Marcelino Bautista Osorio

Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
907/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Marcelino Bautista Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por MARCELINO BAUTISTA OSORIO; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con diez minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 907/2020-4, promovido por Marcelino Bautista Osorio. A continuación, el Secretario certifica que la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante oficio 17926/2020 el cual recibió el treinta de noviembre de dos mil veinte, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 72 de autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del uno de diciembre de dos mil veinte al doce de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los determinados en la sesión extraordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, por las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, sin que rindiera su informe respectivo. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en la presuncional legal y humana, y copia simple de la audiencia de conciliación demanda y excepciones celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete en el expediente 6798/2016 del índice de la junta responsable, la cual obra glosada en autos. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 907/2020-4, promovido por Marcelino Bautista Osorio contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Marcelino Bautista Osorio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O El acuerdo de pleno de siete de agosto de dos mil veinte en el cual la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, atención el desarrollo de la crisis sanitaria de acuerdo a la semaforización indicada por la secretaría de Salud del Estado de Tabasco, suspende sus labores y niega la atención a las partes y público en general para revisar y promover en los asuntos laborales que se encuentran radicados ante ella. La omisión de acordar el cierre de instrucción solicitado mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil veinte presentado en el expediente laboral 6798/2016 de su índice. A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el expediente 907/2020-4; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se ordenó dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El acuerdo de pleno de siete de agosto de dos mil veinte en el cual la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, atención el desarrollo de la crisis sanitaria de acuerdo a la semaforización indicada por la secretaría de Salud del Estado de Tabasco, suspende sus labores y niega la atención a las partes y público en general para revisar y promover en los asuntos laborales que se encuentran radicados ante ella. La omisión de acordar el cierre de instrucción solicitado mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil veinte presentado en el expediente laboral 6798/2016 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco y Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, ambos con residencia en esta ciudad, por haberlo negado el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de dichas entidades públicas, al rendir el informe justificado en su representación. Además, cabe señalar que la autoridad cita en primer término no tiene el carácter de superior jerárquico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, pues al ser un órgano jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo; y respecto a la segunda de las mecionadas, es un hecho notorio que no cuenta con facultades para realizar actos jurisdiccionales. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 375/2011, sostuvo que, de los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales, deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Criterio que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515, con número de registro 2000099, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO"; misma que se cita como argumento de autoridad. En virtud de lo anterior, se considera que los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables son inexistentes. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Por otro lado, tampoco es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, respecto de la omisión de acordar el cierre de instrucción solicitado mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil veinte presentado en el expediente laboral 6798/2016 de su índice; puesto que si bien, dicha responsable fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, dicha condición no es suficiente para tener por presuntivamente cierto el acto que se le reclama, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba que corroborara la existencia. En ese tenor, si bien es cierto, que el acto que por esta vía se reclama reviste la característica de ser negativo y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención, también lo es que, tratándose de actos donde se reclame una conducta negativa u omisa a la autoridad, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa a efecto que la autoridad ejercite sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente al gobernado al que le corresponde probar que efectivamente llevó a cabo, o cumplió, con el trámite correspondiente a fin de exigir la actuación de la autoridad. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal haber elevado alguna petición a la autoridad responsable es inconcuso que la omisión que reclama no existe, para efectos de este medio de control constitucional; por consiguiente, se tiene plenamente probada la inexistencia del acto reclamado respecto de la citada autoridad. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . En ese tenor, es inexistente el acto reclamado toda vez que era al quejoso al que le correspondía probar la existencia del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, y por ende que la autoridad responsable estaba en aptitud de señalar fecha y hora para la diligencia reclamada, lo cual no aconteció. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en relación a las autoridades señaladas en este considerando. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco atinente a la emisión del acuerdo de su pleno de siete de agosto de dos mil veinte, puesto que tal acto constituye un hecho notorio para este juzgador, puesto que en diverso juicio de amparo tramitado bajo el índice de este órgano federal se advierte su existencia. Soporta lo anterior la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, con número de registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del ultimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Pagina: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acuerdo reclamado no afecta el interés de la parte quejosa. Así´, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" [...] