segunda Sala: Registro: 175,518 Época: Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, marzo de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. XXVI/2006 Página: 461 "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO. El citado precepto establece que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a los particulares emitidas por sus subordinados jerárquicos, y de considerar que se hubieren emitido en contravención a las disposiciones fiscales podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio de los contribuyentes, siempre que éstos no hubieren interpuesto medios de defensa, hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y, no haya prescrito el crédito fiscal, precisando que dicha facultad no constituirá instancia. Ahora bien, el hecho de que la autoridad fiscal niegue la pretensión de un contribuyente que con base en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación solicitó la revocación de una determinación que lo perjudica, no viola el derecho de petición establecido como garantía individual en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si éste consiste en el derecho que tienen los gobernados de obtener de la autoridad respuesta por escrito a la petición que de manera pacífica y respetuosa por escrito hayan formulado, en nada se afecta porque se establezcan los supuestos de procedencia de la reconsideración administrativa, en tanto que ello no exime a la autoridad de la obligación de dar respuesta a lo solicitado. Por otra parte, tampoco puede estimarse vulnerada la mencionada garantía constitucional, por el hecho de que el indicado párrafo tercero establezca la improcedencia de la reconsideración administrativa cuando se hubieran agotado los medios de defensa previstos en la ley, porque con ello no se limita el derecho del gobernado afectado con la resolución que no le es favorable, de acudir a solicitar la nulidad de los referidos actos ante la autoridad competente a través del medio legal procedente, ni su derecho a obtener una respuesta escrita, congruente y en breve término". De lo anterior concluimos que el derecho de petición no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos a nivel legal o reglamentario para la atención de ciertas materias, ni tampoco constituirse como un medio paralelo para la revisión de determinaciones administrativas. De esta forma, un derecho de petición no es condición suficiente para justificar la actuación de la autoridad administrativa en supuestos no previstos en las leyes que la rigen. Esto entraña una cuestión sobre el alcance del principio de seguridad jurídica de los particulares sobre cuando se justifica una intervención por parte de la autoridad y nos lleva a preguntarnos si puede una autoridad ejercer sus facultades por circunstancias no previstas de forma expresa en una norma legal. De conformidad al artículo 16 de la Constitución General, la autoridad sólo puede hacer lo que se le encuentra permitido. Este principio básico del constitucionalismo moderno considera que la libertad individual reside en la seguridad de que la autoridad sólo puede actuar si existe una hipótesis normativa para que lo haga. Por tanto, debemos considerar que el derecho de petición no es una vía que faculte a la autoridad para actuar fuera de su competencia y de los procedimientos que la rigen a efecto de resolver cuestionamientos que le sean presentados. Así, un derecho de petición no puede generar la posibilidad de que la autoridad revise, modifique o revoque actos previos, puesto que como ya se dijo, se debe limitar a contestar sobre lo que fue solicitado. Por último, se debe considerar que de llegar a estimar que se pueden modificar resoluciones de la autoridad administrativa mediante un derecho de petición, se dejaría sin la posibilidad de que la autoridad otorgue audiencia a las personas interesadas en la subsistencia del acto administrativo. (.)" De dicha ejecutoria derivó la tesis 2ª.XXI/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1374, libro 30, mayo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." Como se desprende de lo anterior, el Alto Tribunal consideró que el derecho de petición se limita a la obligación de la autoridad de recibir una solicitud y a darle seguimiento dentro del marco de competencias, sin estar obligada a otorgar lo que fue solicitado por el gobernado. Es decir, la petición tiene como objeto el de obtener de la autoridad correspondiente una respuesta a su planteamiento, pero -en sentido estricto- no a obtener un resultado diferente. Por su parte, el derecho de acción frente a los órganos de gobierno se distingue del derecho de petición debido a que persiguen fines u objetivos distintos. En efecto, el derecho de acción tiene como finalidad la de obtener un cierto resultado con base a una determinada norma jurídica, siendo que el derecho de petición, como se dijo, solamente busca la obtención por parte de la autoridad de una respuesta, sin importar el sentido en que se otorgue, siendo exigible únicamente que esté fundada y motivada. De ese modo, el rasgo fundamental que diferencia al derecho de acción del diverso de petición, es que aquél permite a los gobernados solicitar, pedir o exigir un resultado en determinado sentido, y en caso de no obtenerse el deseado, se puede optar por la vía recursal administrativa o jurisdiccional, mientras que el derecho de petición no lo permite. