Mapfre Tepeyac, S.A.
Expediente 781/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Mapfre Tepeyac, S.A.
Actuaciones
- Principal
1. Recepción de ejecutoria. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 62/2021 y devuelve la copia certificada del juicio de amparo 781/2020 promovido por Mapfre Tepeyac, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado jurídico José Luis Zúñiga de la Peña, contra actos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo y otra autoridad 2. Efectos de la ejecutoria. En cuanto a la ejecutoria de mérito se advierte que en lo que es materia de queja la superioridad resolvió: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Mapfre Tepeyac Sociedad Anónima, contra el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en el amparo indirecto 781/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras. 3. Acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes. 4. Anotaciones y se acusa recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, y acúsese recibo de estilo a la superioridad. 5. Destrucción de constancias. Destrúyase la copia certificada del juicio de amparo 781/2020, que devuelve el tribunal de alzada por considerarse innecesaria su conservación. 6. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 7. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto en el cual se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 8. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 9. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 10. Devolución de constancias. Finalmente, hágase devolución a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, del tomo I de pruebas, mismo que anexó al rendir su informe justificado, sin que la citada autoridad responsable se encuentre obligada a realizar el acuse correspondiente.
- Principal
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a dos de marzo de dos mil veintiuno. 1. Exhorto. Agréguese a los autos el oficio y anexos, que remite la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo y la secretaria de su adscripción, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 461/2020-CH (orden 542/2020-CH), del índice de este Juzgado, enviado para notificar a la parte quejosa ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, el auto de tres de diciembre de dos mil veinte. 1.1 Acuerdo. En consecuencia, dése de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo; sin que resulte necesario acusar de recibo, en razón a que el mismo es generado al momento del envío vía sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Estado de autos. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de enero del presente año, este órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto al recurso de queja promovido por la parte quejosa, lo anterior hasta en tanto obrara en autos el exhorto 461/2020-CH, lo que ya aconteció. 2.1 Recurso de queja. En tales condiciones, téngase por recibido el escrito signado por ********************, apoderado jurídico de ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de tres de diciembre del año pasado, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. 2.2 Tramitación de medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada del presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes. 2.3 Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta por la parte quejosa contra el auto en el cual se desechó la demanda de amparo, en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el proveído de tres de diciembre des dos mil veinte. 2.4 Instrucción. Se instruye a la Secretaría para que bajo su más estricta responsabilidad, remita original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de los autos del presente juicio, en el entendido que deberán ser remitidas dichas copias debidamente integradas, foliadas, rubricadas y entreselladas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del recurso correspondiente.
- Principal
1. Promoción. Téngase por recibido el escrito signado por ****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. 1.1 Acuerdo. Al respecto, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el exhorto 461/2020-CH (orden 542/2020), enviado al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, a fin de que notificara a la parte quejosa el auto señalado en párrafos que anteceden.
- Principal
1. Promoción. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 4264/2020, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexos; atento a su contenido se provee: 2. Acuerdo. Téngase remitiendo los autos del juicio de amparo directo 288/2020, promovido por ***, en su carácter de apoderado jurídico de ***, contra la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otra autoridad. Ahora bien, del contenido del oficio antes citado, se advierte que el Tribunal de Alzada declaró carecer de competencia para resolver la demanda de amparo de que se trata, por las razones que expone en el auto de diez de septiembre del presente año, en el que determinó que este Juzgado Federal debe conocer de la tramitación de dicha solicitud de amparo, en atención a que los actos reclamados no pueden considerarse como de aquellos que tienen como efecto dar por terminado el juicio de origen o que lo decidan en lo principal, razón por la cual no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. 3. Competencia. Ante ello, se acepta la competencia planteada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I; 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115 y 117 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Acúsese el recibo correspondiente. 4. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo 781/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 5. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de las autoridades y acto siguiente: Autoridades Responsables: Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo y Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Acto Reclamado: En el caso a estudio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de nueve de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil 251/2019, del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el impetrante del amparo. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, concede el recurso de reconsideración por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. En ese contexto y del análisis de las constancias de autos, se llega al convencimiento que contra el acto reclamado, procede recurso ordinario, mediante el cual puede ser modificado, revocado o nulificado; sin embargo, el accionante de esta instancia constitucional, no lo agotó previamente, por ello se considera que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional, lo anterior sustentado con el referido artículo 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Luego, el promovente debió agotar el medio o recurso ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, contra la resolución de nueve de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil 251/2019 del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso; sin embargo, al no haber agotado el recurso de reconsideración, como medio ordinario de defensa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Esto es, el quejoso estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues contra el mismo, debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Máxime, que en el caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Así las cosas, aun tratándose de esa clase de actos -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad; toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue contra actos arbitrarios de autoridad. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 6. Criterio legal aplicable. Apoyan lo anterior por analogía la jurisprudencia 14/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis XXVII.3º.26 C (10ª.) que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 7. Exhorto. Ahora bien, atendiendo a que la parte quejosa tiene su domicilio en calle ***, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza en turno, con residencia en Saltillo, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa en el domicilio señalado con anterioridad. Debiendo requerirlo para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las que le resulten en forma personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. 8. Autorizados para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Eduardo David Ramírez Guajardo, ***, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 13. Anexo. Ahora bien, dado lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado y para su mejor manejo y estudio, se ordena formar un anexo correspondiente, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad remitente, por lo que continúese actuando en este tomo, para los efectos legales a que haya lugar. 14. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 15. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.
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