Marcelino Corrales Ramírez
Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/01/2022
Partes del expediente
- Marcelino Corrales Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyo´ en el presente juicio, ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que estimen necesarios, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en te´rminos de los arti´culos de´cimo octavo, fraccio´n I, inciso a), y vige´simo, fraccio´n II, inciso a), ambos del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuracio´n, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este o´rgano jurisdiccional tres an~os, al te´rmino de los cuales debera´ seguirse los lineamientos establecidos en el u´ltimo pa´rrafo del arti´culo de´cimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, debera´ destruirse transcurridos seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, ha´gase saber a las partes que una vez transcurridos tres an~os de archivado el incidente, se desintegrara´n materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la cara´tula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible". Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 817/2021-F, promovido por Marcelino Corrales Ramírez, contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en Tijuana y otras responsables; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido en mismo día en este órgano jurisdiccional, Marcelino Corrales Ramírez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California, y otras autoridades. Cuyo acto reclamado hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LAS ORDENADORA. Les reclamo la ilegal orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso. B).- DE LA EJECUTORA. El cumplimiento que pretende dar a dicha orden." (sic) Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 817/2021-F; y admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede. Cuarto. Inexistencia de autoridades. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso denominó como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a dicha autoridad. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." No. Autoridad responsable Sentido 1 Jueza de Control en el Estado de Baja California en esta ciudad Niega. 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Niega. 3 Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al municipio de Tijuana Niega. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con anterioridad -en sus denominaciones actuales y correctas- consistentes en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, no obstante de que fue debidamente notificada de la vista concedida al haberse agregado los informes justificados. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando la autoridad responsable niega categóricamente el acto que se le imputa, en tal supuesto, el Juez no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado haga la autoridad responsable, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por lo cual, al no estar demostrado que con motivo de los hechos plasmados en el escrito de demanda, las autoridades responsables hayan emitido la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marcelino Corrales Ramírez, contra actos de las autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Tijuana, Baja California, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 817/2021-F, promovido por Marcelino Corrales Ramírez, contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en Tijuana y otras responsables; ante la presencia de Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el oficio CCJ/ST/3965/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, asistido de María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, la Secretaria certifica que por auto de esta data, emitido en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso denomino como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. A lo que la Secretaria Encargada del despacho acuerda: vista la certificación secretarial que antecede, se ordena suspender toda comunicación con la autoridad Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, por lo que no será tomada en consideración en la presente resolución. Acto seguido, la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda; b) proveído de diecisiete de noviembre de octubre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión provisional; c) constancias de notificación a las autoridades del auto por el cual se les requirió el informe previo; d) informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables; y e) resolución incidental de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad en la que se resolvió respecto de las autoridades señaladas como responsables Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana y Juez de Control en el Estado de Baja California. A lo que la Secretaria Encargada del despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias, lo que se tomará en consideración al resolverse este incidente. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció medio probatorio alguno, por lo que se cierra dicha etapa. Abierta la etapa de alegatos la Secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito formuló los alegatos de su intención. A lo que la Secretaria Encargada del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos de referencia, los cuales de ser procedente, serán tomados en consideración al momento de dictar resolución en el presente asunto, por lo que se cierra el presente periodo. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 817/2021-F, promovido por Marcelino Corrales Ramírez, contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en Tijuana y otras responsables; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de noviembre del presente año, en este juzgado Marcelino Corrales Ramírez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades señaladas en el mismo. Cuyo acto reclamado hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LAS ORDENADORA. Les reclamo la ilegal orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso. B).- DE LA EJECUTORA. El cumplimiento que pretende dar a dicha orden." Asimismo, solicita la suspensión de dichos actos, para los siguientes efectos: ". vengo a solicitar la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto reclamado, a efecto de que la autoridad responsable no materialice ni ejecute la determinación asumida, solicitando copia certificada de la misma. No omito manifestar que la suspensión solicitada no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público" Segundo. Trámite. En proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitaron los informes previos, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, previos trámites correspondientes se llevó a cabo la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; 49 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Tercero. Ahora bien, atendiendo a que en esta data se decretó la inexistencia de la autoridad responsable que la parte quejosa denomino Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, por tanto, es evidente que no existe materia sobre la cual decretar la suspensión de los actos a esta atribuidos; por lo que se declara sin materia la presente resolución. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se declara sin materia la presente resolución incidental, relativa al incidente de suspensión solicitado por Marcelino Corrales Ramírez, por los motivos expuestos en el considerando tercero. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de noviembre del presente año; atento a ello, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y en consecuencia, se deja de tener como autoridad responsable al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, dada su inexistencia y se ordena suspender toda comunicación con la misma, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las modificaciones correspondientes en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese.
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