Marcelino Gonzalez Reyes
Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 536/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Celia Calderon Trueba
- Marcelino Gonzalez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es DEPURABLE, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Especializado, en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, el tomo de pruebas I que se formó con las constancias remitidas a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 479/2013, seguido contra ESTELA LOURDES TORRES FLORES o ESTELA L. TORRES FLORES, que decretó la prescripción de la sentencia y su ejecución por el ejecutor adscrito a dicho juzgado. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan, especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, ya que así lo manifestó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias del juicio ejecutivo mercantil 479/2013 que remitió anexo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Constancias de las cuales, se advierte que en resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, la autoridad judicial decretó la prescripción del derecho de ejecución de la sentencia del juicio, ordenó levantar el embargo trabado el cuatro de diciembre de dos mil trece y la cancelación del registro del gravamen. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió el Juez responsable, las cuales previamente fueron valoradas. 1.-En escrito presentado el seis de noviembre de dos mil trece, JOSÉ LUIS PÉREZ MARTÍNEZ, entonces endosatario en procuración de MARCELINO GONZÁLEZ REYES, demandó en la vía ejecutiva mercantil, de ESTELA LOURDES TORRES FLORES o ESTELA L. TORRES FLORES, el pago de $79,500.00 (setenta y nueve mil quinientos pesos) como importe total de la suerte principal de tres pagarés; y otras prestaciones. 2. En proveído de siete de noviembre de dos mil trece, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, radicándose con el número 479/2013; se dictó mandamiento de ejecución contra la demandada y ordenó su emplazamiento. 3. Contestada la demanda y seguido el juicio, el once de noviembre de dos mil catorce, se dictó sentencia de condena a la demandada para el pago de la suerte principal reclamada y de intereses moratorios a razón del 2.5% mensual sobre la suerte principal a partir del día siguiente al vencimiento de los documentos base, y costas del juicio. 4. La demandada promovió amparo directo que fue resuelto por entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en ejecutoria de quince de febrero de dos mil dieciséis (A.D. 479/2015), en que se negó la protección constitucional. 5. En auto de treinta de marzo dedos mil dieciséis, se declaró firme la sentencia del juicio mercantil y ordenó requerir a la demandada el cumplimiento de la sentencia. 6. En escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el endosatario promovió incidente de liquidación de intereses de los títulos basales; el cual tramitado, se resolvió en interlocutoria de trece de febrero de dos mil diecisiete, declarándolo improcedente. 7. El seis de marzo de dos mil dieciocho, el endosatario promovió nuevamente incidente de liquidación de intereses de los pagarés fundantes; el cual, una vez tramitado, se resolvió el quince de mayo de dos mil diecinueve, declarándolo improcedente. 8. En escrito presentado el doce de febrero de dos mil veintiuno, el titular de los pagarés basales comunicó la cancelación del endoso en procuración a favor del original promovente y el otorgamiento del endoso a favor de BEATRIZ LUCÍA ANGÓN FLORES, lo cual se diligenció el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 9. En escrito de ocho de abril de dos mil veintiuno, la nueva endosataria promovió incidente de liquidación de sentencia (intereses moratorios), el cual se admitió a trámite en auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Emplazada la demandada al incidente de liquidación, opuso la PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, en virtud de que se declaró firme desde el treinta de marzo de dos mil dieciséis. En resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, la Juez responsable resolvió, por una parte, procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia hecha valer por la demandada y, por otra, sin materia el incidente de liquidación de intereses promovido por la actora. Este es el acto reclamado en el presente amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, ... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, medularmente expone los conceptos de violación siguientes: Que a pesar que la autoridad judicial tiene facultad de revisar el procedimiento con plenitud de jurisdicción, se contraviene el artículo 1079 fracción IV, del Código de Comercio que señala el plazo de tres años para ejercer el derecho a ejecutar la sentencia en los juicios ejecutivos, porque en escrito de veintiuno de junio de dos mil dieciséis se tuvo a su endosatario promoviendo el primer incidente de liquidación y, al declararse no procedente, lo promovió nuevamente el seis de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue declarado improcedente. Que la endosataria promovió por tercera ocasión el incidente de liquidación de sentencia, el siete de abril de dos mil veintiuno y la última actuación procesal del juicio es de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agrega que la sentencia del juicio contiene una cantidad líquida de la suerte principal y otro importe indeterminado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación de la quejosa son infundados. Es así porque los artículos 1040, 1041 y 1079, fracción IV, del Código de Comercio, disponen: "Art. 1,040. En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán á contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio." "Art. 1,041. La prescripción se interrumpirá por la demanda ú otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, ó por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella ó fuese desestimada su demanda.". Art. 1,079. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial, ó para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: . IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos; ." De los preceptos insertos, deriva que el plazo para ejecutar las sentencias de los juicios ejecutivos, es de tres años, computables a partir del día en que se puede ejecutar la sentencia. Dicho plazo se interrumpe, por cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor. Así, la prescripción de la ejecución de la sentencia del juicio ejecutivo por la completa inactividad del beneficiario de la sentencia para ejercer ese derecho, se interrumpe por la interpelación judicial hecha al deudor, cuando: a)-El ejecutante realiza una petición tendiente de manera directa a la ejecución de la prestación contenida en la sentencia a su favor; b) Se requiere, notifica o hace del conocimiento del sentenciado, lo peticionado por el ejecutante. ... Finalmente, se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella o, fuese desestimada su demanda, pues en tales casos es como si la demanda o interpelación no hubiere existido. ... ... Acorde con dichas premisas, resultan infundados los argumentos de la quejosa, porque el plazo de tres años para ejercer el derecho a la ejecución de la sentencia del juicio mercantil, computó al día siguiente de su firmeza, el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, al uno de abril de dos mil diecinueve, sin que sean de tomar en cuenta como medio para interrumpir la prescripción, la promoción del incidente de liquidación realizada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, ni la segunda de seis de marzo de dos mil dieciocho, ya que fueron declarados IMPROCEDENTES, y por tal, jurídicamente deben considerase como si no hubieren existido, conforme al artículo 1041 del ordenamiento mercantil en cita. De ahí que tampoco favorezca a la quejosa la tesis VII.2o.C.186 C (10a.) que invoca del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable con el registro digital 2019881 y rubro: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN. SU SOLA PRESENTACIÓN ES IDÓNEA PARA INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, AUN CUANDO FUESE REVOCADA MEDIANTE RECURSO DE APELACIÓN.", ya que a la luz de los criterios del Alto Tribunal supra insertos, sobre la prescripción de la ejecución de las sentencias en los juicios mercantiles y los alcances del artículo 1041 de la legislación mercantil, y en las legislaciones civiles, en cuanto a los casos en que no se interrumpe la prescripción si se "desestima la demanda " o interpelación, la eficacia y valor de la promoción de los incidentes de liquidación sí está condicionada a su procedencia. En tal conclusión, debe negarse el amparo, lo cual se hace extensivo al acto de ejecución que reclama la peticionaria, por tratarse de un acto que deriva del ya analizado, sin impugnarse por vicios propios. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ...por conducto de BEATRIZ LUCÍA ANGÓN FLORES, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan, especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, y ejecutor adscrito, en el juicio ejecutivo mercantil 479/2013. NOTIFÍQUESE
- Principal
MESA II ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de catorce de julio del presente año, se tuvo apersonándose al presente sumario constitucional a la tercera interesada ESTELA LOURDES TORRES FLORES o ESTELA L. TORRES FLORES; por tanto el plazo de ocho días a efecto de que se imponga de autos, se encuentra transcurriendo del diecinueve al veintiocho de julio del actual. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DEL ACTUAL, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por la tercera interesada ESTELA LOURDES TORRES FLORES o ESTELA L. TORRES FLORES; en atención a su contenido, se tiene apersonada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene únicamente por autorizados sin las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Castillo Mendoza y Hesiquio Diego Flores, dado que sus cédulas no están registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando a la tercera interesada los números telefónicos y correo electrónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. NOTIFÍQUESE.
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