Marcelo Olan Mendoza y Otros.
Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marcelo Olan Mendoza y Otros.
- Marcelo Olan Mendoza
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le causa agravio, haya recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que ha perdido el derecho que pudo ejercitar en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que no se entrara al estudio de fondo, habida cuenta que en el particular se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Ello así, pues de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de cinco de agosto de dos mil veinte, donde se le dice que el procedimiento se encuentra suspendido en virtud de que la parte demandada no tiene acceso a medios electrónicos, fundándose en el punto cuatro del acuerdo general 15/2020, del Consejo de la Judicatura del Estado, de treinta de julio de dos mil veinte; ello, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 233/2016. Y, respecto de tal acto, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De una interpretación de dicho numeral con el diverso 77 de la Ley de Amparo, se colige que para que se surta esa causal de improcedencia no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo. ........ Por tales motivos, como se dijo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo general 15/2020, del Consejo de la Judicatura del Estado, de treinta de julio del presente año, fue modificado en el aspecto que dio origen proveído aquí reclamado por la parte quejosa, como enseguida se verá: ". Por otra parte, y en referencia al tema de ejecución de sentencias, como bien lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución (.) La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva (.)1. Al respecto, el ya referido artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y faculta al legislador para establecer los plazos en los que deben resolverse los litigios y, por tanto, también a adoptar las medidas que considere necesarias para cumplir ese fin, por lo cual se considera necesario que, se siga impulsando el desarrollo de las diferentes diligencias judiciales, en este caso establecidas en el párrafo tercero del punto de Acuerdo VIGÉSIMO QUINTO del referido Acuerdo General, sobre diligencias de lanzamiento, desalojo o desahucio, señalamiento de bienes para embargo con acceso al domicilio del ejecutado o cualquier otra que implique ejecución aplicando el uso de la fuerza pública como medida de apremio, esto con el fin de dar continuidad a un íntegro derecho de acceso a la justicia en concordancia con el segundo párrafo, del punto de acuerdo DÉCIMO TERCERO del citado Acuerdo General, en el que se señala "(.)Para proceder a la ejecución de algún mandamiento judicial, el juzgador, al emitir los actos encaminados a ello, deberá ajustarse, en todo momento a los principios de absoluta necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y precaución", asimismo se deberá tomar en consideración la situación actual en la entidad en la que diferentes municipios aún son considerados en fase I por las autoridades sanitarias, por lo que se deberán adoptar las medidas sanitarias para la realización de dichas diligencias. .......... Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Aplica a lo aquí determinado, por similitud de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J 6/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1107, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Así como la diversa jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la propia Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el secretario José Luis González Arredondo, quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito del quejoso Marcelo Olán Mendoza, a través del cual ocurre a desistir del presente juicio; por tanto, este juzgador debe cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el presente procedimiento. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso d), y 63, fracción I, de la Ley de Amparo requiérase al nombrado quejoso a fin de que entable comunicación a través de una video llamada de "whatsapp", al número 8991139774, previa identificación oficial vigente, a efecto de ratificar y reconocer el contenido y firma del ocurso de referencia o bien podrá hacerlo ante la presencia de un funcionario con fe pública; y una vez hecho lo anterior, se proveerá lo conducente respecto del desistimiento; con el apercibimiento que de no ratificar el ocurso de cuenta, se continuara con el trámite del presente juicio. Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario de Acuerdos encargado del trámite del presente asunto, para que previa identificación del quejoso, practique la mencionada diligencia y levante acta circunstanciada de dicha diligencia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 295, del Tomo XXIV, Agosto de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." (lo subrayado es propio) Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud que de autos se advierte que no ha sido emplazado a juicio el tercero interesado Miguel García Norato. Para dar oportunidad a que el tercero interesado sea legalmente emplazado, y así esté en posibilidad de comparecer a juicio y no dejarlo en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo.
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