Marcio Alexi Vasquez Lorenzo

Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
106/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Marcio Alexi Vasquez Lorenzo
  • Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia realizada el ocho de septiembre del presente año por la Actuarial Judicial adscrita, se advierte que señala la imposibilidad que imperó para notificar el proveído de seis del actual, a saber, la entrega del oficio 24452/2023, dirigido al Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación de Chihuahua, pues una vez que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, se le indicó que dicha denominación eran inexistente. Visto lo antes expuesto, se ordena que la notificación en comento, así como las subsecuentes, les sean practicadas por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en lo establecido por el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de quince de agosto del presente año. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente y el incidente de suspensión son conservables dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, aplicado por analogía, pues aunque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se concedió la suspensión de plano, mientras que en el incidente de suspensión se negó y se concedió la suspensión definitiva solicitada. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 106/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades, sin que se haga necesario librar oficio al Subrepresentante Local del Instituto nacional de Migración y Encargado de la Estancia Provisional, por los motivos apuntados en el ocurso INM/ORCHIH/1410/2023 de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, signado por el Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, adjunto al cual, remite copia de todo lo actuado en el procedimiento administrativo 1380/2023 instaurado al peticionario de amparo, **********. Atento a ello, esta Juzgadora realiza un estudio del asunto que nos ocupa, advirtiendo que se actualizan las causales de improcedencia que a continuación se detallan y por ello se sobresee fuera de audiencia. PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de Marcio Alexi Vásquez Lorenzo, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan:  El C. REPRESENTANTE LOCAL NORESTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA  El C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA Y ACTUAL ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUÁREZ  El C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA DEL INM  EL C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  La inconstitucional privación de la libertad de los quejosos, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita.  La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicados, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano.  El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano.  La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle a los ahora aquí quejosos su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dichas personas buscan regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que les permitiría ser considerados como refugiados dentro del territorio mexicano, no obstante que huyeron de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos.  El estado de hacinamiento insaludable en que tienen a los quejosos, dado que en la estación migratoria en que se encuentran ilegalmente detenidos y alojados no existen las condiciones mínimas que les permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que los quejosos y otra número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagien en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porten tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expendidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados los quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escaza higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir a los quejosos tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer al suscrito como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que los quejosos desconocen su situación legal en la que se encuentran en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se les impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar sus libertades y colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación de los quejosos, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojados, asegurados, detenidos o retenidos injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se les niegue conceder visa humanitaria, se les impida registrarse en calidad de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se les niegue su petición de ser liberados pese a que no ha cometido delito alguno y se les prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el consecutivo 106/2023-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen o diversa estación migratoria dentro o fuera del Estado de Chihuahua, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación y el estado de hacinamiento; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el treinta de enero de dos mil veintitrés, al haber ratificado el escrito de demanda **********, se admitió a trámite. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, (2) Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, (3) Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y (4) Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todos residentes en esta ciudad: La privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en Honduras; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarle visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Por su parte, el Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, sin que haya lugar a tener por ciertos los actos que se le endilgan, en términos del numeral 115, en relación con el 117 de la Ley de la Materia; pues de las constancias que conforman el sumario se advierte que el justiciable se encontraba a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad; lo que de suyo lleva a concluir la inexistencia de los actos que se le reclaman. II. Por lo que hace a la incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en Honduras; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad, de las constancias que remitieron el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad y la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el certificado médico de ingreso de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se concluyó que se encuentra sano y la prueba rápida de covid-19, arrojó un resultado negativo; autorización de notificación consular suscrita por el promovente; así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente 1380/2023 de veintisiete del citado mes y año, comparecencia de la misma data en la que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia realizada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con Marcio Alexi Vásquez Lorenzo, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, sin golpes visibles. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. QUINTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado respecto del acto que se le endilga, no obstante haber quedado debidamente notificado del proveído de treinta de enero del año que transcurre, a través del ocurso 2281/2023, recibido el treinta y uno de los mismos. Por tanto, acorde a lo establecido por los numerales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. SEXTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda presentada por Isabel Torres Rodríguez, a favor de Marcio Alexi Vásquez Lorenzo, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 2. La agente del Ministerio Público de la Federación, remitió el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las ocho horas del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, del cual se advierte que el quejoso fue puesto en inmediata libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este apartado. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes, para lo cual se giran oficios a las autoridades señaladas como responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, adjunto al cual, remite copia de todo lo actuado en el procedimiento administrativo 1380/2023 instaurado al peticionario de amparo, **********. Atento a ello, esta Juzgadora realiza un estudio del asunto que nos ocupa, advirtiendo que se actualizan las causales de improcedencia que a continuación se detallan y por ello se sobresee fuera de audiencia. PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de Marcio Alexi Vásquez Lorenzo, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan:  El C. REPRESENTANTE LOCAL NORESTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA  El C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA Y ACTUAL ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUÁREZ  El C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA DEL INM  EL C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  La inconstitucional privación de la libertad de los quejosos, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita.  La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicados, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano.  El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano.  La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle a los ahora aquí quejosos su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dichas personas buscan regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que les permitiría ser considerados como refugiados dentro del territorio mexicano, no obstante que huyeron de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos.  El estado de hacinamiento insaludable en que tienen a los quejosos, dado que en la estación migratoria en que se encuentran ilegalmente detenidos y alojados no existen las condiciones mínimas que les permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que los quejosos y otra número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagien en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porten tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expendidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados los quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escaza higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir a los quejosos tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer al suscrito como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que los quejosos desconocen su situación legal en la que se encuentran en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se les impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar sus libertades y colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación de los quejosos, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojados, asegurados, detenidos o retenidos injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se les niegue conceder visa humanitaria, se les impida registrarse en calidad de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se les niegue su petición de ser liberados pese a que no ha cometido delito alguno y se les prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el consecutivo 106/2023-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen o diversa estación migratoria dentro o fuera del Estado de Chihuahua, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación y el estado de hacinamiento; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el treinta de enero de dos mil veintitrés, al haber ratificado el escrito de demanda **********, se admitió a trámite. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, (2) Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, (3) Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y (4) Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todos residentes en esta ciudad: La privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en Honduras; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarle visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Por su parte, el Representante Local Noreste adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, sin que haya lugar a tener por ciertos los actos que se le endilgan, en términos del numeral 115, en relación con el 117 de la Ley de la Materia; pues de las constancias que conforman el sumario se advierte que el justiciable se encontraba a disposición del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad; lo que de suyo lleva a concluir la inexistencia de los actos que se le reclaman. II. Por lo que hace a la incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen en Honduras; el estado de hacinamiento; la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarles visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad, de las constancias que remitieron el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad y la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el certificado médico de ingreso de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se concluyó que se encuentra sano y la prueba rápida de covid-19, arrojó un resultado negativo; autorización de notificación consular suscrita por el promovente; así como solicitud de retorno asistido bajo el expediente 1380/2023 de veintisiete del citado mes y año, comparecencia de la misma data en la que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia realizada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con Marcio Alexi Vásquez Lorenzo, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, sin golpes visibles. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y acto reclamados que quedaron precisados en este apartado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. QUINTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado respecto del acto que se le endilga, no obstante haber quedado debidamente notificado del proveído de treinta de enero del año que transcurre, a través del ocurso 2281/2023, recibido el treinta y uno de los mismos. Por tanto, acorde a lo establecido por los numerales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen. SEXTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se radicó la demanda presentada por Isabel Torres Rodríguez, a favor de Marcio Alexi Vásquez Lorenzo, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 2. La agente del Ministerio Público de la Federación, remitió el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las ocho horas del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, del cual se advierte que el quejoso fue puesto en inmediata libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este apartado. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes, para lo cual se giran oficios a las autoridades señaladas como responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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