Marcelo Fulgencio Gomez Ganem
Expediente 1165/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Marcelo Fulgencio Gomez Ganem
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y al tercero interesado CFE Suministrador de Servicios Basicos por conducto de quien legalmente lo represente. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Como autoridad responsable señalo al C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL EN LA LAGUNA, con domicilio residencial en esta ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada como responsable reclamo el auto de fecha dos de octubre de 2019, del que tuve conocimiento el 3 de octubre de 2019. Auto que impugno solo en la parte que establece como requisito de eficacia para que surta efecto la medida cautelar una cantidad exorbitante que resulta igual a la cantidad que sin motivación ni justificación legal alguna me pretende cobrar la demandada en el juicio natural." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, fue admitida a trámite, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en este caso se reclama un acto dictado por una autoridad residente en esta localidad, lugar donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: i. El proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio oral mercantil 766/2019-C del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con residencia en esta ciudad, en la parte que establece los requisitos de efectividad para que surta efectos la medida cautelar solicitada por Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, contra Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se tratan, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con residencia en esta ciudad, dado que al rendir su informe justificado reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Lo que se encuentra corroborado con las documentales enviadas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 766/2019-C, a las que por tener la calidad de documento público se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, el suscrito no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión Judicial. Ante todo, cabe decir que de las constancias que integran el expediente, se advierte que mediante escrito de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, demandó en la vía oral mercantil a Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, lo siguiente (foja 11): "A).- La declaración judicial de este tribunal de que resulta nulo por ser un acto ilícito el Formato de ajuste con número 2620/2019 expedido por CFE Suministrador de Servicios Básicos, con supuesta FALLA O ERROR DE MEDIDCIÓN, respecto al RPU602020301692, cuenta 82DC22A01920650, TARIFA 9N, por un importe Total de $573,129.00 pesos moneda nacional. B).- Para que se le condene al pago de los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio." Solicitando en el mismo escrito de demanda como medida cautelar la siguiente (foja 16): "MEDIDA CAUTELAR Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio por disposición expresa del numeral 1054, de tal ordenamiento legal solicita la medida cautelar con el objeto que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran respecto de los efectos del contrato de suministro de energía eléctrica, cuyo cumplimiento reclamo, esto es, que no se deje de suministrar el citado servicio, tomando en consideración que la materia de este juicio es precisamente el cumplimiento del contrato por parte del actor y el incumplimiento de la demandada, podrían causar daño irreparable al actor en virtud de que no podrían causar daño irreparables al actor en virtud de que no podrán otorgarse de manera retroactiva el servicio que el actor haya dejado de recibir mientras subsiste el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo invocado, solicito se conceda la medida cautelar para el efecto de que, continúe surtiendo efectos el contrato correspondiente, lo que implica que no se suspenda el servicio y en caso de que se haya suspendido sea reinstalado el mismo, siempre y cuando el actor realice los pagos que le correspondan y únicamente respecto del contrato relativo al número de servicio RPU 608020301692.Sin que resulte necesario fijar garantía a la parte actora conforme al numeral 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues no se advierte que con la citada medida se generen perjuicios a la demanda, pues recibirá el pago correspondiente por el servicio que presta al actor." En ese sentido, el juzgado responsable, el dos de octubre de dos mil diecinueve, entre otras cosas, concedió la medida cautelar solicitada por la parte actora en el juicio de origen, de la siguiente manera (foja 56 a 57): "7. Medida cautelar. La parte actora solicita la medida cautelar consistente en que no sea suspendido el suministro de energía eléctrica en el número de servicio RPU 608020301692. 7.1. Finalidad de la medida cautelar. La finalidad de la medida cautelar solicitada por el promovente tiene por objeto que subsista el servicio de energía eléctrica, y el mismo no sea suspendido hasta en tanto el actor justifique encontrarse al corriente de sus consumos mensuales y a partir de eso se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran respecto de los efectos del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre las partes; esto es, que no se deje de prestar el citado servicio. 