Marcelino Tovilla Zárate
Expediente 2249/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Marcelino Tovilla Zárate
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como sus notificaciones, asimismo, dígase a la parte promovente que únicamente las notificaciones personales se le notificaran por esa vía. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 9/2023, así como el original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. En cuanto a la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor, en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se REVOCA el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 2249/2022-2, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, para que el Juez de Distrito continúe con la ejecución de la sentencia, para que en términos de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo realice las actuaciones procedimentales precisadas en la parte final del considerando cuarto..." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; asimismo, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico correspondiente. Ahora de la parte considerativa de la ejecutoria de mérito se advierte lo siguiente: ".En razón de ello, era necesario que la Juez Federal se allegara de las constancias respectivas a efecto de verificar si dicho medio de convicción ya se desahogó, a fin de saber con certeza si la autoridad obrera estaba en aptitud material y legal de elaborar el proyecto de laudo y la consecuente emisión del mismo; o bien, que indicara en qué estadio procesal de su desahogo se encuentra el mismo. Por esta razón, se considera que la Juez de Distrito debió ampliar el plazo de manera razonable y requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, pero de ninguna manera plantear la imposibilidad material y jurídica de la Junta responsable para dar cumplimiento. Y es así, puesto que la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a un fallo amparador se actualiza cuando por factores de esa naturaleza -de hecho o sociales-, la autoridad responsable no se encuentra en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano vulnerado en los términos de la propia ejecutoria. Sin embargo, resulta evidente que -hasta este momento- en modo alguno se actualiza algún factor material o jurídico que imposibilite de forma permanente a la autoridad responsable a restituir al quejoso en su derecho fundamental vulnerado, pues el hecho de que existan medios de convicción pendientes de desahogar sólo constituye un aspecto meramente procesal que trae consigo únicamente el retraso del cumplimiento de la ejecutoria, el cual una vez superado permitirá al Tribunal obrero dictar el laudo correspondiente. Considerar lo contrario, implicaría que la autoridad obrera retardara la emisión del fallo respectivo, lo que dejaría sin sentido la concesión del amparo. De lo antes expuesto, se concluye que al no existir imposibilidad jurídica o material para cumplimentar el lineamiento de la ejecutoria de mérito, sino únicamente un obstáculo procesal, debe declararse infundado el incidente de inejecución derivado del juicio de amparo 2249/2022-2 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por no actualizarse los supuestos del artículo 193 de la Ley de Amparo; consecuentemente, procede revocar el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés -en el que la Juez de Distrito declaró que el fallo protector era de imposible observancia- y devolver los autos al Juzgado de origen para el efecto de que se reponga el procedimiento y continúe con la ejecución de la sentencia, para que en términos de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo: Requiera a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: a. Informe si la prueba inspección ocular ya se desahogó, de no ser así indique el estadio procesal de su desahogo; y, b. El cumplimiento de la sentencia de amparo, esto es, el dictado del laudo correspondiente, o en caso de existir diversa imposibilidad la justifique; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 258 del citado ordenamiento legal, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización y se seguirá con el trámite de inejecución que puede concluir con la separación de su cargo y consignación de funcionarios. En el entendido, que la Juez de Distrito deberá proporcionar un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla con la sentencia de amparo previo a iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, de ser el caso." En ese contexto, este órgano jurisdiccional hace suyas las consideraciones establecidas por el órgano colegiado y en estricto acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se deja sin efectos el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, y se ordena reponer el procedimiento a fin de que se continúe con la ejecución del fallo protector, por lo que se acuerda: ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés [fojas 40 a 44], en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Marcelino Tovilla Zárate, para los siguientes efectos: "SEXTO. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: ? Inmediatamente dicte el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral 6122/2013 de su índice." Luego, el ocho de febrero del presente año, se tuvo por recibido el oficio 152/2023, registrado bajo el folio 2095, por el que la Presidenta de la Junta responsable, remitió copia certificada del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que esa autoridad tuvo al apoderado legal de la parte demandada en el expediente natural 6122/2013, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en dicha controversia laboral y ordenó suspender el procedimiento, [fojas 47 a 48]. El catorce de febrero de dos mil veintitrés (fojas 54 a 55), causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de veinte días hábiles. Así, tras fenecer el término concedido, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través del oficio 10121/2023, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días cumpliera con el fallo protector. Seguidamente, por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, remitiendo copias certificadas de los proveídos de diecinueve de enero y veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, así como del escrito de diecisiete de enero del actual, signado por Xavier Alejandro Magaña Chan, apoderado legal de la parte demandada Universidad Politécnica de Centro, dictados en el juicio laboral 6122/2013 de su índice, de los que se advierte: Que en auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se dio entrada al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada, por lo que se señalaron las doce horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para el deshago de la audiencia de ley. Así, el veinticuatro de febrero siguiente, no fue posible la celebración de la audiencia incidental, toda vez que la parte actora, no se encontraba debidamente notificada y por tanto, no se le corrió traslado con el escrito incidental; en mérito de lo cual, la responsable señaló las doce horas del treinta de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la diligencia. Posteriormente, mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la referida responsable, remitiendo copia autorizada del proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral 6122/2013 de su índice, del que se advierte lo siguiente: La Junta responsable celebró la audiencia incidental de nulidad de actuaciones, a la cual comparecieron las partes incidentista e incidentada. El apoderado legal de la parte demandada -incidentista-se desistió del incidente nulidad de actuaciones, por así convenir a los intereses de su representada y solicitó a la autoridad responsable señale fecha y hora para la continuación del desahogo del juicio laboral. La responsable ordenó continuar con el procedimiento de origen y señaló las diez horas del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para la audiencia de desahogo de pruebas, consistente en inspección ocular. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se observa que por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, señaló las diez horas del veintisiete de abril del año actual, para la audiencia de desahogo de pruebas, consistente en inspección ocular, en el expediente laboral 6122/2013. No obstante, de la revisión practicada a los presentes autos, se advierte que en el fallo protector emitido por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Marcelino Tovilla Zárate, a efecto de que la autoridad responsable a que se alude, inmediatamente dicte el laudo que en derecho corresponda en el procedimiento laboral citado con antelación; sin embargo, de la totalidad de constancias obrantes en autos no se advierte que haya dado cumplimiento al referido fallo protector, tal como lo consideró el Tribunal de Alzada en su ejecutoria dictada. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, se declara NO CUMPLIDA la ejecutoria de mérito. REQUERIMIENTO En ese contexto, tomando en consideración que han transcurrido en exceso el plazo prudente y el plazo legal conferidos a la autoridad responsable antes citada, y en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, con fundamento en el numeral 192, párrafo segundo, requiérase a Ruth del Carmen Jerónimo Bautista, Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, esto es: a. Informe si la prueba de inspección ocular ya se desahogó. b. Indique el estado procesal del juicio laboral de origen. c. Indique sí ya dictó el laudo correspondiente, o en caso de existir diversa imposibilidad la justifique. Por lo anterior, deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa o en su caso, deberá informar a este órgano jurisdiccional la razón que justifique la imposibilidad jurídica o material que tiene para ello. En el entendido que se concede el término aludido a la autoridad responsable, atendiendo las cargas de trabajo de la junta responsable y, por lo que tomando en cuenta que si bien el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo,[1] que establece que la autoridad responsable debe ser requerida para que cumpla con la ejecutoria en el término de tres días, del último párrafo del mismo precepto legal, faculta al órgano judicial de amparo a ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. APERCIBIMIENTO En esa tesitura, atendiendo a la conducta asumida en el caso, se apercibe a Ruth del Carmen Jerónimo Bautista, Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que de no hacerlo así, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés. En la inteligencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tal sanción se debe imponer a la persona física que ejerce el cargo del órgano responsable. También, infórmese a la autoridad responsable que, en términos del primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, los titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve para ilustrar lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 11, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007914, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese personalmente.
- Principal
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