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá´ invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá´ invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá´ promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá´ aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese sentido, según lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I, de la Constitución Federal; así´ como los numerales 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo esta´ condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, el de que la parte quejosa sea titular de un interés jurídico o legítimo, es decir, que resienta una afectación a un derecho subjetivo o a su esfera jurídica entendida en sentido amplio debido a su situación particular en el ordenamiento jurídico. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó´ en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERE´S LEGI´TIMO E INTERE´S JURI´DICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTI´CULO 107, FRACCIO´N I, DE LA CONSTITUCIO´N POLI´TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. Así´, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí´ que, para que la acción constitucional proceda no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de título: "INTERE´S JURI´DICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese contexto, tenemos que en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama el acuerdo siete de agosto de dos mil veinte, emitido por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual determina la suspensión de labores con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). Ahora, visto lo anterior y para mejor referencia se reproduce a continuación el referido acuerdo: De lo anterior, se desprende que las directrices establecidas por el acuerdo impugnado van dirigidas primordialmente a las partes sometidas a la jurisdicción del órgano laboral que lo emitió´. En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado de que se trata no causa perjuicio al amparista, puesto que, tal y como se afirmó´ en el considerando tercero de esta sentencia, el impetrante no acredito´ ni la existencia de un juicio y consiguiente, tampoco su calidad de parte ante la Junta responsable, con lo cual es dable afirmar que no es destinatario de acuerdo en estudio. Robustece lo antes acotado la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Décima Época, con número de registro digital: 2006144, de rubro y texto: INTERE´S JURI´DICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUE´L Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." No pasa inadvertido que en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno se haya ordenado requerir a la junta responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de que se le notificara el citado auto, remitiera copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 6798/2019, de donde deriva el acto reclamado; sin embargo, como ya se determinó en la presente resolución, es al quejoso a quien le correspondía acreditar el interés jurídico respecto del acto que reclama. En esa tesitura, con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente sobreseer en el juicio, puesto que la quejosa no cumplió´ con los extremos necesarios para acreditar su interés jurídico para acudir en la presente instancia constitucional, ya que en arreglo a lo establecidos en el presente apartado, no acredita afectación alguna con la emisión del acuerdo que reclama. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la Litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Marcelino Bautista Osorio, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Ahora bien, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con diez minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Aunado a lo anterior, se desprende de autos que mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se otorgó el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, rindiera su informe justificado; el cual transcurrió del uno de diciembre de dos mil veinte al doce de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos por el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los determinados en la sesión extraordinaria celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, por las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que fue notificada mediante oficio 17926/2020, recibido el treinta de noviembre de dos mil veinte. No obstante lo anterior, el suscrito estima que resultan necesarias las constancia relativas al acto reclamado derivadas del expediente laboral 6798/2019, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo y toda vez que son necesarias para resolver el presente juicio, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que se notifique del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral 6798/2019, de su índice, las cuales deberán estar debidamente legibles, foliadas y costuradas. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil veinte, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación y vigente a partir del uno de febrero del mismo año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Por las anteriores consideraciones, se reanuda el trámite del presente expediente, y para que tenga verificativo la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra en vías de notificación el oficio 17926/2020 de veintidós de octubre del presente año, dirigido a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a fin de que rindiera su informe justificado, en virtud de que mediante oficio 1709/JLCA/AMP/2020, de veinticinco de noviembre del presente año, la Presidente de la citada Junta laboral, remitió el acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Pleno de la misma por el cual se reitera la suspensión de labores con motivo de la contingencia derivada del virus Sars-CoV-2, hasta en tanto el semáforo epidemiológico marque que ya se puede regresar a laborar hacia la "nueva normalidad", lo anterior, atendiendo al Protocolo Sanitario para el Reinicio de Actividades de dicha Junta. Asimismo, se hace constar que la autoridad laboral responsable, recibirá comunicaciones oficiales por lo que respecta a este Juzgado el día treinta de noviembre de dos mil veinte Por otra parte, de autos se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de noviembre del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en Representación de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, ambos con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, cuyo plazo transcurre del veintiséis de noviembre al siete de diciembre del presente año, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

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