Marcelino Rocha Sanchez

Expediente 1665/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1665/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2017

Partes del expediente

  • Marcelino Rocha Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito. Ahora bien, del informe que rinde la citada autoridad responsable se advierte que el proceso penal 10/2015 de su índice, ya fue remitido al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y al efecto, acompaña fotocopia certificada del acuse de recibo del oficio 1782/2016 de dieciséis de diciembre del actual, del que se advierte el sello de recibido del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, de veintiuno de diciembre pasado, de lo que toma conocimiento el suscrito Secretario encargado del despacho para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) Atinente a la citada causal de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 ha señalado para que se actualice es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado una sentencia protectora. Es conveniente establecer que mediante escrito recibido en este juzgado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo a Marcelino Rocha Sánchez, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. Actos, que hizo consistir en: "a).- ÚNICO. Del C. Juez Municipal en Materia Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, con domicilio bien conocido en la Ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla, reclamo: Su ilegal omisión para devolver los autos original y duplicado del Proceso Número 10/2015 del índice del Juzgado Municipal en Materia Penal de San Martin Texmelucan, Puebla al Juzgado Penal de Huejotzingo, Puebla" (foja 2). Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio número 1782/2016 de dieciséis de diciembre del actual, remitió la causa penal 10/2015 de su índice al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, lo que se desprende del referido oficio, pues en él obra el sello de recibido de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. De lo que se sigue que, han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si la pretensión del quejoso, era que se estudiara la omisión del juez responsable de remitir la causa penal 10/2015 de su índice al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; se tiene que al haber remitido la misma, entonces, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No pasa inadvertido para el suscrito Secretario encargado del despacho que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento de la autoridad tercero interesada, misma que se reservó en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 11 a 14); sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este auto, pues dado el sentido del mismo (sobreseimiento fuera de audiencia), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y anexo, mediante el cual remite el diverso oficio signado por la Agente del Ministerio Público Titular adscrita a la Unidad Norte del Sistema Tradicional, Mesa Siete de Trámite, por el cual remite las constancias solicitadas en auto de once de este propio mes de noviembre. En el caso de las constancias existentes en autos se advierte, lo siguiente: - En auto de siete de octubre de esta anualidad, se agregó la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remitió el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad 24/2016, donde declaró fundado dicho recurso. - Derivado de lo anterior se requirió a la Agente del Ministerio Público responsable el pleno acatamiento del fallo protector aquí dictado, lo cual le fue notificado el diez de octubre pasado (foja 436). - Por oficios presentados en este Juzgado el diecisiete y veinte de octubre del actual (fojas 421 a 423 y 429 a 433), la responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dejando sin efecto la anotación marginal realizada como medida cautelar en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I, que es uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. - Asimismo, en proveído de veintisiete de octubre pasado (fojas 445 y 446), se requirió informe a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Tecali de Herrera, Puebla, para que acreditara que dejó insubsistente la anotación marginal realizada como medida cautelar derivada de la averiguación previa 73/2015/7APUE/DMZN-I del índice de la Agencia del Ministerio Público responsable. - Requerimiento que cumplimentó dicho Registrador en auto de siete de este propio mes de noviembre, del cual se advierte la existencia del oficio número 1081/2016 (foja 459), mediante el cual la fiscal responsable volvió a ordenar la anotación marginal al predio afecto como medida cautelar en la referida indagatoria. - Finalmente, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa y de las constancias de autos, en proveído de once del mes y año que transcurren (fojas 471 y 472), se requirió a la Agente del Ministerio Público responsable, copia certificada completa y legible de todo lo actuado en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I, desde el diez de octubre de dos mil dieciséis; data en que se le notificó el requerimiento para que cumpliera con la ejecutoria de amparo del presente juicio para analizar efectivamente el cumplimiento dado a la presente ejecutoria. Sin embargo, de las constancias que se remiten, las cuales se agregaron en este auto, se advierte que la autoridad responsable dictó un diverso acuerdo el trece de octubre del actual (fojas 497 a 501), en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I, en el que insistió en la anotación marginal al predio afecto, girando el oficio 1081/2016 de esa misma data al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Tecali de Herrera, Puebla, a efecto de que no se puedan realizar actos de traslado de dominio sobre el mismo. Por lo anterior, se evidencia en términos del artículo 193 segundo párrafo de la Ley de Amparo, incumplimiento por parte de la Agente del Ministerio Público responsable, al retrasar la ejecución del fallo protector del presente juicio de amparo, al sólo remitir ante este órgano de control constitucional constancias en el sentido de que dejó sin efecto la anotación marginal y no remitir las diversas en las que insiste en la anotación marginal, cuando estaba obligada a remitir toda constancia relacionada al efecto concesorio aquí dictado; retardando así el cumplimiento de la sentencia amparadora, ya que fue necesario que este Juzgado Federal le requiriera dichas constancias, para advertir la irregularidad destacada en el párrafo que antecede. Se estima así, ya que a juicio de esta Juzgadora, la actuación de la Fiscal responsable es evasiva respecto al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, configurándose así la hipótesis contenida en el numeral 193 de la Ley de la materia, ya que se encontraba constreñida a remitir a este Juzgado Federal toda constancia dictada