Marcelo Najera Cedillo
Expediente 144/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Marcelo Najera Cedillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella a toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es depurable, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Estado de Durango, con sede en Durango, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que, en el término de tres días legalmente computado, una vez que cause ejecutoria la presente resolución: 1. La autoridad responsable dé respuesta congruente a lo solicitado por el quejoso y se la notifique personalmente." Ejecutoria. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Estado de Durango, con sede en Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Mediante resolución contenida en el oficio DPSH/OP/1036/2022 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio respuesta a lo solicitado por el quejoso Marcelo Nájera Cedillo, y lo notificó personalmente al interesado. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de once de febrero del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, emitió la resolución contenida en el oficio DPSH/OP/1036/2022 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable dio respuesta a lo solicitado por el quejoso Marcelo Nájera Cedillo, y lo notificó personalmente al interesado. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. En otro entorno, notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con el promovente, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a once de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexos que remite la autoridad responsable, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el oficio que remite la autoridad responsable, y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo no obstante los múltiples requerimientos que se les ha efectuado a través de diversos medios de comunicación. Efectiva multa. En ese contexto, toda vez que existe una dilación considerable por parte de las autoridades Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de Durango, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Durango, Durango y al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado De Coahuila, con residencia en Saltillo, en acatar el requerimiento que les fue formulado, se hace efectivo el apercibimiento de multa equivalente a cien días de Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo), en consecuencia, hágasele del conocimiento a la Administración Local de Recaudación de Torreón, del Servicio de Administración Tributaria, para que haga efectiva la multa decretada en el domicilio oficial del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de Durango, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Durango, Durango y al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado De Coahuila, con residencia en Saltillo, o bien en caso de localizarlos en su recinto oficial, se le autoriza para haga las investigaciones necesarias del domicilio particular o cualquier otra diligencia para que haga efectivo el cobro de la multa impuesta, conforme a las disposiciones en materia fiscal federal; lo anterior con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Así, con el objeto de tener conocimiento respecto del auxilio solicitado, se requiere a la Administración Local de Recaudación, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a que quede debidamente notificada del proveído, informe las gestiones realizadas para el cobro de la multa, apercibida que de no acatar el mandato, se hará acreedora a una multa de diez días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 238, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se solicita de nueva cuenta a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de Durango, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en Durango, Durango y al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado De Coahuila, con residencia en Saltillo, para que cumplan con dicha ejecutoria dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que hayan quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, remitan las constancias en copia certificada que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente expediente, esto es, remita a este juzgado la respuesta a la petición del quejoso así como su notificación, ya que únicamente así se restituirá en su totalidad en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa, lo anterior, ya que está obligada a realizar, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y por ende, está sujeta a las mismas responsabilidades que la ley de la materia establece tratándose de la falta de cumplimiento y ejecución de las ejecutorias de amparo. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por doscientos, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Inejecución. Ahora, no escapa a consideración de este juzgador, la multiplicidad de requerimientos efectuados y tomando en consideración la conducta contumaz que ha tenido las autoridades, se les informa que este es el último requerimiento para efectos de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia. Notifíquese.
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