Marcelo Coatl Coatl

Expediente 1246/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1246/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Marcelo Coatl Coatl

Actuaciones

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda y escrito aclaratorio, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1246/2019-A, promovido por Marcelo Coatl Coatl, en representación de la persona menor de edad C.C.C., contra el acto que reclama de la autoridad Agente del Ministerio Público de la Tercera Mesa de Trámite de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, consistente en la omisión de dictar medidas de protección a efecto de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de la menor de edad C.C.C., dentro de la carpeta de investigación 5868/29019/UVFYDG o 5868/2019/UVFYDG. CUESTIONES PRELIMINARES. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, consistentes en: La omisión de dictar medidas de protección a efecto de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de la menor de edad C.C.C., dentro de la carpeta de investigación 5868/29019/UVFYDG o 5868/2019/UVFYDG. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Antes de establecer los efectos de la suspensión provisional solicitada, es preciso realizar las siguientes consideraciones en torno al particular derecho humano denominado "interés superior del menor". De acuerdo con los precedentes que ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores, previstos en el artículo 4o. de la Constitución Federal, interpretación que encuentra respaldo en un argumento teleológico. En el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o, se reconoció expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos de los menores de edad. Asimismo, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es un principio orientador de la actividad interpretativa, relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a ellos en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de niñas, niños y adolescentes, el interés superior de la niñez demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." En la práctica, debe señalarse que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que resulta necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y, paralelamente, determinarlo en concreto en los casos correspondientes, de ahí que estuviera estructurarlo en varias zonas. Al respecto, el más alto Tribunal determinó la existencia de una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima, por ejemplo, la protección de la afectividad del menor. Asimismo, una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado, imaginemos la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una persona causante de malos tratos, por tanto, es evidente que tal concesión es contraria al interés superior del menor. Y en tercer y último lugar, el Supremo Tribunal Constitucional destacó la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor -y obtener un juicio de valor-, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos; mismo que varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. El derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor, para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes habrían de determinarlo moviéndose en esa zona intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales. De ese modo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un infante, los siguientes: a) Se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) Se debe mantener, si es posible, el status quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que, para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez, o la autoridad correspondiente, tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. Constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, nuestro más Alto Tribunal ha concluido que todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. Criterio que vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Ahora, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, atento al principio de la apariencia del buen derecho que rige en materia de suspensión del acto reclamado, al igual que al interés superior del menor, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, para el efecto de que inmediatamente el agente del Ministerio Público responsable, bajo su más estricta responsabilidad, dicte las medidas de protección pertinentes, a efecto de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de la menor de edad C.C.C., dentro de la carpeta de investigación 5868/29019/UVFYDG o 5868/2019/UVFYDG, en base a los datos de prueba que obran en dicha indagatoria; hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Y, en caso de determinar que no es procedente la imposición de alguna medida de protección a la menor de edad C.C.C., justifique lo anterior, exhibiendo las documentales correspondientes. Es así, pues el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, y la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia de la suspensión del acto. Con lo cual, también se atiende al interés superior de los menores; pues se preservan no sólo los derechos de éstos, sino en general la materia del juicio. Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia y tesis siguientes: "SUSPENSIÓN. PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". (Número I.3o.A. J/44, visible a foja 27, tomo 76, correspondiente al mes de abril de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño" (Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIM Julio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA. Si el agente del Ministerio Público responsable determina poner en custodia de la menor al quejoso Marcelo Coatl Coatl, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente Marcelo Coatl Coatl a fin de que informe lo siguiente: 1. El domicilio donde ejerce la custodia de la menor de identidad reservada C.C.C.; 2. Las condiciones físicas en las que se encuentra dicha menor; 3. Las actividades que realiza la menor, entre ellas, su asistencia a la escuela en donde estudia; y, 4. Dicho informe deberá remitirlo semanalmente (lunes), el cual deberá ser ratificado personalmente por el promovente Marcelo Coatl Coatl ante este órgano jurisdiccional; hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva solicitada. Se apercibe al promovente que de no hacerlo, se dejará sin efectos la suspensión concedida. La medida cautelar ahora decretada, no implica que se paralice la integración de la averiguación previa de origen. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable, para que, en su caso, una vez que haya dado cumplimiento a la medida de protección que corresponda, de inmediato exhiba las constancias conducentes que acrediten su dicho; y, se le hace saber que la licenciada Romina Ortiz Avila, es la secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional el presente día, quien cuenta con teléfono móvil 2221550401 y correo electrónico romina.ortiz.avila@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información. El otorgamiento de la suspensión para que se dicten las medidas de protección pertinentes, a efecto de salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de la menor de edad C.C.C., no deja sin materia el juicio de amparo principal; pues en su caso, será en el juicio constitucional donde se decidirá sobre la legalidad de las medidas de protección que se lleguen a imponer, pues la apariencia del buen derecho no prejuzga sobre la legalidad de aquella resolución. INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda y escrito aclaratorio a la autoridad señalada como responsable, y requiérasele su informe previo, que deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen; 2. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y, 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrá rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, mismo número donde podrá confirmar su envió. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe previo o lo haga sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental; ello atendiendo a que el veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, es considerado como inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Además, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas en copia certificada, con las cuales acreditó su personalidad; mismas que se ordenó su cotejo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la autoridad responsable y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADO. Se hace constar que la parte quejosa no designó autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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