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también clarificó la diferencia entre el derecho de petición y los recursos administrativos, ya que señaló que aquél solamente pretende la obtención de una respuesta; mientras que éstos se constituyen como verdaderas impugnaciones sobre la legalidad de actos de la autoridad, pretendiendo su nulidad o modificación. Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal estimó que el derecho de petición no puede generar la posibilidad de que la autoridad revise, modifique o revoque actos previos, ya que solamente tiene el alcance de obtener una contestación sobre lo que haya solicitado. Mientras que el derecho de acción y los recursos administrativos, se edifican sobre la base de una pretensión sustancial y clara, a saber, con ellos se busca obtener un resultado determinado que, en su caso, de no ser favorable para el gobernado puede exigirla a través de la vía recursal administrativa o jurisdiccional. Asimismo, con los recursos administrativos se busca la revocación, modificación o nulidad de un acto administrativo previo, aspecto que no es aplicable bajo ninguna circunstancia al derecho de petición. De ese modo, cuando en el caso concreto se pretenda por parte del gobernado un resultado determinado, como lo es, la modificación, nulidad o revocación de un acto administrativo, es indudable que no se está frente a un derecho de petición, sino más bien a una acción recursal administrativa. Ahora, expuesto lo anterior, es necesario traer a colación los antecedentes más relevantes que informan el presente asunto: El trece de noviembre de dos mil veinte, la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla emitió orden de adscripción respecto de la quejosa, para re-ubicarla en la "Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.T21DPR1092X Zona: 097", ubicado en Palmar del Bravo, Puebla; a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, con el cargo de "Asistente de Servicios en Plantel". Dicho oficio es del tenor siguiente: ESPACIO SIN TEXTO. Por su parte, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, la quejosa presentó escrito ante la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla, en el que manifestó interponer "recurso de inconformidad", tendente a controvertir la orden de re-adscripción citada en el inciso anterior. El aludido ocurso es del tenor siguiente: En ese sentido, como se desprende de los antecedentes reseñados, si bien la quejosa presentó ante la autoridad responsable un escrito el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, lo cierto es que no se trata del ejercicio de un derecho de petición. Por el contrario, en la especie, del contenido de dicho ocurso se advierte que la quejosa no pretendía obtener una respuesta de la autoridad de que se trata, sino que su objetivo es controvertir o impugnar la orden de re-adscripción que le fue notificada el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se le hizo del conocimiento el cambio de centro de trabajo. Se estima de esa manera debido a que en el escrito presentado por la parte quejosa, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se dilucida claramente que la finalidad de la parte quejosa no es el de limitarse a obtener una respuesta -en cualquier sentido-, sino el de nulificar o revocar la orden de cambio de centro de trabajo referida. Tan es así que hizo valer diversos motivos de inconformidad respecto de dicha orden de cambio de centro de trabajo, en especial, la presunta falta de competencia legal de la autoridad emisora de la orden de re-adscripción, así como que la misma no se encuentra fundada y motivada. Ahora, es importante señalar que el origen del cambio de centro laboral de la quejosa, se suscitó como una sanción de carácter laboral, por la obtención de una "mala nota", impuesta por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública el seis de mayo de dos mil veinte, derivado de la presunta comisión de irregularidades en sus actividades de trabajo. En ese sentido, en el artículo 55 del Reglamento de las Condiciones Generales de Personal de la Secretaría de Educación Pública, se prevén los supuestos en que los trabajadores de dicha dependencia podrán ser cambiados de centro de trabajo. Destaca lo dispuesto en la fracción I de dicho numeral, en el que se precisa que el cambio del trabajador se efectuará, entre otros motivos, por necesidades del servicio, así como por la imposición de una sanción por faltas cometidas. El dispositivo reglamentario en comento se transcribe a continuación: "ARTICULO 55.- LOS CAMBIOS DE LOS TRABAJADORES SOLO SE EFECTUARAN: I.