Marcelino González Peña

Expediente 686/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
686/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Marcelino González Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente, no impugnó el proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad (fojas 16 a 22), por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el expediente, como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, resulta innecesaria la permanencia en este Juzgado, del original del toca civil 15/2017, allegada por el Cuarto Tribunal Distrital con residencia en esta ciudad, que motivó la apertura del tomo I de pruebas (fojas 16 a 22); por ello, devuélvase a la autoridad de que se trata.

  2. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso ***; en atención a su contenido, se provee: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el ubicado en calle *** y como su autorizada en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ***, sin revocar a los designados con anterioridad.

  3. Principal

    Vista la cuenta; agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, los oficios 42700/2017 y 43474/2017, signados por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, y anexo; en atención a su contenido se provee: Téngase a dicha autoridad acusando recibo y remitiendo sin diligenciar el exhorto 1268/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que se ordenó notificar al quejoso Marcelino González Peña, el proveído de veintidós de agosto de este año, por lo motivos que se exponen en la razón actuarial (foja 42). Ahora bien, de autos se advierte que el quejoso ***, en el juicio ordinario civil 15/2017, donde derivan los actos reclamados en este amparo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ***; acorde a lo anterior, se ordena efectuar la notificación del proveído de veintidós de agosto de este año, por conducto del actuario de la adscripción, en el citado domicilio. Acúsese recibo del exhorto de cuenta, y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales procedentes.

  4. Principal

    I. Se recibe incompetencia. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 3013/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 337/2017 (índice del Tribunal oficiante), promovido por ***, contra actos de la autoridad denominada Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 686/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Se asume competencia. En atención a ello, se acepta la competencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I; 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Acúsese el recibo correspondiente al Tribunal Colegiado oficiante. IV. Acto reclamado y antecedentes. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: ".la resolución definitiva de segunda instancia dictada por el Cuarto Tribunal Distrital Judicial de Río Grande, con residencia en Piedras Negras, Coahuila, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil diecisiete (2017) dictada dentro de los autos del Toca Civil 15/2017, que se sigue por Marcelino González Peña, en contra de la resolución que dictó el juez de primera instancia en materia civil del distrito judicial de Acuña, Coahuila, con residencia en la misma ciudad, por la falta de motivación y fundamentación en la resolución que dictó y que me fue notificada el día 19 de junio del año 2017 ." Ahora bien, el Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, al remitir el informe con justificación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con motivo de la interposición de la demanda de amparo directo, anexó el toca civil 15/2017, iniciado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Marcelino González Peña -aquí quejoso-, en contra de la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 705/2016, incoado por ***z, en contra del aquí promovente, en la que decretó la conexidad y acumulación de autos del expediente 705/2016 al 436/2015, y se ordenó la remisión del juicio al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, decretándose la validez de lo actuado hasta antes de la acumulación. Documental que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fue expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Analizado el escrito de demanda y la documental allegada, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de nueve de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, dictada dentro del toca penal 15/2015, que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, que decretó la conexidad y acumulación de autos del expediente 7052016 al 436/2015, y se ordenó la remisión del juicio al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: *** Igualmente la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 181810, que establece: *** V. Se desecha demanda de amparo indirecto. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, la causal en estudio, establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio ordinario civil reivindicatorio 705/2016, índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza), el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, como regla general, que los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, número LVI, agosto de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205651, que dice: *** Asimismo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional estimó que de igual manera procedía el juicio de amparo indirecto, contra actos derivados durante procedimiento judicial, cuando afectaran en grado predominante o superior a las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006338, que a la letra dice: *** Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que aquí se reclama consistente en la sentencia de nueve de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado del Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, dictada dentro del toca penal 15/2015, que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, que decretó la conexidad y acumulación de autos del expediente 7052016 al 436/2015, y ordenó la remisión del juicio al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, sólo produce efectos meramente procesales, dado que únicamente otorga derechos adjetivos a las partes del procedimiento de origen, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias y que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible, sin que ello afecte derechos sustantivos del promovente. En esa tesitura, las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, y por ende el acto aquí combatido no causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Sobre el tema, se emitió la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.), por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: *** Por otro lado, en caso de que la determinación del juez responsable sea adversa a los intereses del aquí quejoso, estará en aptitud de interponer el medio de defensa legal procedente contra el sentencia e invocarla como violación procesal en el amparo directo que, de ser el caso promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizado. Dado que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Alaska, número 510-C, esquina con J. Sarmiento, colonia Virreyes Residencial, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, es decir, fuera del lugar de jurisdicción de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente el presente proveído a ***, previa su identificación, en el domicilio antes señalado. Debiendo de requerirlo, para que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las que le resulten en forma personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado en amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Alfredo García Trejo e Israel Daniel López García, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. XI. Tomo de pruebas. En relación con la documental allegada por el Cuarto Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, consistente en el original del toca civil 15/2017, ábrase el tomo I de pruebas relativo al presente juicio de amparo, a efecto de facilitar el manejo de este expediente, de conformidad con el artículo 65, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

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