Marcelo Antonio Chávez Rodríguez

Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Marcelo Antonio Chávez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 210/2023-G, promovido por ********************, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Titular de la Aduana de Tijuana "IV. ACTO QUE SE RECLAMA A LA RESPONSABLE: La violación directa a los artículos 8 y 34, fracción V de la Constitución General de la República en relación con el artículo 150 último Párrafo de la Ley Aduanera Vigente consistente en SER OMISA EN DARME A CONOCER EN BREVE TÉRMINO, como lo previene el artículo 8, párrafo segundo de Nuestra Carta Magna, al acuerdo recaído a la solicitud presentada por escrito y dirigida en forma respetuosa a la responsable, con lo que se violenta el derecho de petición, tutelado por el artículo 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando las disposiciones establecidas para dicho efecto." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 8, 14,16 y 35 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto de uno de marzo de dos mi veintitrés, ordenó su registro con el número 210/2023, admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin que exista tercero interesado, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California,, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos omisivos que derivan de un procedimiento administrativo cuya ejecución tiene lugar en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido a las autoridades responsables en su correcta denominación, es: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada a la autoridad responsable el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, pues aún y cuando al rendir el informe justificado que le fue solicitado negó los actos reclamados, con posterioridad realizó manifestaciones tendentes a defender su constitucionalidad, por lo que lo procedente es tener por ciertos los actos que le fueron atribuidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que además se corrobora, con las copias certificadas de las constancias relativas al procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, las cuales fueron enviadas como apoyo al informe justificado por la autoridad responsable. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones carácter los testimonios y certificaciones expedidos por y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Improcedencia del juicio. Previo al estudio de fondo del juicio de amparo, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes; o que de oficio advierta este Juzgado Federal, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El numeral antes citado, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en la cesación de efectos, del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por otra parte, el derecho fundamental de petición se encuentra previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto constitucional transcrito se obtiene que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier solicitud, siempre que ésta sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente en breve término, es decir, impera la obligación de las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de su petición. En efecto, en términos del artículo 8° constitucional, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito de manera congruente y en breve término, debiéndose entender, por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos no hechos valer, además, que no existan consideraciones contrarias entre sí y, por lo segundo, el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Apoya las consideraciones expuestas, la tesis de jurisprudencia, con registro: 911012, Segunda Sala, Jurisprudencia, Quinta Época, Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Materia Administrativa, Tesis 79, Página 89, del rubro y texto del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Trasladado el marco normativo expuesto al caso en particular, es dable puntualizar que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a su petición presentada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias (las cuales fueron previamente valoradas), así como de las actuaciones que integran el presente juicio, se advierten lo siguientes antecedentes: - El cuatro de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera en contra del quejoso ********************, en su carácter de tenedor o poseedor de la mercancía de origen y procedencia extranjera, y se decretó el embargo precautorio del vehículo marca ********************, submarca ********************, modelo ********************, tipo ********************, color ********************, placas de circulación ******************** expedida por el Estado de California del Gobierno de los Estados Unidos de América, número de registro vehicular ********************. - El veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso presentó un escrito ante la autoridad responsable, en el que solicitó copia del acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. -El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento al quejoso por medio de estrados, el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera número ******************** de cuatro de marzo de dos mil veintidós. - Mediante oficio ********************de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. -En acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, dio vista a la parte quejosa con el contenido del oficio indicado en el párrafo que antecede, sin que en el caso lo hubiera realizado manifestación al respecto, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto. Bajo esa óptica, a criterio de quien resuelve es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que han cesado los efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que la omisión de que se duele la parte quejosa, dejó de afectar su esfera jurídica, toda vez que la autoridad responsable dio contestación a la solicitud presentada por el quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y al respecto le hizo de su conocimiento que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en el Sistema de Notificación por estrados, el contenido del acta del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número ********************, iniciado en su contra y ordenó la notificación personal de dicho comunicado, todo lo cual, aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de febrero de dos mil veintitrés). Máxime afecto de que ampliara su demanda con dicha contestación, sin que sea el caso lo hubiera hecho a pesar de estar debidamente notificada. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad y acto se refiere. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, impide a este órgano de control analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, aunado a que en la demanda de amparo todos los argumentos que formula la parte quejosa están encaminados a reclamar la omisión en dar contestación al escrito presentado ante la autoridad responsable el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Apoya lo anterior, la Tesis: VI.1o.A.61 K (9a., con registro digital: 160517, Décima Época, consultable en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3838, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Segundo Publíquese la presente sentencia en los términos que indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días otorgado a la parte quejosa, a efecto que, si así lo considerara ampliara la demanda de amparo, sin que lo hubiese realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, y resuélvase el presente juicio de amparo únicamente respecto al acto y autoridad responsable precisados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado en esta instancia es la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada a dicha autoridad responsable; y que del contenido de las documentales adjuntas referido informe, se advierte la emisión del oficio 120-01-20-02-04-2023-4662, de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual la autoridad responsable refiere dar respuesta la solicitud formulada por la parte quejosa; a efecto de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 111, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su interés ampliar la demanda de amparo respecto del referido comunicado o formular conceptos de violación; en el entendido que la procedencia de dicha ampliación se encuentra supeditada a que se cumplan los requisitos previstos en el numeral 108 y la fracción II del diverso 111, ambos de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento a la parte quejosa que el desahogo de la presente determinación judicial, deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no desahogar el presente requerimiento, se tendrá únicamente como acto y autoridad responsable los precisados en el escrito inicial de demanda. En ese contexto, toda vez está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere y en su lugar se señalan las trece horas del veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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