Marcelino García Mejía

Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Marcelino García Mejía y Otros.
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
  • Marcelino García Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 931/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y que correspondió conocer a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, Marcelino Mejía García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: En su doble carácter de autoridad ORDENADORA y EJECUTORA, señalamos a las siguientes: 1. DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [.] 2. EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN [..]. 3. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OACACA [.]. 4. EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [.]. 5. LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [.]. 6. LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [.]. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, reclamo la omisión de instruir a la Secretaría de Gobernación para promover ante el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y ante el Congreso del Estado de Oaxaca la expedición de la respectiva Ley de Amnistía Local por la Comisión de delitos que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo de la referida normatividad, misma que publicó el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de Federación. 2. DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, reclamo la omisión de promover ante el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y ante el Congreso del Estado de Oaxaca la expedición de la respectiva Ley de Amnistía Local por la Comisión de delitos que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo de la referida normatividad, misma que publicó el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de Federación. 3. DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, reclamo la omisión de promover ante Congreso del Estado de Oaxaca la expedición de la Ley de Amnistía y omisión de presentar una iniciativa de Ley de Amnistía para Oaxaca. 4. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo la omisión de expedir la Ley de Amnistía. 5. De la COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo la omisión de analizar las iniciativas existentes respecto de la Ley de Amnistía, emitir el correspondiente Dictamen para su análisis, discusión y aprobación por el Pleno del CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA. 6. DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo la omisión de analizar las iniciativas existentes respecto de la Ley de Amnistía, emitir el correspondiente Dictamen para su análisis, discusión y aprobación por el Pleno del CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA. (.)" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 2, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2, 3, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, artículo segundo transitorio de la Ley de Amnistía publicada el veintidós de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda de amparo. En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, previo auto aclaratorio, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 17 a 19), se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 22), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto tendría ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. Dado que los actos reclamados consisten en omisiones de las autoridades responsables, lo que implica actos de no hacer, creando dichas omisiones una situación permanente mientras se subsana, de ahí que puede reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de extemporaneidad de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS". TERCERO. Fijación de los actos. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la quejosa al promover este juicio constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esa tesitura, se tiene que la parte quejosa reclama: - Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, la omisión de instruir a la Secretaría de Gobernación de promover ante el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado de Oaxaca, la expedición de la Ley de Amnistía Local por la Comisión de delitos que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo de la referida normatividad, publicada el veintidós de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de Federación. - DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, la omisión de promover ante el Poder Ejecutivo el Congreso del Estado de Oaxaca, la expedición de la Ley de Amnistía Local por la Comisión de delitos que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo de la referida normatividad, publicada el veintidós de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de Federación. - DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO DE OAXACA, del primero, la omisión de promover ante Congreso del Estado de Oaxaca la expedición de la Ley de Amnistía y omisión de presentar una iniciativa de Ley de Amnistía para Oaxaca; y de la segunda autoridad, la omisión de expedir la Ley de Amnistía. . De la COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA y COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD DE GÉNERO, ambos DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, la omisión de analizar las iniciativas existentes de la Ley de Amnistía, emitir el correspondiente dictamen para su análisis, discusión y aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca. CUARTO. INEXISTENCIA DE actos. El Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca (foja 47 a 50), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en cuanto a la mencionada autoridad responsable se refiere. QUINTO. Por su parte, el Congreso del Estado de Oaxaca, quien rindió informe a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional (fojas 30 a 32); la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca (fojas 43 y 44); y Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Oaxaca (fojas 41 y 42), al rendir sus informes de ley, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin embargo, la primera responsable mencionada manifestó que el Congreso conoce varias iniciativas con proyecto de Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca, que fueron turnadas mediante oficios LXIV/A.L./COM.PERM./2599/2019; LXIV/A.L./COM.PERM./3516/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4074/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4165/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4194/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4238/2020, para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, como prevé el artículo 42 fracciones II y XVIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca; por su parte, la autoridad citada en segundo término, refiere que mediante oficios LXIV/A.L./COM.PERM./3516/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4074/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4165/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4194/2020; LXIV/A.L./COM.PERM./4238/2020, fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas inherentes a la Ley de Amnistía, formándose los expedientes 246, 283, 337, 411, 426, 427, 434, 448 y 456 del índice de dicha Comisión. Y, la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Oaxaca, hace del conocimiento que no ha sido omisa en analizar y dictaminar tal iniciativa, virtud a que por oficio LXIV/A.L./COM.PERM./3559/2020, fue turnada para su estudio y dictamen, formándose el expediente 152 de la indicada Comisión. Anexando dichas autoridades para tales efectos, diversas constancias para justificar su dicho. Argumentos que constituyen manifestaciones de la voluntad de las preindicadas autoridades responsables que entrañan la aceptación de la existencia de los actos materia de la litis en el presente juicio, que por esta vía se les reclama. Tiene aplicación al respecto, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 15, volumen 181-186, Sexta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 249047, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA." SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, es necesario analizar la causa de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o que de oficio se advierta, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]. Atento a la naturaleza de los actos reclamados y a la de las autoridades que lo emiten, el quejoso en el juicio de amparo para legitimar su reclamo debe acreditar fehacientemente un interés jurídico o legítimo que le asista, sin que sea válido inferirse con base en presunciones. Ello, pues conforme a la fracción I del artículo 107 constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso siempre deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El interés jurídico requiere la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. Por otra parte, el interés legítimo es un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. El interés legítimo, permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio personal e indirecto- en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: 1. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, 2. Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: 1. Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; 2. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; 3. Que el promovente pertenezca a esa colectividad; y 4. El pronóstico relativo a que la eventual concesión de amparo contra el acto que reclama, se traduzca en un beneficio personal para el interesado, pues si no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido su interés es simple o jurídicamente irrelevante. Por ello, para acudir al juicio de amparo, tanto bajo la figura de interés jurídico como del interés legítimo, es imprescindible corroborar la existencia de una afectación cierta en la esfera jurídica del quejoso, sea directa o indirecta, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Es así, que la actualización de la figura del interés legítimo requiere de un análisis casuístico, es decir, concreto atendiendo a la situación y particularidad de cada caso. Sirven de apoyo, la tesis de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" [2a. LXXX/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Pág. 1854, registro 2004501]; así como la diversa de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)" [P./J. 50/2014 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Noviembre de 2014, tomo I, página 60, registro 2007921] De esa forma, los elementos para analizar casuísticamente si se actualiza el interés legítimo para ejercer la acción de amparo, son los siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Lo subrayado es propio. Precisado lo anterior, y una vez analizadas las cuestiones fácticas a la luz de los anteriores razonamientos jurídicos, se considera que el quejoso Marcelino Mejía García, quien promueve el juicio de amparo por su propio derecho, carece de interés legítimo para reclamar de las autoridades responsables: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la omisión de instruir a la Secretaría de Gobernación de promover ante el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado de Oaxaca, la expedición de la Ley de Amnistía Local por la Comisión de delitos que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo de la referida normatividad, publicada el veintidós de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de Federación; Del Secretario de Gobernación, omisión de promover ante el Poder Ejecutivo el Congreso del Estado de Oaxaca, la expedición de la Ley de Amnistía Local por la Comisión de delitos que se asemejen a los que se amnistían en la Ley de Amnistía, de conformidad con el Artículo Transitorio Segundo de la referida normatividad, publicada el veintidós de abril de dos mil veinte, en el Diario Oficial de Federación; Del Gobernador Constitucional y Congreso, ambos del Estado de Oaxaca, la omisión de promover ante Congreso del Estado de Oaxaca la expedición de la Ley de Amnistía y la omisión de presentar una iniciativa de Ley de Amnistía para Oaxaca; así como la omisión de expedir la Ley de Amnistía, respectivamente. De la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia y Comisión Permanente de Igualdad de Género, ambos del Congreso del Estado de Oaxaca, la omisión de analizar las iniciativas existentes de la Ley de Amnistía, emitir el correspondiente dictamen para su análisis, discusión y aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca. Lo anterior, en torno a las siguientes consideraciones. De la lectura de la demanda de amparo, no existe medio de convicción con el que la parte quejosa pruebe que tiene un derecho legítimo para reclamar, esencialmente, las gestiones para promover ante las autoridades locales la expedición de la Ley de Amnistía estatal, así como la pretendida omisión legislativa en torno a la emisión de dicha ley; al no haber demostrado ni siquiera de manera indirecta, la existencia de un vínculo entre sus derechos fundamentales con los actos de que se duele, pues debe justificar un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; lo anterior, a fin de verificar cuál es el beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que podía obtener con una eventual sentencia concesoria del amparo, para así estimar que cuenta al menos con interés legítimo para reclamar dichos actos, que redundan en una omisión legislativa. Esto es así, dado que si bien el interés legítimo se actualiza, en la mayoría de los casos, cuando existen actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, sin embargo, en el caso que se analiza, si bien en la demanda de amparo se expresa cual es la especial situación cualificada frente al orden jurídico que reclama dentro de la colectividad. Es decir, si bien refiere que el diecinueve de agosto de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Comisión de Amnistía, por el que se aprueban los Lineamientos para el Procedimiento de Atención de las Solicitudes de Amnistía, ya que para la aplicación, operatividad y réplica de la Ley de Amnistía, se establecieron diversos artículos transitorios, entre los que interesa el segundo de