Marcelina Soriano Ramirez

Expediente 900/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
900/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Marcelina Soriano Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: a) La orden, determinación y acuerdo emitido para revocar la licencia de construcción otorgada mediante oficio ..., a la agraviada ...por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, para la construcción de una barda perimetral y caseta de vigilancia el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. b) La privación de su libertad, imponerle multas o arrestos, para el caso de que continúe la obra, asimismo, el desconocimiento de sus derechos humanos como mujer trabajadora sin observar el protocolo relativo a la equidad de género. Así como las consecuencias de los aludidos actos. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. La Síndica Municipal en representación del Ayuntamiento Constitucional de Cuilapam de Guerrero y del Presidente Municipal, Alcalde Primero y Segundo, Director de Desarrollo Urbano y Comandante de la Policía Municipal, todos de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron los actos consistentes en: la privación de su libertad, imponerle multas o arrestos, para el caso de que continúe la obra, asimismo, el desconocimiento de sus derechos humanos como mujer trabajadora sin observar el protocolo relativo a la equidad de género. Así como las consecuencias de los aludidos actos. Es así, dado que enseguida hace manifestaciones en el sentido de que se dejó insubsistente la licencia de construcción contenida en el oficio número ..., de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; así como la constancia de uso de suelo contenida en el oficio ..., de veinticuatro de agosto del año en curso. Razón por la cual con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por inexistencia de los actos reclamados consistentes en la privación de su libertad, imponerle multas o arrestos, para el caso de que continúe la obra, asimismo, el desconocimiento de sus derechos humanos como mujer trabajadora sin observar el protocolo relativo a la equidad de género; así como las consecuencias de los aludidos actos. CUARTO.- Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado son omisas en decir si son ciertos o no los actos consistentes en la revocación de la licencia de contrucción y uso de suelo, que reclama la quejosa. Sin embargo, hacen manifestaciones en el sentido de que se dejó insubsistente la licencia de construcción contenida en el oficio número ... de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; así como la constancia de uso de suelo contenida en el oficio MCG/DDU/105/2023, de veinticuatro de agosto del año en curso. Razón por la cual, se tienen por ciertos esos actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió con su informe justificado a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINRTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa y el informe justificado de la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, se advierte lo siguiente: 1. El dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa presentó ante las autoridades responsables solicitud de una licencia de construcción. 2. En la misma fecha se otorgó la licencia de construcción solicitada, misma que fue recibida el 24 de agosto siguiente. 3. Asimismo, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se autorizó el uso de suelo mediante oficio ... 4. El veintiocho de agosto debido a diversos vecinos manifestaron que ese predio está en litigio ante autoridades competentes y para salvaguardar la integridad física de la quejosa y los demás vecinos, se inició procedimiento de revocación de licencia de construcción. Revocación de licencia acto éste último que es el reclamado en este juicio SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, en la especie, como ya se expuso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relativa a que la quejosa NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dice: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ". De acuerdo con la citada norma, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotar el recurso ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. ... Como ya se dijo, el agotar previamente los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el quejoso debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa en esencia, señaló como acto reclamado la revocación de la licencia de construcción y uso de suelo, otorgadas previamente por las autoridades responsables. En efecto, los artículos 149, 150 y 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establecen que las autoridades municipales deberán sujetar su actuación a las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; en consecuencia, los actos, acuerdos y resoluciones que dicten, se presumen legales y si no son impugnados, se procederá a su ejecución; no obstante, dichos actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, por lo que, su interposición suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnadas, como a continuación se transcribe: "Artículo 149. Las autoridades municipales deberán sujetar su actuación a las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; en consecuencia, los actos, acuerdos y resoluciones que dicten, se presumen legales y si no son impugnados, se procederá a su ejecución. Artículo 150. Los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, conforme a las siguientes disposiciones: I. Se interpondrá dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación, ante la propia autoridad municipal, que haya emitido el acto, acuerdo o resolución que se impugne. II. El escrito de interposición contendrá: a) Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueva en su nombre; b) El acto, acuerdo o resolución que se impugne; c) Los hechos que dan lugar a la petición: d) Los agravios que se consideren cometidos en su perjuicio; y e) Las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales que obren en su poder. III. Se admitirán toda clase de pruebas emitidas por la ley, con excepción de la confesional de las autoridades; en caso de ofrecerse prueba testimonial o pericial, se acompañará el interrogatorio para los testigos y el cuestionario que deban resolver los peritos. IV. Una vez interpuesto el recurso, la autoridad lo remitirá al Síndico Municipal para su trámite y resolución. V. Recibidas las constancias del recurso por el Síndico Municipal, se abrirá un periodo de prueba por diez días hábiles para desahogar las