- POR NECESIDADES DEL SERVICIO. EN ESTE CASO, SI EL TRABAJADOR MANIFIESTA SU OPOSICIÓN EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE LE DE A CONOCER SU CAMBIO, DEBERÁ DEMOSTRAR ANTE LA DEPENDENCIA DE SU ADSCRIPCIÓN LA IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA, PARA QUE ELLA DETERMINE LO CONDUCENTE. SALVO QUE EL TRASLADO SE DEBA A INCOMPETENCIA DEL TRABAJADOR O COMO SANCIÓN POR FALTAS COMETIDAS POR EL MISMO, LA SECRETARIA DEBERÁ SUFRAGAR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL VIAJE CORRESPONDIENTE Y SI EL TRASLADO FUERA POR TIEMPO LARGO O INDEFINIDO, PAGARA LOS GASTOS QUE ORIGINE EL TRANSPORTE DEL MENAJE DE CASA INDISPENSABLE PARA LA INSTALACIÓN DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR Y DE LOS FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO, QUE DE EL DEPENDAN." La imposición de dicha sanción de naturaleza laboral se advierte del contenido del artículo 71 del referido reglamento, en el que se establecen los supuestos en que se podrá sancionar laboralmente al trabajador de la dependencia. En ese sentido, la fracción II, se refiere a que el trabajador reciba notas malas en su hoja de servicio, supuesto que de actualizarse dará lugar a la fijación de una sanción, como lo es el cambio de centro de trabajo. Por su parte, el artículo 74 del mencionado reglamento, establece que las malas notas se impondrán por el departamento de personal, o en su caso, de la dependencia en donde el trabajador preste sus servicios. En ese contexto, como se advierte, el cambio de centro de trabajo que se impuso a la quejosa, se suscitó como parte de una sanción de carácter laboral, derivado de la imposición en su contra de una mala nota, como consecuencia de irregularidades en la prestación de sus servicios. En ese sentido, la parte quejosa hizo valer, en contra de dicha sanción, el recurso previsto en el artículo 83 del Reglamento de las Condiciones Generales de Personal de la Secretaría de Educación Pública, en el que se prevé que las sanciones que se impongan a los trabajadores de dicha dependencia, pueden ser recurribles ante el funcionario que la impuso dentro del plazo de diez días hábiles. Dicho precepto reglamentario laboral de la Secretaría de Educación Pública, es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 83.- LAS SANCIONES QUE SE IMPONGAN CONFORME A ESTE CAPÍTULO, SERÁN RECURRIBLES POR ESCRITO ANTE EL FUNCIONARIO QUE ORDENÓ LA SANCIÓN, EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN COMUNICADAS, Y LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE NO ADMITIRÁ RECURSO ALGUNO DENTRO DE LA MISMA SECRETARÍA, QUEDANDO EXPEDITO EL DERECHO DEL TRABAJADOR PARA HACER USO DE LOS RECURSOS LEGALES QUE PROCEDAN." Consecuentemente, contrario a lo que refiere la quejosa, no se trata del ejercicio de un derecho de petición en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, sino del despliegue de un recurso administrativo. Lo anterior, pues se insiste, la pretensión de la quejosa es nulificar la orden de re-adscripción que controvirtió a través del recurso administrativo de inconformidad que presentó ante la autoridad responsable el diecisiete de diciembre de dos mil veinte- Bajo ese contexto, el tratamiento que debe darse al presente asunto no es el de derecho de petición, sino al ejercicio de un recurso administrativo. Expuesto lo anterior, este juzgado federal estima que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar trámite, substanciación y resolución al recurso de inconformidad que interpuso ante la autoridad responsable por virtud del escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En ese sentido, al rendir su informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio SEP-4.2.3-DRH/0714/2021, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por virtud del cual abordó el recurso administrativo de inconformidad que la quejosa la planteó el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Dicho oficio es del tenor siguiente: Como se advierte de las imágenes preinsertas, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla, resolvió el recurso administrativo que interpuso la quejosa en contra del oficio 266283 de trece de noviembre de dos mil veinte, por el cual se cambió de centro de trabajo a la peticionaria de amparo. Así, sobre el tema de impugnación formulado por la quejosa, la autoridad administrativa de referencia determinó, por las razones ahí expuestas, que se confirmaba y ratificaba el oficio controvertido, es decir, reiteró la orden de cambio de centro de trabajo de la quejosa. De ese modo, si en el caso concreto la quejosa reclamó la omisión de dar trámite, substanciar y resolver el recurso administrativo que presentó ante la autoridad educativa el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, es posible precisar que dicha omisión ha cesado en sus efectos. Lo anterior, en la medida en que la autoridad educativa de referencia abordó y resolvió el recurso administrativo interpuesto por la quejosa, ante lo cual los efectos de la omisión que impugnó la peticionaria de amparo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de esa ley. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIECISÉIS HORAS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, háganse las anotaciones en el libro respectivo y dese de baja el asunto, asimismo se ordena realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa señaló, en esencia, como acto reclamado el consistente en la omisión de dar trámite, substanciación y resolución al recurso de inconformidad que interpuso ante la autoridad responsable por virtud del escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Al respecto, debe tenerse presente que cuando en el juicio de amparo los operadores jurisdiccionales tengan que precisar los actos reclamados, debe estimarse, por la necesidad de que la determinación sea clara, que estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda, a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado, es decir, que el pronunciamiento se refiera a su intención real. De ese modo, para la fijación del acto reclamado, no es suficiente con atender al contenido literal del capítulo relativo del escrito inicial de demanda, ya que los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen de dicho escrito, con la finalidad de que los actos sean precisados en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.VI/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 40/20, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, es necesario analizar en su integridad la demanda de amparo, por ello, en el capítulo de acto reclamado la quejosa señaló lo siguiente: "(.) ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. a) A la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación en el Estado de Puebla: a.1) La falta de respuesta y acuerdo al escrito relativo al recurso de administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte ante la oficialía, (.) a.2) La falta de trámite del escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía, (.). a.3) La falta de concesión de suspensión solicitada en el capítulo respectivo en el escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía. a.4) Omisión de intervención como superior jerárquico de la emisora del acto recurrido mediante el escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía. a.5) Silencio administrativo para hacer prevalecer el grado de afectación a mis derechos humanos que ha sido expuesta en el escrito relativo al recurso administrativo de inconformidad presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficialía. (.)" Por su parte, en el apartado de antecedentes, la quejosa narró lo siguiente: "(.) a) Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte fui notificada de un acto de molestia y atentatorio contenido en la orden de adscripción contenida en el oficio de control 266283, fuera de todo contexto legal y del correcto proceder de la funcionaria que suscribió tal documento; b) El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en tiempo y forma presenté y formulé un escrito recurriendo e inconformándome mediante un recurso administrativo ante el acto de molestia contenido en la orden de adscripción contenida en el oficio de control 266283, fuera de todo contexto legal y del correcto proceder de la funcionaria que suscribió tal documento, el que anexo en copia al presente como ANEXO 1 y que contiene además documentos inherentes. (.)" Como se desprende de lo anterior, la quejosa se duele -esencialmente- del hecho de que a pesar de que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, interpuso recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad responsable, con la finalidad de combatir la orden de adscripción que le fue notificada el catorce de ese mes y año, lo cierto es que a la fecha no se ha dado trámite alguno a dicho ocurso de inconformidad. Bajo ese contexto, es posible considerar que el acto que impugna la quejosa en esta instancia constitucional, consiste -medularmente- en que la autoridad responsable no ha dado trámite a su recurso administrativo de inconformidad. Ahora, a pesar que la quejosa hace referencia a diversas omisiones, incluida la de proveer sobre la suspensión que solicitó en el escrito de interposición del recurso aludido, lo cierto es que toda su argumentación se encamina a controvertir, en general y en concreto, la omisión o retardo de substanciar el medio de inconformidad que promovió ante la autoridad responsable. Por ende, el acto que reclama la parte quejosa es la omisión de dar trámite, substanciación y resolución al recurso de inconformidad que interpuso ante la autoridad responsable por virtud del escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Es necesario precisar que la peticionaria de amparo hace valer argumentos tendentes a demostrar que el acto reclamado viola el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Norma Fundamental. En otras palabras, la quejosa plantea que el presente juicio de amparo debe abordarse desde la óptica del derecho de petición; sin embargo, en el caso concreto, no se cumplen con las condiciones para considerar esta acción constitucional a partir del citado derecho. Así es, este juzgado federal considera que, en la especie, el tratamiento que debe darse al presente asunto, es desde la arista del derecho de acción del quejoso frente a los órganos de gobierno, y no como un simple derecho de petición como lo pretende la quejosa. Para dar certeza a lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 2768/2015, que en la parte que interesa es del tenor siguiente: "(.) a) El alcance del derecho de petición. Conforme al artículo 8º de la Constitución General , a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. El derecho de petición se limita entonces a la obligación de la autoridad de recibir la petición y darle curso en el ejercicio de las propias competencias, sin estar obligada en momento a otorgar lo que fue pedido. Asimismo, la respuesta que se otorgue debe estar debidamente fundada y motivada y ser respetuosa del derecho de igualdad de los gobernados. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia de esta Segunda Sala que dispone: Registro: 173716 Época: Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIV, diciembre de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 183/2006 Página: 207 "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido". El derecho de petición es aplicable respecto de materias o actividades que en principio no se encuentran reguladas de forma específica o que pueden ser desarrolladas de manera discrecional por las autoridades. En este sentido, existen restricciones materiales respecto de que es lo que puede ser pedido y que es lo que puede ser otorgado mediante una petición. Históricamente, el derecho de petición ha sido entendido como un mecanismo esencial para el funcionamiento de una democracia, al ser la vía mediante la cual los ciudadanos pueden informar al gobierno sobre sus problemas y la obligación que éste tiene de responder por lo menos que se ha enterado de los mismos. No obstante, el contenido y alcance del derecho de petición se ha ido transformando en atención al desarrollo y especialización de la estructura misma del Estado. De esta forma, en cada materia se han definido acciones y procedimientos específicos para atender y procesar los planteamientos de los gobernados. Así, existen hoy en día mecanismos procesales especializados que permiten articular de forma eficaz las posiciones de los particulares respecto de los diversos órganos de gobierno que anteriormente se hacían valer mediante una petición. En muchas materias de la rama administrativa existe la posibilidad de interponer acciones y recursos que obligan a la autoridad a resolver una determinada problemática, sin que sea posible equiparar estos ejercicios derivados de un derecho de petición. Es necesario distinguir entre las vías mediante las cuales se pueden presentar solicitudes de actuación a la autoridad, tomando en consideración que la petición tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún otro tipo de resultado. El anterior razonamiento encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia de esta Sala: Registro: 178,218 Época: Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXI, junio de 2005 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LX/2005 Página: 236 "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN. El citado precepto legal, en cuanto establece que las autoridades fiscales no resolverán las consultas fiscales que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades hacendarias no están facultadas para emitir pronunciamientos de fondo que impliquen una interpretación constitucional, lo cual no resulta violatorio del derecho de petición que consagra el artículo 8o. de la Ley Fundamental, porque no quedan relevadas de su obligación de dar respuesta por escrito y en breve término al particular, manifestando, en su caso, la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la consulta planteada". b) Derecho de acción frente a los órganos de gobierno El derecho de petición es distinto del derecho a la acción administrativa, ya que se trata de medios autónomos que tienen fines diversos. En efecto, la acción pretende obtener un determinado resultado de conformidad a lo establecido en una norma jurídica, mientras que la petición sólo garantiza una respuesta por parte de la autoridad, sin que exista una obligación de que la misma sea en un determinado sentido siempre y cuando se encuentre debidamente fundada y motivada. En caso de que se presente una petición como una acción, ésta se debe devolver para el efecto de que se presente ante el órgano competente para tramitarla y resolverla. En este sentido, una acción de carácter administrativo permite a los gobernados pedir un determinado resultado con fundamento normativo, el cual, en caso de no darse, puede ser exigido por la vía recursal administrativa o jurisdiccional, mientras que una petición no lo permite. En este mismo sentido, no resulta posible alegar la existencia de una violación al derecho de petición cometida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio puesto que se trata de una violación adjetiva que debe tratarse de conformidad a las reglas procesales establecidas para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Se reconoce entonces que las violaciones al derecho de petición no pueden ser reclamadas de forma autónoma dentro de un procedimiento administrativo. c) Derecho a recurrir resoluciones administrativas También es necesario diferenciar entre el derecho de petición y los recursos administrativos. El ejercicio de una petición pretende obtener una respuesta concreta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad, que se encaminan a conseguir su nulidad o modificación. Los recursos administrativos presuponen la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la misma autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que la petición se limita a solicitar una determinada respuesta de la autoridad a un cuestionamiento del gobernado. Asimismo, para recurrir las actuaciones de la administración se debe tener un derecho subjetivo específico, salvo que exista norma expresa que reconozca un interés legítimo o simple para hacerlo. Por su parte, el derecho de petición no presupone un interés jurídico específico, sino simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad para que se le otorgue una respuesta fundada y motivada. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de esta Segunda Sala: Registro: 175,518 Época: Novena Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, marzo de 2006 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. XXVI/2006 Página: 461 "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 36, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO. El citado precepto establece que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a los particulares emitidas por sus subordinados jerárquicos, y de considerar que se hubieren emitido en contravención a las disposiciones fiscales podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio de los contribuyentes, siempre que éstos no hubieren interpuesto medios de defensa, hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y, no haya prescrito el crédito fiscal, precisando que dicha facultad no constituirá instancia. Ahora bien, el hecho de que la autoridad fiscal niegue la pretensión de un contribuyente que con base en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación solicitó la revocación de una determinación que lo perjudica, no viola el derecho de petición establecido como garantía individual en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si éste consiste en el derecho que tienen los gobernados de obtener de la autoridad respuesta por escrito a la petición que de manera pacífica y respetuosa por escrito hayan formulado, en nada se afecta porque se establezcan los supuestos de procedencia de la reconsideración administrativa, en tanto que ello no exime a la autoridad de la obligación de dar respuesta a lo solicitado. Por otra parte, tampoco puede estimarse vulnerada la mencionada garantía constitucional, por el hecho de que el indicado párrafo tercero establezca la improcedencia de la reconsideración administrativa cuando se hubieran agotado los medios de defensa previstos en la ley, porque con ello no se limita el derecho del gobernado afectado con la resolución que no le es favorable, de acudir a solicitar la nulidad de los referidos actos ante la autoridad competente a través del medio legal procedente, ni su derecho a obtener una respuesta escrita, congruente y en breve término". De lo anterior concluimos que el derecho de petición no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos a nivel legal o reglamentario para la atención de ciertas materias, ni tampoco constituirse como un medio paralelo para la revisión de determinaciones administrativas. De esta forma, un derecho de petición no es condición suficiente para justificar la actuación de la autoridad administrativa en supuestos no previstos en las leyes que la rigen. Esto entraña una cuestión sobre el alcance del principio de seguridad jurídica de los particulares sobre cuando se justifica una intervención por parte de la autoridad y nos lleva a preguntarnos si puede una autoridad ejercer sus facultades por circunstancias no previstas de forma expresa en una norma legal. De conformidad al artículo 16 de la Constitución General, la autoridad sólo puede hacer lo que se le encuentra permitido. Este principio básico del constitucionalismo moderno considera que la libertad individual reside en la seguridad de que la autoridad sólo puede actuar si existe una hipótesis normativa para que lo haga. Por tanto, debemos considerar que el derecho de petición no es una vía que faculte a la autoridad para actuar fuera de su competencia y de los procedimientos que la rigen a efecto de resolver cuestionamientos que le sean presentados. Así, un derecho de petición no puede generar la posibilidad de que la autoridad revise, modifique o revoque actos previos, puesto que como ya se dijo, se debe limitar a contestar sobre lo que fue solicitado. Por último, se debe considerar que de llegar a estimar que se pueden modificar resoluciones de la autoridad administrativa mediante un derecho de petición, se dejaría sin la posibilidad de que la autoridad otorgue audiencia a las personas interesadas en la subsistencia del acto administrativo. (.)" De dicha ejecutoria derivó la tesis 2ª.XXI/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1374, libro 30, mayo de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO. El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." Como se desprende de lo anterior, el Alto Tribunal consideró que el derecho de petición se limita a la obligación de la autoridad de recibir una solicitud y a darle seguimiento dentro del marco de competencias, sin estar obligada a otorgar lo que fue solicitado por el gobernado. Es decir, la petición tiene como objeto el de obtener de la autoridad correspondiente una respuesta a su planteamiento, pero -en sentido estricto- no a obtener un resultado diferente. Por su parte, el derecho de acción frente a los órganos de gobierno se distingue del derecho de petición debido a que persiguen fines u objetivos distintos. En efecto, el derecho de acción tiene como finalidad la de obtener un cierto resultado con base a una determinada norma jurídica, siendo que el derecho de petición, como se dijo, solamente busca la obtención por parte de la autoridad de una respuesta, sin importar el sentido en que se otorgue, siendo exigible únicamente que esté fundada y motivada. De ese modo, el rasgo fundamental que diferencia al derecho de acción del diverso de petición, es que aquél permite a los gobernados solicitar, pedir o exigir un resultado en determinado sentido, y en caso de no obtenerse el deseado, se puede optar por la vía recursal administrativa o jurisdiccional, mientras que el derecho de petición no lo permite. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también clarificó la diferencia entre el derecho de petición y los recursos administrativos, ya que señaló que aquél solamente pretende la obtención de una respuesta; mientras que éstos se constituyen como verdaderas impugnaciones sobre la legalidad de actos de la autoridad, pretendiendo su nulidad o modificación. Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal estimó que el derecho de petición no puede generar la posibilidad de que la autoridad revise, modifique o revoque actos previos, ya que solamente tiene el alcance de obtener una contestación sobre lo que haya solicitado. Mientras que el derecho de acción y los recursos administrativos, se edifican sobre la base de una pretensión sustancial y clara, a saber, con ellos se busca obtener un resultado determinado que, en su caso, de no ser favorable para el gobernado puede exigirla a través de la vía recursal administrativa o jurisdiccional. Asimismo, con los recursos administrativos se busca la revocación, modificación o nulidad de un acto administrativo previo, aspecto que no es aplicable bajo ninguna circunstancia al derecho de petición. De ese modo, cuando en el caso concreto se pretenda por parte del gobernado un resultado determinado, como lo es, la modificación, nulidad o revocación de un acto administrativo, es indudable que no se está frente a un derecho de petición, sino más bien a una acción recursal administrativa. Ahora, expuesto lo anterior, es necesario traer a colación los antecedentes más relevantes que informan el presente asunto: El trece de noviembre de dos mil veinte, la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla emitió orden de adscripción respecto de la quejosa, para re-ubicarla en la "Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.T21DPR1092X Zona: 097", ubicado en Palmar del Bravo, Puebla; a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte, con el cargo de "Asistente de Servicios en Plantel". Dicho oficio es del tenor siguiente: ESPACIO SIN TEXTO. Por su parte, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, la quejosa presentó escrito ante la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla, en el que manifestó interponer "recurso de inconformidad", tendente a controvertir la orden de re-adscripción citada en el inciso anterior. El aludido ocurso es del tenor siguiente: En ese sentido, como se desprende de los antecedentes reseñados, si bien la quejosa presentó ante la autoridad responsable un escrito el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, lo cierto es que no se trata del ejercicio de un derecho de petición. Por el contrario, en la especie, del contenido de dicho ocurso se advierte que la quejosa no pretendía obtener una respuesta de la autoridad de que se trata, sino que su objetivo es controvertir o impugnar la orden de re-adscripción que le fue notificada el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se le hizo del conocimiento el cambio de centro de trabajo. Se estima de esa manera debido a que en el escrito presentado por la parte quejosa, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se dilucida claramente que la finalidad de la parte quejosa no es el de limitarse a obtener una respuesta -en cualquier sentido-, sino el de nulificar o revocar la orden de cambio de centro de trabajo referida. Tan es así que hizo valer diversos motivos de inconformidad respecto de dicha orden de cambio de centro de trabajo, en especial, la presunta falta de competencia legal de la autoridad emisora de la orden de re-adscripción, así como que la misma no se encuentra fundada y motivada. Ahora, es importante señalar que el origen del cambio de centro laboral de la quejosa, se suscitó como una sanción de carácter laboral, por la obtención de una "mala nota", impuesta por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública el seis de mayo de dos mil veinte, derivado de la presunta comisión de irregularidades en sus actividades de trabajo. En ese sentido, en el artículo 55 del Reglamento de las Condiciones Generales de Personal de la Secretaría de Educación Pública, se prevén los supuestos en que los trabajadores de dicha dependencia podrán ser cambiados de centro de trabajo. Destaca lo dispuesto en la fracción I de dicho numeral, en el que se precisa que el cambio del trabajador se efectuará, entre otros motivos, por necesidades del servicio, así como por la imposición de una sanción por faltas cometidas. El dispositivo reglamentario en comento se transcribe a continuación: "ARTICULO 55.- LOS CAMBIOS DE LOS TRABAJADORES SOLO SE EFECTUARAN: I.- POR NECESIDADES DEL SERVICIO. EN ESTE CASO, SI EL TRABAJADOR MANIFIESTA SU OPOSICIÓN EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE LE DE A CONOCER SU CAMBIO, DEBERÁ DEMOSTRAR ANTE LA DEPENDENCIA DE SU ADSCRIPCIÓN LA IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA, PARA QUE ELLA DETERMINE LO CONDUCENTE. SALVO QUE EL TRASLADO SE DEBA A INCOMPETENCIA DEL TRABAJADOR O COMO SANCIÓN POR FALTAS COMETIDAS POR EL MISMO, LA SECRETARIA DEBERÁ SUFRAGAR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL VIAJE CORRESPONDIENTE Y SI EL TRASLADO FUERA POR TIEMPO LARGO O INDEFINIDO, PAGARA LOS GASTOS QUE ORIGINE EL TRANSPORTE DEL MENAJE DE CASA INDISPENSABLE PARA LA INSTALACIÓN DEL CÓNYUGE DEL TRABAJADOR Y DE LOS FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO, QUE DE EL DEPENDAN." La imposición de dicha sanción de naturaleza laboral se advierte del contenido del artículo 71 del referido reglamento, en el que se establecen los supuestos en que se podrá sancionar laboralmente al trabajador de la dependencia. En ese sentido, la fracción II, se refiere