en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I, que tuviera relación con la ejecución de este juicio, y al no informar que había dictado el acuerdo el trece de octubre del actual -donde insiste con la anotación marginal-, da lugar a una actuación omisiva; pues si bien ha mandado constancias para acreditar el cumplimiento, en esta última ocasión fue incompleta, lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional a estudiar dicho acuerdo, y hacer el pronunciamiento respectivo, trayendo como consecuencia un retraso injustificado en la ejecución de la presente sentencia; aunado a que tampoco ha cumplido con los extremos de la concesión. Sin que se soslaye, que la autoridad responsable dio parcial cumplimiento a la ejecutoria de amparo dado que conforme al sistema que prevén los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables, merced a la sentencia protectora, se materialicen en sus términos de manera completa y exhaustiva, y no solamente que se realicen actos parciales para su consumación. Lo anterior de conformidad, con la Jurisprudencia P./J. 58/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, tomando en cuenta que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; no ha lugar a dar vista en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el acuerdo dictado el trece de octubre del actual y el oficio 1081/2016, emitidos en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I (fojas 497 a 502), agregadas en este auto; ya que en dicho auto la autoridad ministerial responsable sigue infringiendo en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no exponerse en dicho "cumplimiento" las razones por las que estima que la anotación marginal constituye una medida idónea y necesaria para los fines que persigue la investigación; por qué la buena fe referida por el indiciado debe esperar a los resultados que arroje la investigación. Asimismo, tampoco motiva, por qué resultan aplicables los preceptos legales aplicables que lo llevaron a determinar dicha anotación marginal. Aunado a que resulta insuficiente señalar de manera dogmática que dicho inmueble se trata "del objeto o instrumento del delito", sin precisar las razones del por qué considera lo anterior, máxime que se trata de dos vocablos que entrañan situaciones jurídicas diversas; todo lo anterior como lo señaló el Tribunal de Alzada en la ejecutoria del recurso de informidad antes referido. De lo anterior, resulta evidente que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. En consecuencia, tomando en cuenta que el cumplimiento puntual y completo de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público y esta Juzgadora debe velar porque las autoridades responsables cumplan, y dado que la autoridad responsable, fue evasiva respecto al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 193 de la Ley de la materia, por las consideraciones antes expuestas, aunado a que en la nueva determinación antes analizada vuelve a incurrir en vicios formales. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 416 a 418) y se impone multa a la Agente del Ministerio Público responsable, por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, esto es, $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos cero centavos moneda nacional), en razón de que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de 73.04. (setenta y tres pesos cuatro centavos moneda nacional). En esa tesitura, previo a girar el oficio respectivo al Administrador Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria para que esta a su vez lo remita a la autoridad correspondiente encargada de realizar los trámites necesarios a efecto de efectuar el cobro de la indicada multa, se requiere al Fiscal General del Estado de Puebla, que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal, los datos generales que tenga en sus registros de María Cándida Flores Juárez Agente del Ministerio Público responsable en el presente juicio de amparo, tales como su domicilio y su registro federal de contribuyentes. Apercibido que de no hacerlo así, en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Dado lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la Agente del Ministerio Público oficiante, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído: 1.- Deje insubsistente el acuerdo dictado el trece de octubre del actual y el oficio 1081/2016, emitidos en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I y, 2.- Con plenitud de jurisdicción, y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva determinación en la que se cumplan con los extremos exigidos por el artículo 16 Constitucional, en la que: 2.1 Exprese las razones por las que estima que la anotación marginal constituye una medida idónea y necesaria para los fines que persigue la investigación; por qué la buena fe referida por el indiciado debe esperar a los resultados que arroje la investigación. 2.2 Indique por qué resultan aplicables los preceptos legales que cita y que la llevaron a determinar dicha anotación marginal; y, 2.3 Precise las razones del por qué considera que dicho inmueble se trata "del objeto o instrumento del delito", en la inteligencia de que se trata de dos vocablos que entrañan situaciones jurídicas diversas. Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, que el acuerdo de trece de octubre del actual, dictado en la averiguación previa 73/20157APUE/DMZN-I, haya sido en respuesta al escrito presentado en esa data por el denunciante en dicha indagatoria (foja 494), ya que la materia de dicha contestación es precisamente uno de los fallos concesorios del presente juicio de amparo. De conformidad con el numeral 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad Agente del Ministerio Público Titular adscrita a la Unidad Norte del Sistema Tradicional, Mesa Siete de Trámite - María Cándida Flore Juárez-, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden; precisando que deberá hacer uso de todos las medidas e incluso sanciones que tenga a su alcance conforme a las disposiciones aplicables, a efecto de que su inferior cumpla con la ejecutoria del presente juicio de amparo. Apercibiendo a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico), que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisas al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerles la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurren en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Finalmente, incorpórese únicamente para que exista en autos el oficio y anexo signado por la Agente del Ministerio Público Titular adscrita a la Unidad Norte del Sistema Tradicional, Mesa Siete de Trámite, toda vez que reproduce el contenido del oficio y anexo ya analizados en el presente auto. En razón del cuantioso número de fojas y que se facilite su manejo y consulta, con fundamento en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese ANEXO por separado.

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