Marcial Gonzalez Alonso
Expediente 658/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marcial Gonzalez Alonso
Actuaciones
- Principal
causa estado auto qeu desecho demanda de garantías...
- Principal
REPUBLICACION... Vista la demanda de amparo promovida por MARCIAL GONZÁLEZ ALONSO, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con sede en Río Bravo, Tamaulipas y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro uno de juzgado correspondiente a los de juicios de amparo con el número 658/2015-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con los artículos 112 y 113 de la invocada ley, por las consideraciones siguientes. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, como puede verse de la demanda de amparo, el quejoso reclama del Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con sede en Río Bravo, Tamaulipas, y otras autoridades, la orden de detención decretada en su contra, y su ejecución, actos reclamados respecto de los cual refiere en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el veintisiete de julio de dos mil quince. Lo anterior, deja de manifiesto que la acción constitucional intentada por MARCIAL GONZÁLEZ ALONSO, en contra de los aludidos actos, se encuentra fuera del término de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo. Lo expresado por la parte quejosa en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, constituye para quien aquí provee, una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Tal afirmación se sustenta en que si bien es cierto que el artículo 119 de la Ley de Amparo, estable que: "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones.", no menos lo es que, no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Sobre este tópico, conviene mencionar que el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en consulta, establece las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye a través del reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. En efecto, el dispositivo legal invocado con anterioridad, es del tenor siguiente: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." De la transcripción anterior, se distinguen los diversos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa, cuando deriva de la absolución de posiciones, y que prohíbe el artículo 119 de la Ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda o en el escrito aclaratorio de ésta, sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados en el código adjetivo civil federal, por ser aplicable, supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, a la confesión expresa se debe otorgar el valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: "199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De acuerdo con lo expuesto, las manifestaciones de la parte quejosa vertidas en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que desde el veintisiete de julio de dos mil quince, se enteró de que se habían presentado algunas personas al domicilio de su padre porque lo iban a detener o aprehender, constituye para este juzgador una confesión expresa con valor pleno, que por esa razón genera la eficacia convictita de su emisión, con fundamento en lo estipulado en los artículos 199 y 200 del citado código adjetivo aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En ese sentido, si el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de los quince días para la promoción de la demanda de amparo se computará desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución, es claro que el primero de los quince días que tenía la quejosa para la interposición de la demanda de amparo en contra de los actos que nos ocupa, fue el veintiocho de julio de dos mil quince, y concluyó el término correspondiente el diecisiete de agosto del mismo año. Por ello, es evidente que el término de quince días que establece a favor de la parte quejosa el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra los actos de que se ha venido hablando, le transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto del presente año; por tanto, si la demanda que se provee, como se advierte de la papeleta impresa por la oficina de correspondencia común a los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, fue presentada el treinta y uno de agosto del año en curso, es inconcuso que dicha promoción constitucional se realizó fuera del término permitido por el citado numeral, lo que deviene en el consentimiento tácito por parte de la quejosa de los actos que por esta vía reclama, pues dejó transcurrir dicho término sin promover demanda de amparo, siendo que con esta conducta revela su conformidad con tales actos. De modo que al no haber promovido la demanda de amparo la quejosa en el periodo comprendido del veintiocho de julio al diecisiete de agosto del año en curso, en contra de los actos reclamados, es incuestionable que le corrió el término que al efecto establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la misma, siendo claro que, como se dijo, a tales actos les reviste el carácter de consentidos tácitamente, lo que hace improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y sin que en la especie se esté en alguno de los casos de excepción que estipula el primero de los citados preceptos legales. Así es, no pasa inadvertido el hecho de que el quejoso refiere en su demanda que tiene el temor fundado de que se le apliquen golpes, tormentos o incomunicación; sin embargo, como puede advertirse de la demanda de amparo, el quejoso reclama básicamente la orden de detención y su ejecución, actos los cuales, por su naturaleza, no se encuentran en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 15 y 126, primer párrafo, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la detención y su ejecución reclamada, no tienen como consecuencia directa, obligada o forzosa, la incomunicación o malos tratos y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo Siendo aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Por otra parte, ténganse autorizadas de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. A fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por MARCIAL GONZÁLEZ ALONSO, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con sede en Río Bravo, Tamaulipas y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro uno de juzgado correspondiente a los de juicios de amparo con el número 658/2015-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con los artículos 112 y 113 de la invocada ley, por las consideraciones siguientes. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, como puede verse de la demanda de amparo, el quejoso reclama del Agente Primero del Ministerio Público Investigador, con sede en Río Bravo, Tamaulipas, y otras autoridades, la orden de detención decretada en su contra, y su ejecución, actos reclamados respecto de los cual refiere en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el veintisiete de julio de dos mil quince. Lo anterior, deja de manifiesto que la acción constitucional intentada por MARCIAL GONZÁLEZ ALONSO, en contra de los aludidos actos, se encuentra fuera del término de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo. Lo expresado por la parte quejosa en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, constituye para quien aquí provee, una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
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