a que el trabajador reciba notas malas en su hoja de servicio, supuesto que de actualizarse dará lugar a la fijación de una sanción, como lo es el cambio de centro de trabajo. Por su parte, el artículo 74 del mencionado reglamento, establece que las malas notas se impondrán por el departamento de personal, o en su caso, de la dependencia en donde el trabajador preste sus servicios. En ese contexto, como se advierte, el cambio de centro de trabajo que se impuso a la quejosa, se suscitó como parte de una sanción de carácter laboral, derivado de la imposición en su contra de una mala nota, como consecuencia de irregularidades en la prestación de sus servicios. En ese sentido, la parte quejosa hizo valer, en contra de dicha sanción, el recurso previsto en el artículo 83 del Reglamento de las Condiciones Generales de Personal de la Secretaría de Educación Pública, en el que se prevé que las sanciones que se impongan a los trabajadores de dicha dependencia, pueden ser recurribles ante el funcionario que la impuso dentro del plazo de diez días hábiles. Dicho precepto reglamentario laboral de la Secretaría de Educación Pública, es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 83.- LAS SANCIONES QUE SE IMPONGAN CONFORME A ESTE CAPÍTULO, SERÁN RECURRIBLES POR ESCRITO ANTE EL FUNCIONARIO QUE ORDENÓ LA SANCIÓN, EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN COMUNICADAS, Y LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE NO ADMITIRÁ RECURSO ALGUNO DENTRO DE LA MISMA SECRETARÍA, QUEDANDO EXPEDITO EL DERECHO DEL TRABAJADOR PARA HACER USO DE LOS RECURSOS LEGALES QUE PROCEDAN." Consecuentemente, contrario a lo que refiere la quejosa, no se trata del ejercicio de un derecho de petición en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, sino del despliegue de un recurso administrativo. Lo anterior, pues se insiste, la pretensión de la quejosa es nulificar la orden de re-adscripción que controvirtió a través del recurso administrativo de inconformidad que presentó ante la autoridad responsable el diecisiete de diciembre de dos mil veinte- Bajo ese contexto, el tratamiento que debe darse al presente asunto no es el de derecho de petición, sino al ejercicio de un recurso administrativo. Expuesto lo anterior, este juzgado federal estima que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar trámite, substanciación y resolución al recurso de inconformidad que interpuso ante la autoridad responsable por virtud del escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En ese sentido, al rendir su informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio SEP-4.2.3-DRH/0714/2021, de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por virtud del cual abordó el recurso administrativo de inconformidad que la quejosa la planteó el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Dicho oficio es del tenor siguiente: Como se advierte de las imágenes preinsertas, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla, resolvió el recurso administrativo que interpuso la quejosa en contra del oficio 266283 de trece de noviembre de dos mil veinte, por el cual se cambió de centro de trabajo a la peticionaria de amparo. Así, sobre el tema de impugnación formulado por la quejosa, la autoridad administrativa de referencia determinó, por las razones ahí expuestas, que se confirmaba y ratificaba el oficio controvertido, es decir, reiteró la orden de cambio de centro de trabajo de la quejosa. De ese modo, si en el caso concreto la quejosa reclamó la omisión de dar trámite, substanciar y resolver el recurso administrativo que presentó ante la autoridad educativa el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, es posible precisar que dicha omisión ha cesado en sus efectos. Lo anterior, en la medida en que la autoridad educativa de referencia abordó y resolvió el recurso administrativo interpuesto por la quejosa, ante lo cual los efectos de la omisión que impugnó la peticionaria de amparo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de esa ley. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por último, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la improcedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIECISÉIS HORAS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, háganse las anotaciones en el libro respectivo y dese de baja el asunto, asimismo se ordena realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el oficio del Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la referida autoridad a la persona que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Finalmente, como lo solicita se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para reproducir las constancias de autos, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial. Diferimiento. Por ende, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra el plazo de ocho días de la vista que se otorgue a las partes con el informe justificado. En consecuencia, se fijan para su celebración las DIECISÉIS HORAS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable para que rindan su informe justificado, en atención a que la admisión del presente juicio de amparo le fue notificada el once de marzo de dos mil veintiuno. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto. Se señalan las QUINCE HORAS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

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