dicha Ley, sin embargo, los integrantes del Congreso de Oaxaca, no han desplegado sus facultades para requerir a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia y a la Comisión Permanente de Igualdad de Género, la emisión del respectivo dictamen de la Ley de Amnistía. Lo cual aduce le beneficia porque fue detenido desde el treinta de mayo de dos mil nueve; y fue consignado al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca; y, actualmente se encuentra procesado en la causa penal 85/2009, sin que a la fecha tenga sentencia condenatoria, a pesar de que han transcurrido más de doce años de estar privado de su libertad. Sin embargo, no demuestra la afectación a su esfera jurídica en algún sentido, sino únicamente un interés simple o jurídicamente irrelevante, que no se encuentra protegido a través del juicio de amparo. Es así, porque el acceso a los tribunales competentes implica la existencia de posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes; ello, al margen de que en el libelo de derechos fundamentales refiera el quejoso que la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veinte, establece en el artículo 1º la calidad especifica de las personas que pueden ser beneficiadas, y que una eventual Ley de Amnistía en Oaxaca, para delitos del orden común, o sancionados por el Código Penal de Oaxaca, podrían beneficiarlo, así como a otras mil ciento setenta y cuatro personas indígenas que se encuentran privadas de su libertad. Sin embargo, de tales circunstancias, per se, no se aprecia la existencia de un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, habida cuenta que ningún medio de convicción anexó a la demanda de amparo para justificar que se encuentra procesado en la causa penal 85/2009. De lo que se infiere que no existe una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad; se insiste, porque ningún medio de convicción anexa a la demanda a efecto de acreditar que los actos de que se duele causan lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y protegidos. Cobra aplicación en la especie, el criterio I.18o.A.11 K (10a.), sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2995, del Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2012767, de rubro y contenido siguientes: "OMISIÓN LEGISLATIVA O REGLAMENTARIA. HIPÓTESIS EN QUE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la tesis aislada de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se impugna la omisión de la autoridad para expedir disposiciones de carácter general porque, en esos casos, podrían darse efectos generales a la ejecutoria vinculando no sólo al quejoso y a las responsables, sino a todos los gobernados y autoridades relacionadas con la norma creada, contraviniendo el principio de relatividad de las sentencias. Dicho criterio fue emitido antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de seis de junio de dos mil once, así como del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo de dos de abril de dos mil trece por lo que, adminiculando ambas reformas, actualmente es factible considerar que el amparo es procedente cuando se reclama la omisión legislativa o reglamentaria, por lo menos, cuando hay un mandato constitucional o legal que obligue a una autoridad y éste no se ha ejecutado. En tal virtud, cuando se impugna la omisión legislativa o reglamentaria debe demostrarse que el deber de actuar de la autoridad en cierto sentido existe, esto es, que un mandato legal obliga a una autoridad a expedir una disposición de carácter general; y quien tenga interés legítimo puede acudir a reclamar el inactuar de la autoridad. En esa circunstancia, el juicio de amparo sí es procedente cuando se trate de una omisión legislativa o reglamentaria, porque en ese supuesto no se pretende satisfacer un interés particular, sino uno legítimo para el cumplimiento de un mandato legal ya existente." Lo subrayado es propio. De igual forma, es puntualmente aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 559, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004008, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." De igual forma, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), con número de registro 2002812, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 822, del Libro XVII, Febrero de 2013,del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En las relatadas condiciones, toda vez que la parte quejosa no demostró ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa para accionar en el juicio de amparo en contra de los actos omisivos que reclama, se considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio en términos del cardinal 63, fracción V, del citado ordenamiento legal; pues no se advierte de que por una eventual sentencia concesoria de amparo le podia beneficiar de manera directa. Al resultar improcedente la acción de garantías y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 394465, consultable en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice de 1995, Séptima Época, que se describe a continuación: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 124, 217 y relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Marcelino Mejía García, en contra del acto reclamado a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia; por los motivos expuestos en el cuarto y último considerandos de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; por oficio a las autoridades responsables, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el telegrama de la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por tanto, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, sin mayor pronunciamiento agréguese el oficio de la Directora General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaria de Gobernación, con sede en la ciudad de México, por el cual rinde informe justificado relativo al presente juicio; en atención a que por auto de diez de noviembre del actual, se tuvo por rendido, y se proveyó lo conducente. Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos procedentes. Notifíquese; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio remitido por la Directora General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación, con sede en la ciudad de México, a través del cual rinde el informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene designando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, a los profesionistas y la dirección que cita en su comunicado, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Por otra parte, en atención a su solicitud, se le autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo su absoluta responsabilidad y la de sus delegados la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en relación al ofrecimiento de la documental que refiere, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto, se reciba físicamente la copia certificada a que hace alusión. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Apoyo a lo anterior, las tesis XX. 304 K y VI.1.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL.". Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano