Marcelino Belleza Vásquez

Expediente 456/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
456/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2016

Partes del expediente

  • Marcelino Belleza Vásquez y Otros.
  • Marcelino Belleza Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 4609/2016, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este Órgano Jurisdiccional, y remite copia certificada del auto de veinticinco de octubre del año en curso, en donde acepta la competencia declinada por este Juzgado; en consecuencia, y en atención a la certificación secretarial de cuenta, archívese este expediente como asunto concluido. Por consiguiente, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales, y que este Juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción por ubicarse en el supuesto de la fracción I, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 3310/2016, signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que en cumplimiento a la solicitud realizada en proveído de dieciséis del actual (foja 16), acusa recibo del oficio 4530. En atención a lo anterior, y toda vez que la autoridad oficiante no manifiesta si aceptó o no la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que se gire por la vía fax, con independencia de hacerlo por la vía postal ordinaria, solicítese al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informe a este Juzgado si aceptó o no la competencia declinada a su favor; lo anterior, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el oficio 4530, de catorce de octubre del año en curso, por el que se remitió por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por Marcelino Belleza Vásquez y Ricardo Belleza Vásquez, fue turnado el veinticuatro de octubre siguiente, al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con residencia en _San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por consiguiente, .., solicítese al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo del oficio 4530, de catorce de octubre del año en curso, por el que se remitió por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por Marcelino Belleza Vásquez y Ricardo Belleza Vásquez, .., lo anterior para estar en condiciones de archivar el presente expediente, como asunto concluido.

  4. Principal

    Con la demanda de amparo que promueve MARCELINO BELLEZA VÁSQUEZ y RICARDO BELLEZA VÁSQUEZ, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese y regístrese en el libro de gobierno el expediente de amparo con el número que le corresponda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, es menester que este tribunal se pronuncie acerca de su competencia para conocer de dicha demanda. . El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que constituyen materia de la litis, son: la orden de aprehensión librada en contra de los quejosos, y su ejecución material; lo que permite concluir que la orden de captura reclamada tendrá ejecución material en la comunidad de Santiago Lachivia, San Carlos Yautepec, Oaxaca, pues los quejosos tienen su domicilio particular en dicha comunidad, máxime que de los antecedentes del acto reclamado, los quejosos manifiestan que Agentes Estatales de Investigación del Camarón, Oaxaca, se han presentado en su población, en su búsqueda. Por lo tanto, tomando en consideración que el municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no está comprendido dentro de la relación de municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, ejercen su competencia territorial, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en términos del punto cuarto, fracción XIII, primer párrafo del Acuerdo General antes referido, toda vez que, como se dijo, el acto reclamado tendrá ejecución material dentro del ámbito territorial del municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que se declina competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez; por consiguiente, remítase el original de la demanda de amparo de referencia, y sus siete copias, así como la papeleta de turno respectiva, para que proceda conforme a sus facultades legales. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo y de la papeleta de turno respectiva. Sin que haya lugar a conceder de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados, toda vez que, no existe indicio alguno de que se esté en presencia del supuesto previsto por el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, o le sean aplicados algunos de los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Federal. . Como la parte quejosa señala las listas de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad de la parte quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eric Ramírez Villegas, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a Rogelio Santiago Bautista, Evelia González Díaz y Cecilio Morgán Valdivieso, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en penal, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado, lo anterior, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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