7.2 Concesión de la medida cautelar. En consecuencia, tomando en consideración que la medida del presente juicio es precisamente el cumplimiento del contrato por parte del actor y, en su caso, el incumplimiento de la demandada, lo que podría causarle daños irreparables al no poder otorgarse de manera retroactiva el servicio de energía eléctrica que haya dejado de recibir mientras subsiste el juicio. Con fundamente en lo dispuesto por el artículo 384, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del número 1054 del Código de Comercio; se concede la medida cautelar solicitada, para el efecto de que continúe surtiendo efectos el contrato respectivo, lo que implica que subsista el servicio de energía eléctrica al actor. Robustece lo que antecede, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia 27/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (.) Lo anterior, siempre y cuando a la fecha de la notificación a la parte demandada del auto en que surte efectos la providencia de que se trata de servicio de energía eléctrica siga siendo prestado a la parte actora. 7.3 Requisitos de efectividad. Toda vez que, contrario a lo manifestado por el promovente, a criterio de este órgano jurisdiccional el otorgamiento de la medida cautelar de que se trata si podría causar daños y perjuicios al patrimonio de la parte demandada la providencia precaturoria de que se trata surtirá sus efectos siempre y cuando la parte actora, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, exhiba para los efectos legales conducentes, a nombre de este juzgado federal pero a favor de la parte demandada, la suma por concepto de adeudo, en billete de depósito o póliza de fianza. Además, dicha providencia dejara de surtir efectos si la parte actora no realiza a la parte demandada los pagos del suministro de energía eléctrica que consuma, en los plazos y términos convenidos en el contrato de origen." (.) Por su parte, el quejoso sostiene que el acto reclamado, transgrede los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, virtud que: a) El auto de dos de octubre de dos mil diecinueve carece de fundamentación, motivación, legalidad y debido proceso. b) Que la autoridad responsable estableció como requisito de eficacia para que surta efectos la medida cautelar solicitada, una cantidad igual a la que pretende cobrarle la parte demandada, lo cual -refiere- corresponde al juez del conocimiento resolver en la sentencia definitiva, no en el momento de resolver respecto de la medida cautelar , ya que, -indica-, de hacerlo de esta manera, desnaturalizaría el juicio oral mercantil, que tiene una tramitación regulada por el Código de Comercio para controvertirlo en un juicio ejecutivo mercantil, sin que en el caso exista un título de crédito o prueba pre constituida suscrita y aceptada por las partes que amerite empezar por la ejecución. Refiere también el quejoso, que el juzgado responsable no debió fijar como requisito de eficacia de la medida cautelar, la exhibición de una garantía por una cantidad igual a la que le reclama la parte demandada, en virtud que - manifiesta- si lo que se pretende es garantizar los perjuicios que pudiera resentir la demandada por la falta de pago de la cantidad reclamada, debió fijarse en un 6% (seis por ciento) anual que es el interés legal previsto en el Código de Comercio, y que corresponda a seis meses que como plazo razonable se establezca para la resolución del juicio. Los sintetizados conceptos se estiman fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso a estudio, señala el quejoso como acto reclamado el auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, resaltando que lo impugna únicamente en la parte en que el juez responsable establece como requisito de eficacia para que surta efecto la medida cautelar, exhiba la cantidad de $573,129.00 (quinientos setenta y tres mil ciento veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de adeudo. Bajo ese esquema, este juzgador considera pertinente precisar a manera de preámbulo, en qué consisten las medidas cautelares a fin de tener un panorama más amplio en el estudio del presente asunto. Pues bien, las medidas cautelares se definen como los instrumentos que puede ordenar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para asegurar o mantener situaciones de hecho o de derecho, a efecto de hacer eficaz el fallo que eventualmente acoja la pretensión de quien las obtuvo, así como los daños irreparables o de difícil reparación que se le pudieran causar por la necesaria dilación del procedimiento. Cuando las medidas cautelares dirigidas a mantener una situación de hecho resulten acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva, el juzgador puede impedir que se defrauden derechos de terceros o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que, en función de los principios que rigen a aquéllas, cuando quien acredite tener interés legítimo para solicitarlas formule la petición atinente, el juzgador en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la medida cautelar dirigida a mantener una situación de hecho, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a emitirse en el juicio. Asimismo cabe decir, que las medidas cautelares, deben adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso, pues estas medidas deben ser flexibles incluso con posibilidad de modificación según se necesite en el procedimiento en que se emitan; además, al otorgarlas, el juez debe fundarlas y motivarlas debidamente, así como en cuanto a las garantías que se exijan, a fin de evitar abusos de las partes que las soliciten. Esta interpretación