Marcelo Rodulfo Trejo
Expediente 779/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Marcelo Rodulfo Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta y toda vez que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.********************Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia.********************Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.********************En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. ********************Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo.********************Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. ********************Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. ********************Notifíquese por lista electrónica.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ********************/2022-VII, promovido por******************** RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el veintinueve, día hábil siguiente, ******************** promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Aclaración de la demanda y posterior admisión a trámite de la demanda. En auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós (foja 124), una vez que el quejoso desahogó cabalmente la prevención que se le formuló en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós (foja 80); se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (foja 154), se ordenó notificar mediante lista, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la aquí parte quejosa reclamó lo siguiente: Del Congreso del Estado de Chihuahua: la aprobación y la expedición del Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E., mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua; específicamente los numerales 75, primer párrafo y 151, fracción I. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación del ordenamiento legal de referencia. Norma que reclama con el carácter de autoaplicativa. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el peticionario del amparo al Congreso y a la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado- para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Así como la tesis V.2º.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por el quejoso es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso; artículos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con relación a la causal de improcedencia de referencia, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se tilda un acto de inconstitucional, su procedencia está sujeta a que cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo, lo que deberá así acreditar. Así, la noción de interés jurídico ha sido ampliamente abordada por el Alto Tribunal, lo que ha dado origen a una diversidad de tesis jurisprudenciales, de las que deriva que tal figura se vincule estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar su cese. El perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Loa anteriores argumentos que dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de texto y rubro siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Así, la afectación y por ende, el interés jurídico, concierne exclusivamente al quejoso demostrarlos, a través de medios de convicción fehacientes, ya que no puede suponerse en base en presunciones; pues, en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquél y no de forma alguna al Juez Constitucional. Lo que se colige de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo, además, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 2002, página 15, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Entonces, en suma, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Ahora bien, tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, a) las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor, causan una afectación al particular, sin necesidad de que exista acto de materialización posterior alguno. Por otro lado, b) las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio, sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Ahora, el quejoso reclama en esta instancia constitucional, como norma autoaplicativa, el Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciséis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado; y, combate en específico, los artículos 75, primer párrafo y 151, fracción I. Ahora bien, el anterior artículo 75 de la Ley de Transporte del Estado, establecía: Artículo 75.- Para el otorgamiento de concesiones, se realizará un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, en los términos de las condiciones que establezca la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. (.) Del que se desprende de forma medular, que para el otorgamiento de concesiones de transporte, se realizaría un concurso entre las personas (físicas o morales) interesadas, siempre que se cumplieran de las condiciones correspondientes. Por otro lado, el primer párrafo del citado artículo, en el Decreto que aquí se reclama, dispone: Artículo 75. El otorgamiento de concesiones se podrá realizar mediante un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien mediante adjudicación directa de la Subsecretaría, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de esta ley, y en los términos de las condiciones que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. (.) De la intelección de dicho dispositivo, se desprende que para el otorgamiento de concesiones de transporte, se realizará un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien, mediante adjudicación directa de la Subsecretaría de Transporte del Estado, previa satisfacción de los requisitos atinentes. Por su parte, el anterior artículo 151, fracción I, de la Ley de Transporte, disponía: Artículo 151.- Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Tratándose de transporte de personal, la Dirección podrá autorizar la utilización de vehículos de una antigüedad de hasta quince años, atendiendo a la revisión físico mecánica que para tal efecto se practique. (.) De tal porción normativa se advierte, esencialmente, que la Dirección de Transporte del Estado podría autorizar la utilización de vehículos para transporte escolar, con una antigüedad no mayor a diez años; y para transporte público de personal, con una antigüedad de hasta quince años, previa revisión mecánica del automotor. Por su parte, dicho numeral es del siguiente contenido, en el Decreto aquí combatido: Artículo 151. Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Se deroga. (.) La reforma reclamada dispone que la utilización de vehículos para el transporte público escolar o de personal (entre otros), no deberá sobrepasar diez años de antigüedad del automotor. Empero, se estima que las porciones reclamadas no ocasionan un agravio en la esfera jurídica del quejoso. Esto es así, ya que el accionante del amparo únicamente aportó como pruebas, copias certificadas de las constancias siguientes: I.- Acuerdo ********************, emitido el veinte de julio de dos mil dieciocho por el Secretario General de Gobierno y el Director de Transporte, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte escolar, en esta ciudad, con una vigencia de veinte años a partir de la fecha de su autorización (hasta el veinte de julio de dos mil treinta y ocho). II.- Acuerdo ********************, emitido el veinte de julio de dos mil dieciocho por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte especial para trabajadores, en esta ciudad, con una vigencia de veinte años a partir de la fecha de su autorización (hasta el veinte de julio de dos mil treinta y ocho). III.