Marcelino Gutiérrez Fernando
Expediente 473/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marcelino Gutiérrez Fernando
- Marcelino Gutiérrez Fernando y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que Marcelino Gutiérrez Fernando y Lucrecia Aragón Santiago, no impugnaron el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 40 y 45), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el escrito de los quejosos Marcelino Gutiérrez Fernando y Lucrecia Aragón Santiago, por el que cumplen con el requerimiento formulado en proveídos de siete y catorce de diciembre del año en curso. Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en su carácter de ordenadora y ejecutora, respectivamente, director de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y director de Prestaciones Económicas de dicho instituto, la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad ordenadora en el expediente 328653, de su índice, por el que se niega el beneficio económico de pensión extensiva a los aquí quejosos padres del causante y extinto Cástulo Gutiérrez Aragón, así como la ejecución de los resolutivos cuarto y quinto de dicha determinación. Al respecto, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte promovente de amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI, primer párrafo, del ordenamiento jurídico que rige a ese tribunal, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado en cita. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Así, el artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: De dicho numeral se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de las resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal. Ahora bien, como ha quedado indicado en párrafos anteriores, los actos que por esta vía se impugnan consisten en la emisión de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad ordenadora en el expediente 328653, de su índice, por el que se niega el beneficio económico de pensión extensiva a los aquí quejosos padres del causante y extinto Cástulo Gutiérrez Aragón, así como la ejecución de los resolutivos cuarto y quinto de dicha determinación, actos que se atribuyen al director de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y director de Prestaciones Económicas del dicho instituto. En ese contexto, es claro que conforme a la hipótesis de procedencia contenida en el citado artículo 3°, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al haberse reclamado en esta instancia constitucional la resolución por la que se niega el beneficio económico de pensión extensiva a los aquí quejosos padres del causante y extinto Cástulo Gutiérrez Aragón, así como su ejecución, resulta procedente el juicio de nulidad. Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a juicios seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Retomando la causa de improcedencia en análisis, es importante señalar que para que proceda el juicio de amparo, es obligatorio para la parte quejosa agotar los recursos o medios de defensa que la ley común establece para revocar, anular o modificar los actos que se reclaman, en observancia al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en razón que éste es un medio extraordinario de defensa al alcance del gobernado, que se puede incoar una vez que fueron extinguidas las instancias comunes, razón por la cual, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben intentarse de manera previa los medios ordinarios de defensa, antes de acudir al juicio de amparo, pues de lo contrario el juicio de amparo resultará notoriamente improcedente y aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo, el resultado sería idéntico. Consecuentemente, resulta evidente que los actos reclamados que se pretenden impugnar en esta vía, son competencia ordinaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la parte quejosa debe acudir a dicha instancia para controvertirlos. Bajo tales condiciones, este órgano jurisdiccional concluye que si los actos que se reclaman pueden ser materia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de su ley orgánica por lo que resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Asimismo, debe precisarse que en el caso tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 111/2017, del índice de este juzgado, aparece la resolución reclamada, lo que conforme al artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de conformidad con el numeral 2° de la ley de la materia, se invoca como un hecho notorio, por lo que se ordena glosar a estos autos en copia certificada la resolución de que se trata, para los efectos legales correspondientes. En ese sentido de la referida resolución se aprecia que la autoridad responsable señaló los fundamentos y motivos que tomó en consideración para emitir la resolución que ahora se reclama, de lo que se sigue, que no es dable concluir que se esté en presencia de actos carentes de toda fundamentación, que haría procedente la excepción de que se trata. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, porque dicho supuesto sólo se surte cuando se plantean exclusivamente violaciones directas a la Constitución General de la República, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. En efecto, para demostrar la afirmación anterior, es necesario manifestar que en los planteamientos hechos valer por la parte quejosa en el ocurso de amparo se pone de manifiesto que se encuentran encaminadas atacar cuestiones de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es así, pues refiere violaciones a disposiciones secundarias, como lo es el artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en ese sentido, como se explicó, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Carta Magna, no opera excepción alguna al principio de definitividad, por tanto, la vía constitucional que intenta resulta improcedente, pues de razonar en sentido contrario, se dejaría al arbitrio de la parte quejosa el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. De ahí que este juzgador determina que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclaman la parte accionante de amparo, procede el juicio contencioso, mismo que previamente a la promoción del presente juicio de amparo debió agotarse para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Por último, cabe precisar que no se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Atento a lo anterior, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Marcelino Gutiérrez Fernando y Lucrecia Aragón Santiago
- Principal
Visto el escrito de los quejosos Marcelino Gutiérrez Fernando y Lucrecia Aragón Santiago, por el que cumplen con el requerimiento formulado en proveídos de siete y catorce de diciembre del año en curso. Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en su carácter de ordenadora y ejecutora, respectivamente, director de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y director de Prestaciones Económicas de dicho instituto, la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad ordenadora en el expediente 328653, de su índice, por el que se niega el beneficio económico de pensión extensiva a los aquí quejosos padres del causante y extinto Cástulo Gutiérrez Aragón, así como la ejecución de los resolutivos cuarto y quinto de dicha determinación. Al respecto, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte promovente de amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción VI, primer párrafo, del ordenamiento jurídico que rige a ese tribunal, ya que a través de dicho medio ordinario de defensa se puede revocar, nulificar o dejar sin efectos el acto reclamado en cita. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Del citado artículo se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Así, el artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: De dicho numeral se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de las resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal. Ahora bien, como ha quedado indicado en párrafos anteriores, los actos que por esta vía se impugnan consisten en la emisión de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad ordenadora en el expediente 328653, de su índice, por el que se niega el beneficio económico de pensión extensiva a los aquí quejosos padres del causante y extinto Cástulo Gutiérrez Aragón, así como la ejecución de los resolutivos cuarto y quinto de dicha determinación, actos que se atribuyen al director de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y director de Prestaciones Económicas del dicho instituto. En ese contexto, es claro que conforme a la hipótesis de procedencia contenida en el citado artículo 3°, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al haberse reclamado en esta instancia constitucional la resolución por la que se niega el beneficio económico de pensión extensiva a los aquí quejosos padres del causante y extinto Cástulo Gutiérrez Aragón, así como su ejecución, resulta procedente el juicio de nulidad. Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a juicios seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Retomando la causa de improcedencia en análisis, es importante señalar que para que proceda el juicio de amparo, es obligatorio para la parte quejosa agotar los recursos o medios de defensa que la ley común establece para revocar, anular o modificar los actos que se reclaman, en observancia al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en razón que éste es un medio extraordinario de defensa al alcance del gobernado, que se puede incoar una vez que fueron extinguidas las instancias comunes, razón por la cual, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben intentarse de manera previa los medios ordinarios de defensa, antes de acudir al juicio de amparo, pues de lo contrario el juicio de amparo resultará notoriamente improcedente y aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo, el resultado sería idéntico. Consecuentemente, resulta evidente que los actos reclamados que se pretenden impugnar en esta vía, son competencia ordinaria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la parte quejosa debe acudir a dicha instancia para controvertirlos. Bajo tales condiciones, este órgano jurisdiccional concluye que si los actos que se reclaman pueden ser materia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de su ley orgánica por lo que resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Asimismo, debe precisarse que en el caso tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 111/2017, del índice de este juzgado, aparece la resolución reclamada, lo que conforme al artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de conformidad con el numeral 2° de la ley de la materia, se invoca como un hecho notorio, por lo que se ordena glosar a estos autos en copia certificada la resolución de que se trata, para los efectos legales correspondientes. En ese sentido de la referida resolución se aprecia que la autoridad responsable señaló los fundamentos y motivos que tomó en consideración para emitir la resolución que ahora se reclama, de lo que se sigue, que no es dable concluir que se esté en presencia de actos carentes de toda fundamentación, que haría procedente la excepción de que se trata. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, porque dicho supuesto sólo se surte cuando se plantean exclusivamente violaciones directas a la Constitución General de la República, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. En efecto, para demostrar la afirmación anterior, es necesario manifestar que en los planteamientos hechos valer por la parte quejosa en el ocurso de amparo se pone de manifiesto que se encuentran encaminadas atacar cuestiones de legalidad o violaciones indirectas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es así, pues refiere violaciones a disposiciones secundarias, como lo es el artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en ese sentido, como se explicó, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Carta Magna, no opera excepción alguna al principio de definitividad, por tanto, la vía constitucional que intenta resulta improcedente, pues de razonar en sentido contrario, se dejaría al arbitrio de la parte quejosa el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. De ahí que este juzgador determina que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclaman la parte accionante de amparo, procede el juicio contencioso, mismo que previamente a la promoción del presente juicio de amparo debió agotarse para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Por último, cabe precisar que no se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Atento a lo anterior, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Marcelino Gutiérrez Fernando y Lucrecia Aragón Santiago
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del quejoso Marcelino Gutiérrez Fernando; en atención a su contenido, téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que menciona, porque en esos términos lo autoriza; sin revocar a las personas que tiene señalado en autos.
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