es acorde con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo constitucional en comento, como por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, en los juicios mercantiles se pueden decretar medidas cautelares o providencias precautorias para mantener una situación preexistente, en virtud de que este tipo de instrumentos son inherentes al derecho a la jurisdicción, al tener la finalidad de hacer eficaces las sentencias de los jueces tal como está previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Precisado lo anterior, de la lectura del auto impugnado en esta instancia constitucional, se advierte que en atención al escrito de demanda suscrito por la parte actora aquí quejosa y a solicitud de la misma, el juez federal responsable, con fundamento en el artículo 384 del Código de Comercio, aplicado de manera supletoria en términos del numeral 1054 del citado código, tuvo a bien conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que subsista el servicio de energía eléctrica, y el mismo no sea suspendido, atendiendo a que el cumplimiento del contrato por parte del actor es precisamente la materia del juicio y en su caso el incumplimiento por parte de la demandada, lo que podría causarle daños irreparables al no poder otorgarse de manera retroactiva el servicio de energía eléctrica que haya dejado de recibir mientras subsiste el juicio. De lo que se colige, que el juez responsable cumplió hasta esta parte del acuerdo impugnado, con los derechos que acogen los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues al efecto fundó y motivó la concesión de la medida cautelar solicitada, en términos del artículo 384 del Código de Comercio; citando al efecto la jurisprudencia con número de registro electrónico 2003884 de rubro "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007)." Sin embargo, la porción del acuerdo combatido relativa a los "Requisitos de efectividad", carece de la debida fundamentación y motivación a que aluden los numerales 14 y 16 constitucionales, en detrimento del quejoso. Al respecto se estima pertinente tener presente el contenido del artículo 16 de nuestra Carta Magna, que, en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". El citado precepto acoge el derecho humano de seguridad jurídica o legalidad que todo acto de autoridad debe colmar, el cual se traduce en que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Ciertamente todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, lo cual debe entenderse de la siguiente forma: a) La fundamentación constituye el deber de la autoridad de citar el o los preceptos legales en los que se sustente la determinación adoptada; y b) La motivación es expresar las razones de hecho que llevan a la autoridad a emitir el acto de molestia. Estos dos aspectos deben ser adminiculados a través de un juicio silogístico con el objeto de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, pues la exigencia de fundar en ley y motivar con base en los hechos tiene como propósito que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen y la ley que condujo a la autoridad a emitir en su contra el acto de molestia, a fin que esté en aptitud de atacarlos si considera que dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien si los hechos no fueron acordes con la motivación citada; es decir, tal garantía tiende a que el gobernado comprenda el hecho que se le imputa y la ley que prohíbe la conducta observada, y para que en ejercicio de sus prerrogativas impugne el acto de molestia. Tal y como se ha establecido en la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 166, tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la constitución federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Así como en la tesis de jurisprudencia número 43, establecida en la página 769, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, marzo de 1996, de texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento". En efecto, de la lectura de la mencionada porción impugnada, se advierte que el juez de origen consideró que contrario a lo manifestado por el promovente, a criterio de ese órgano jurisdiccional, el otorgamiento de la medida cautelar de que se trata si podría causar daños y perjuicios al patrimonio de la parte demandada la providencia precautoria de que se trata, y por tanto, surtiría sus efectos siempre y cuando la parte actora, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada de ese proveído, exhibiera para los efectos legales conducentes, a nombre de ese juzgado federal pero a favor de la parte demandada, la suma por concepto de adeudo, en billete de depósito o póliza de fianza, que en el caso lo es $573,129.00 (quinientos setenta y tres mil ciento veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de adeudo. Sin que se advierta que haya fundado ese requisito de efectividad, en el sentido de citar los preceptos legales que lo facultan para exigir previamente garantía bastante para el otorgamiento de la medida cautelar y asegurar su pago a su juicio, en virtud de que si bien precisó que el otorgamiento de la medida cautelar podía causar daños y perjuicios al patrimonio de la parte demandada, sin embargo, no se citaron los preceptos legales relativos a ello. Lo anterior es así, en tanto que los artículos 387 y 388, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria al Código de Comercio, en términos del artículo 1084 de la citada codificación, disponen: "ARTICULO 387.