Marcelina Valentina de Jesús Velasco y Otros.

Expediente 1274/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1274/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Marcelina Valentina de Jesús Velasco y Otros.
  • Marcelina Valentina de Jesús Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de enero de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d, del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE SE LISTA LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Marcelina Valentina de Jesús Velasco, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con residencia en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1274/2021, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En este sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En este panorama, resulta oportuno precisar del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, el acuerdo dictado en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 13/2021 del índice de dicho tribunal, en la parte en que se estima improcedente llamar a juicio a la comunidad de Santa María Asunción, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, como tercero con interés. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "B", de la Constitución Federal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.""Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la lectura de los preceptos transcritos, se desprende que por regla general es procedente el amparo directo respecto a las violaciones que se cometan durante, el procedimiento, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Conforme lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Dicho de otro modo, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Agosto de 1992, Página 11, registro digital 205651, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, sino adjetivos. Para ello, conviene diferenciar uno de otro; por los primeros se entiende aquellos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en razón a que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juico o en la resolución del procedimiento correspondiente; y por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente derechos fundamentales, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. En este sentido, conviene destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo, la promovente en lo medular señala como acto reclamado el acuerdo dictado en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 13/2021 del índice de dicho tribunal, en la parte en que se estima improcedente llamar a juicio a la comunidad de Santa María Asunción, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, como tercero con interés. En tal virtud, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para el peticionario de amparo un acto de imposible reparación, ya que no puede reputarse como de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, ya que ese tipo de actos se presentan cuando sus consecuencias afectan de forma directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado, por lo que el acto reclamado no le afecta de manera directa sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, porque sólo inciden sobre la posición de las partes dentro del proceso, con vista a obtener un fallo favorable, mediante la oportunidad de probar sus pretensiones, lo cual es susceptible de anularse en el supuesto de que obtenga sentencia favorable, sin que deje huella en su esfera jurídica; o a través del juicio de amparo directo, cumplidos los requisitos legales correspondientes, que se intente en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior es así, pues en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si el directamente agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, pero en caso de que le resulte perjudicial, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal, en términos los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la determinación que se pronuncie y ponga fin al juicio. De tal suerte que el acuerdo dictado en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 13/2021 del índice de dicho tribunal, en la parte en que se estima improcedente llamar a juicio a la comunidad de Santa María Asunción, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, como tercero con interés, se trata de un acto meramente intraprocesal, al versar sobre la negativa de la responsable de llamar a juicio a la citada comunidad. Al respecto, sirve de apoyo en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 6, Libro 63, Tomo I, Febrero 2019, Décima Época, que dice: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza". Razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. No escapa a la atención de este Juzgado de Distrito, y por lo mismo no se soslaya el contenido de la tesis aislada de rubro siguiente: "TERCEROS INTERESADOS. NEGATIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PARA LLAMARLOS A JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ADJETIVA RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO SÓLO SI YA SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA." Toda vez que si bien, dicho criterio prevé un caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo biistancial, respecto de resoluciones que dirimen cuestiones relacionadas con la denuncia de terceros en el juicio, ese criterio deriva de la apertura interpretativa que provocaba la indefinición del concepto de "imposible reparación", a que hacía referencia la fracción IV, del artículo 114 de la Ley de Amparo, y que ahora se precisa en forma indudable, en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. De ahí que, dada la connotación que el legislador secundario aporta a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", hoy resulta incompatible el criterio, cuando la concepción de la afectación material sobre derechos adjetivos son antagónicos a los sustantivos, aunado a que de manera tácita reconoce que la violación reclamada es de naturaleza adjetiva Por lo que, en los juicios de amparo (como el presente) iniciado conforme a la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal criterio, en términos del artículo Sexto Transitorio de la ley de la materia. Como se adelantó, esta nueva reflexión, está inspirada en las consideraciones que llevaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a abandonar la aplicación de la aludida jurisprudencia P./J. 4/2001, que no se estima contravenida, y que derivaron en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 37/2014, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tal virtud, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para el peticionario de amparo un acto de imposible reparación, y por ende, no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino deberá hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable al afectado, lo puede plantear en el amparo directo que en su momento promueva la quejosa. Por lo anteriormente considerado y fundado, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, SE DESECHA de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Sánchez Ramírez y José Quiroz Cortés, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como licenciado en derecho; y por lo que hace a las restantes personas, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

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