que se hubieren ofrecido oportunamente. VI. Concluido el término a que se refiere el artículo anterior, desahogadas las pruebas que así lo ameriten, el Síndico Municipal dictará la resolución definitiva debidamente fundada y motivada. Artículo 152. La interposición del recurso administrativo de revocación suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnados." En esas condiciones, ante la naturaleza del acto que reclama la promovente, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo PROCEDENTE ES SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, así como las alegaciones que formuló la tercera interesada, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEPTIMO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ..., por conducto de su apoderado legal, contra las autoridades responsables y actos reclamados señalados en el resultando primero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Únicamente agréguese a los presentes autos el oficio ..., del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que el treinta de octubre pasado, se proveyó al respecto. Asimismo, dado que carece de objeto que continúe en este juzgado el cuaderno de constancias remitidas para la consulta, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo fracción III, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, informa, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que el Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, con fecha cuatro de octubre del año en curso, realizó el pago por la cantidad de $********************(********************M.N.), a favor del quejoso ********************, correspondiente al mes de octubre de dos mil veintitrés, tal y como se advierte del comprobante de pago con folio ********************, donde se aprecia la firma de recibido del impetrante.******************** 2.- Que en cumplimiento al convenio celebrado entre las partes el trece de febrero del año en curso, requirió con apercibimiento al Ayuntamiento demandado de la Villa de Zaachila, Oaxaca, para que acredite ante la Junta responsable, haber realizado al actor ********************, el pago correspondiente al mes de NOVIEMBRE de dos mil veintitrés. Remitiendo copia certificada de las constancias en que sustenta su aserto. En tal virtud, téngase a la citada responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto.******************** NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio número 22512/2023, del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual informa que no acepta la competencia declinada a su favor por las consideraciones que señala. Téngase por recibido el juicio de amparo 900/2023 y su respectivo incidente de suspensión, del índice de este juzgado. Acúsese recibo. SE PLANTEA CONSULTA. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta, el juzgado oficiante refiere que en el juicio de amparo 900/2023, del índice de este juzgado, promovido por MARCELINA SORIANO RAMÍREZ, reclama las órdenes, determinaciones y acuerdos emitidos para revocarle sin fundamento la licencia de construcción otorgada a la quejosa por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, con número de folio MCG/DDU/032/2023, de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, respecto de un bien inmueble de su propiedad. Mientras en el diverso juicio de amparo número 757/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por MARCELINO SORIANO RAMIREZ, reclamó la omisión de dictar las medidas cautelares en la carpeta de investigación 20905/FCVE/OAXACA/2023, del inventario del agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Diez, del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado; originada por el mismo bien inmueble propiedad de la quejosa. El Juez toma en consideración para rechazar la competencia el hecho de que los actos reclamados son diversos, que no se tratan del mismo acto reclamado. Sin embargo, no analizó que en el juicio de amparo 534/2023 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y en el presente juicio de amparo 900/2023, del índice de este juzgado, promovidos por MARCELINA SORIANO RAMIREZ, el mismo acto reclamado consiste en la privación de su libertad personal derivado de actos realizados respecto del bien inmueble de su propiedad, situado en las calles de Rayón S/n en el Barrio de San Juan, jurisdicción de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: Oriente mide 115.00 mts., colindando con el señor Porfirio Castellanos Ruiz. Al poniente mide 83.50 mts. y colinda con el señor Elpidio Solano Barroso, Al norte mide 55.00 mts. y colinda con las calles de Porfirio Díaz y al Sur mide 65.75 colinda con las calles de Rayón, el cual se le hizo referencia en el auto veinticho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se declinó competencia. Luego, se actualiza la relación de asuntos entre los juicios 534/2023 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca y el 900/2023 del índice de este Juzgado, ya que además de la privación de su libertad que reclama en los dos juicios de amparo, los demás actos reclamados tienen concordancia entre sí, toda vez que se originan respecto de un mismo bien inmueble que pertenece a la quejosa, además de ser las mismas autoridades responsables a quien se reclama ese acto. En consecuencia, realícese la consulta correspondiente a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal a efecto de que resuelva a qué órgano de control constitucional corresponde conocer del juicio de amparo promovido por MARCELINO SORIANO RAMÍREZ, por lo que al oficio que derive de este acuerdo deberán anexarse copias certificadas de todas las actuaciones del presente juicio de amparo, las cuales se enviaran por la empresa de mensajería acelerada denominada Estafeta. No obstante lo anterior, y a efecto de no paralizar el procedimiento, al efecto se provee: Toda vez que mediante auto de veintinueve de septiembre pasado, se reservó acordar el contenido del informe justificado rendido por la Síndica Municipal por sí y en representación de las autoridades responsables Presidente Municipal, Alcalde Primero, Alcalde Segundo, Director de Desarrollo Urbano y Comandante de la Policía Municipal integrantes del Ayuntamiento del Ayuntamiento Constitucional de Cuilapam de Guerrero, Centro, Oaxaca; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el citado informe justificado, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Finalmente, se señalan las diez horas con dieciséis minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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