- En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete." "ARTICULO 388.- La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita." Aunado a lo anterior, acorde con los derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se debe en el caso a estudio, atender a la naturaleza del juicio de que se trata, en el sentido de hacer un análisis de la prestación que se reclama, así como tomar en consideración el documento en que la parte actora basa su pretensión, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debiendo ponderar el juez responsable si la medida cautelar dirigida a mantener una situación de hecho, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a emitirse en el juicio. Lo cual al no haberse realizado hace que el auto sujeto a escrutinio, en la parte que se impugna (requisitos de efectividad) no se encuentre debidamente fundado y motivado. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia PC.I.C. J/94 C, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2979, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2020903, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 17 CONSTITUCIONALES. En los juicios mercantiles se pueden decretar medidas cautelares o providencias precautorias para mantener una situación preexistente, en virtud de que este tipo de instrumentos son inherentes al derecho a la jurisdicción, al tener la finalidad de hacer eficaces las sentencias de los Jueces tal como está previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Así la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 a los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio, no tuvo la intención de impedir que en los juicios mercantiles se decreten las medidas o providencias cautelares necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias, ya que su propósito se concretó a la interpretación de reglas claras y precisas que permitan a los acreedores obtener el cobro efectivo de sus créditos insolutos, mediante la radicación de personas o la retención de bienes. De esta manera, el texto reformado del artículo 1168, primer párrafo, invocado, que establece: "En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código y que son las siguientes: (...)", no debe interpretarse con un criterio de simple literalidad, pues resultaría ser prohibitivo frente al deber del Juez ordinario de conservar subsistente la materia del juicio, lo que, desde luego, vulneraría los derechos fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con su artículo 1o.; no obstante, una interpretación funcional y conforme de aquel numeral da la pauta para advertir que se trata de una norma taxativa al prever dos supuestos aplicables a determinada situación de hecho, lo cual, sin embargo, no restringe la posibilidad del juzgador de que en cumplimiento de su función en relación con el otorgamiento y procedencia de las diferentes medidas cautelares, deben adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso, pues estas medidas deben ser flexibles incluso con posibilidad de modificación según se necesite en el procedimiento en que se emitan; además, al otorgarlas, debe fundarlas y motivarlas debidamente, así como en cuanto a las garantías que se exijan, a fin de evitar abusos de las partes que las soliciten. En tal virtud, tal interpretación es acorde con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo constitucional en comento, como por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Asimismo, en lo conducente, la tesis I.12o.C.15 C, del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2188, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 2015970, que establece: "MEDIDAS CAUTELARES DIRIGIDAS A MANTENER UNA SITUACIÓN DE HECHO. ES POSIBLE DECRETARLAS EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL, A PETICIÓN DEL INTERESADO, SIEMPRE QUE ACREDITE TENER INTERÉS LEGÍTIMO PARA SOLICITARLAS Y EL JUEZ HAGA UN EXAMEN PRELIMINAR DEL DERECHO ALEGADO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. De la interpretación conforme de los artículos 235, 238 y 239 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con los artículos 18 y 19 del Código Civil para esta ciudad, se infiere que el juzgador cuenta con amplias facultades para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del juicio, así como para evitar que se defrauden derechos de terceros y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas de la legislación adjetiva civil mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de asegurar la ejecución material de la sentencia y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales y evitar que se defrauden derechos de terceros durante la secuela procesal del juicio natural. Ahora bien, para la consecución de dichos objetivos, el juzgador puede adoptar las medidas que estime pertinentes, sin que el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, lo autorice para dejar de resolver lo solicitado. En ese sentido, cuando las medidas cautelares dirigidas a mantener una situación de hecho resulten acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva, el juzgador puede impedir que se defrauden derechos de terceros o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que, en función de los principios que rigen a aquéllas, cuando quien acredite tener interés legítimo para solicitarlas formule la petición atinente, el juzgador en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la medida cautelar dirigida a mantener una situación de hecho, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de terceros, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a emitirse en el juicio ordinario civil. Por lo que, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, para los efectos que se precisan en el apartado subsecuente. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en los artículos 74 y 77, de la Ley de Amparo, se precisa, el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con residencia en esta ciudad, deberá: a) Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio oral mercantil 766/2019-C, únicamente por lo que hace al punto 7.3 atinente a los "Requisitos de efectividad"; y, b) Con libertad de jurisdicción, dicte otro acuerdo en el que funde y motive el requisito de efectividad de que se habla para que surta efectos la medida cautelar concedida, atendiendo a lo aquí considerado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marcelo Fulgencio Gómez Ganem, contra el acto reclamado al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último apartado de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 912/2018-IVB, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 149/2019, en la cual resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia de la revisión, SE MODIFICA la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 912/2018. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Gloria Carolina Valdez Zamarripa, en contra de los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3), 184 a 188 y Tercero Transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, así como de las autoridades indicadas en el resultando primero de la sentencia sujeta a revisión, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Efectos de la concesión del amparo. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos 79, fracción II, inciso 1), 79-A, 82, fracción II, inciso 3), 184 a 188 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila que nos ocupa. 2. Se dejen insubsistentes los cobros de derechos por servicios registrales, con folios 759522818 y 759522863, los cuales se calcularán con base en la cuota mínima establecida en el numeral 79-H, es decir, por el monto de $362.00 (trescientos sesenta y dos pesos) por ambos conceptos. 3. Hecho lo anterior, procedan a devolver las diferencias de los pagos realizados por la parte quejosa, al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en eta ciudad, los cuales constan en el recibido indicado. 4. Asimismo, deberán devolverle las cantidades erogadas respecto a: "fomento a la educación y a la seguridad" e "impuesto adicional". 5. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas". Requerimiento. Ahora bien, las autoridades que hubieren realizado actos materiales de ejecución del acto reclamado, son a quienes corresponde el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con dicha ejecutoria dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que haya quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, y remita las constancias en copia certificada que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Aviso cambio titular. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez.
- Incidental
Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a los requerimientos indicados en auto de diecisiete de octubre del año en curso, a fin de subsanar el exceso en la ejecución de la sentencia de amparo. Acuerdo. Al respecto, dígase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, que deberá dar cumplimiento al requerimiento para subsanar los defectos de la ejecución de la sentencia, pues aunque sí realizó la devolución de los montos que precisa en favor de la parte quejosa, en el caso tales cantidades no se encuentran justificadas, dado que comprenden el monto integró de los conceptos objeto del fallo protector, sin considerar el estímulo fiscal que le fue aplicado al quejoso y que por lógica impacta en la cantidad a devolver. Es decir, devolvió la totalidad de las cantidades que aparecen por la aplicación de los artículos 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aun y cuando el quejoso no liquidó totalmente esos derechos debido al estímulo fiscal ya mencionado. Asimismo, se advierte que regresó los conceptos por las contribuciones de Fomento a la Educación y Seguridad e Impuesto Adicional, sin haberlas calculado en proporción a lo que corresponde por la aplicación de los 79-A y 82-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Requerimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con domicilio en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, subsane los defectos en la ejecución de la sentencia de amparo, acorde a los lineamientos que le fueron precisados en la resolución de veintiocho de junio de este año. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a... de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Superior Jerárquico. Se ordena notificar a las autoridades Gobernador Constitucional, Secretario de Finanzas y Administrador Fiscal General, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en su carácter de superiores jerárquicos de la autoridad responsable, para que le ordenen subsanar los defectos en la ejecución de la sentencia; apercibidos en los propios lineamientos decretados para su subalterno. Notifíquese.
- Principal
Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las probanzas que adjuntó, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Notifíquese.
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