- Acuerdo ********************, emitido el veinte de julio de dos mil dieciocho, por el Secretario General de Gobierno y el Director de Transporte, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte escolar, en esta ciudad, con una vigencia de veinte años a partir de la fecha de su autorización (hasta el veinte de julio de dos mil treinta y ocho). IV.- Acuerdo ********************, emitido el veinte de julio de dos mil dieciocho por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte especial para trabajadores, en esta ciudad, con una vigencia de veinte años a partir de la fecha de su autorización (hasta el veinte de julio de dos mil treinta y ocho). V.- Acuerdo ********************, emitido el veinte de julio de dos mil dieciocho por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte especial para trabajadores, en esta ciudad, con una vigencia de veinte años a partir de la fecha de su autorización (hasta el veinte de julio de dos mil treinta y ocho). VI.- Acuerdo ********************, emitido el veinte de julio de dos mil dieciocho por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte especial para trabajadores, en esta ciudad, con una vigencia de veinte años a partir de la fecha de su autorización (hasta el veinte de julio de dos mil treinta y ocho). Documentales a la que se les reconoce valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Sin embargo, esas pruebas resultan ineficaces para justificar la afectación de que se duele el quejoso respecto de la norma que combate en la presente vía constitucional, en virtud de que las mismas, en su caso, únicamente demuestran que cuenta con diversos permisos para prestar el Servicio Público de Transporte Especial Escolar y para Trabajadores, en esta ciudad. Por lo que hace al primer numeral reclamado (75, primer párrafo, de la actual Ley de Transporte del Estado), se colige que no provoca ninguna afectación al peticionario del amparo, pues el mismo, en su nuevo contenido, refiere que para el otorgamiento de concesiones de transporte, se realizará un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien, mediante adjudicación directa de la Subsecretaría de Transporte del Estado, previa satisfacción de los requisitos atinentes. Empero, el aquí quejoso ya cuenta con diversas concesiones, todas ellas vigentes; y, en términos del artículo noveno transitorio de la norma reclamada, se desprende que concesiones otorgadas conforme a la ley anterior fenecerán al termino señalado en su otorgamiento, al concluir su vigencia y el titular podrá solicitar a la Secretaría General de Gobierno la revalidación de su permiso o concesión -sin sujetarse al procedimiento de concurso- siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos para su expedición. Lo que evidencia que, con la mera solicitud y cumplimiento de las pautas para su emisión, el quejoso, de así desearlo, podría solicitar la revalidación de los permisos con que cuenta, para lo cual, se repite, no es necesario que efectúe el procedimiento de concurso para obtenerlas, ni, mucho menos, esperar que se dé con la adjudicación directa de la Subsecretaría de Transporte del Estado. Y, en este juicio de amparo biinstancial, no probó, de forma alguna, que se encuentra interesado en obtener diversa concesión -además de las que se desprende que ya tiene, de los acuerdos de otorgamientos de permisos para prestar el servicio público de transporte especial escolar y para trabajadores, que exhibió en copia certificada-; con la que se le pudiera lesionar su esfera jurídica con la mera entrada en vigor de la norma reclamada, en particular, de la porción en cita. Luego, respecto del restante artículo, el promovente del amparo no probó el agravio personal y directo que le ocasiona la norma combatida -como sería que ejerciera precisamente esos permisos que se le concedieron, consistentes en brindar los servicios de transporte de personal a trabajadores y de transporte escolar- pues no exhibió constancia alguna para demostrar que cuenta con unidades vehiculares propias que los brinden, por virtud de las cuales explote las concesiones de transporte público que le fueron dadas; y, de esa forma, estar en posibilidad de analizar si se encuentra, o no, dentro de la porción normativa transformada en comento. Se insiste, lo único que probó el quejoso es que cuenta con diversos permisos para prestar el Servicio Público de Transporte Especial Escolar y para Trabajadores, en esta ciudad; pero no que las ejerza con vehículo alguno. Se repite, para acreditar el agravio respectivo, era preciso que el quejoso acreditara que está ejerciendo los derechos y obligaciones de la normatividad reformada, demostrando fehacientemente que cuenta con unidades vehiculares propias, con motivo de los permisos que tiene, para brindar los servicios de transporte ya referidos; para estimar, en su caso, que con la sola entrada en vigor del decreto reclamado, resintió algún perjuicio. Al respecto, el quejoso no exhibió documento con que acreditara la propiedad de automotor alguno relacionado con las concesiones, ni, al menos, mencionó unidad vehicular alguna con la que estuviera realizando esas funciones. Por tanto, no acredita encontrarse bajo el supuesto normativo que regula el ordenamiento que tilda de inconstitucional. En ese contexto, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente que las disposiciones reclamadas sean obligatorias desde el momento en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el peticionario del amparo se encuentra en los supuestos que ahí se establecen, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo; lo cual, en la especie, no se demostró. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, Octava Época, página 17 (registro 206625), que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. En consecuencia, es evidente que el quejoso no acreditó gozar de interés jurídico para acudir a instar la protección constitucional; mismo que, como ya se puntualizó, correspondía únicamente a él probarlo -de forma plena y fehaciente- al tener la carga probatoria de ello, y no este órgano jurisdiccional; además, como también ya se acotó, tal elemento no puede inferirse de forma alguna, con base en presunciones. De esta manera, las pruebas invocadas son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento respectivo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia Ley. No es óbice para arribar a tal conclusión, que el peticionario del amparo haya narrado -bajo protesta de decir verdad- los antecedentes de los actos aquí reclamados, pues con ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Finalmente, la aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que abrogó la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones acotadas en el considerado cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del cual se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional relativa al presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que de autos no se advierte que se cuente con los acuses de recibo relativos a los oficios girados a las responsables foráneas, a efecto de que tuvieran conocimiento del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, en el que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, y actuaran conforme al artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, se difiere la audiencia señalada, y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes (incluyendo a las responsables), de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza **********, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, a fin de dar margen a lo anterior y considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la citada audiencia. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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