Marcelina Graciela Analco García
Expediente 907/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marcelina Graciela Analco García
- NOÉ DE LA BARRERA ANALCO y Otros.
- MARCELINA GRACIELA ANALCO GARCÍA y Otros.
- Primera Junta Local de Conciliacíón Y Arbitraje de Acapulco, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintiuno de febrero del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, trece de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora bien, en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: ".deje insubsistente el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 886/2007, y en su lugar dicte otro en que ordene la tramitación del escrito de actualización de los salarios caídos e incrementos salariales propuesto por la parte actora; con lo cual se restituirá en el pleno goce del derecho constitucional violado, respecto de lo cual se solicitó." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento que haya dado a la sentencia de amparo, sin que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del numeral en cita, se estime necesario ampliar dicho término para ese efecto. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, ya que de autos se advierte que la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con sede en esta ciudad, remitió los autos originales del juicio laboral 886/2007, así como la tercería excluyente de dominio, derivada de dicho juicio, constante de tres tomos que resultan innecesarios continúen a disposición de este juzgado, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 907/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Marcelina Graciela Analco García y Noe de la Barrera Analco, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDAD RESPONSABLE Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La negativa de la Autoridad responsable de acordar el escrito de actualización de salarios caídos e incrementos salariales, desplegada en acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previa prevención, por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 907/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede, y por diverso acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete se ordenó notificar a la tercero interesada Susana Guadalupe Andrade Muñoz. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman un acuerdo dictados en la etapa de ejecución de laudo por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo en relación con las constancias de autos, se precisa que la parte quejosa como actora en el juicio laboral 886/2007, reclama el acuerdo dictado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad mediante el cual se negó tramitar el incidente de liquidación propuesto hasta en tanto quedara firme la sentencia dictada en el juicio de amparo número 245/2017, promovido por la parte demandada, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, no obstante que al rendir su informe justificado por conducto del Presidente lo haya negado, en razón de que de las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado y como complemento a mismo consistentes en copia certificada y los autos originales del expediente natural, se evidencia su certeza. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias señaladas con anterioridad de los cuales en lo que aquí interesa se precisa lo siguiente: 1.- El siete de julio de dos mil siete, Marcelina Analco García y Noé de la Barrera Analco demandaron en la vía ordinaria laboral a Susana Guadalupe Andrade Martínez y/o Aracely Martínez Calderón y/o Jorge Anaya y/o de la persona física o moral que resulte responsable o propietaria de la fuente de trabajo y/o del inmueble, el pago de diversas prestaciones económicas derivadas de una relación de trabajo. 2.- Controversia de la que correspondió conocer a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Acapulco, Guerrero, quien la radicó mediante proveído de tres de julio inmediato, bajo el expediente número 00886/2007, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva, y ordenó realizar el emplazamiento a los demandados. 3.- Seguido el juicio laboral por sus etapas procesales, el once de noviembre de dos mil ocho, se emitió el laudo respectivo, en el que se declaró procedente la acción intentada, condenando a los demandados Susana Guadalupe Andrade Martínez, Aracely Martínez Calderón, Jorge Anaya y María de Jesús Arzeta Hernández y a la propietaria del inmueble ubicado en Calle Orquídea, Manzana 02, Lote 04, Fraccionamiento Parque Ecológico Viveristas, en Acapulco, Guerrero, a la reinstalación y al pago parcial de las prestaciones reclamadas. 4. Mediante resolución de uno de diciembre de dos mil nueve, se resolvieron las planillas de liquidación presentadas por la parte actora y se determinó la cantidad de $674,403.83, (seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos esos 21/100 moneda nacional), dejando a salvo los salarios caídos que se siguieran generando hasta el total cumplimiento del laudo y se comisionó al actuario para que se constituyera con el actor a requerir de pago a la parte demandada, y en caso de negativa llevara a cabo el embargo de bienes de su propiedad suficientes que garantizaran el crédito laboral obtenido. 5.- Posteriormente, el dieciséis de marzo de dos mil diez, se llevó a cabo la diligencia de embargo respectiva, trabándose formal embargo sobre el inmueble identificado y previamente descrito. 6.- Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil quince, se ordenó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio realizara la inscripción del embargo aludido. 7. En contra de tal orden y su ejecución la parte demandada interpuso el juicio de amparo número 245/2017, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, radicada por acuerdo de diez de abril de dos mil diecisiete, en el que mediante resolución interlocutoria de veinte de abril siguiente, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, sin suspender el procedimiento de ejecución respectivo, por ser de orden público, y no se lleve a cabo el remate ni adjudicación de dicho inmueble, así como que no se realizara por parte de la autoridad registral movimiento alguno de su registro hasta en tanto causara ejecutoria la resolución definitiva que en su caso se dicte en el expediente principal, la cual se pronunció el veintidós de junio de dos mil diecisiete, la cual fue impugnada mediante recurso de revisión. 8. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la apoderada legal de la parte actora propuso la actualización de la planilla de liquidación relativa a los salarios caídos e incrementos salariales, a lo cual recayó el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, en el que se negó tramitarlo hasta en tanto quedara firme la sentencia dictada en el juicio de amparo número 245/2017, promovido por la parte demandada, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero; lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse causal de improcedencia invocada por las partes ni este juzgador estima actualizada alguna, se procede al análisis del fondo de la cuestión planteada. En efecto, la parte quejosa sostiene que en el caso el acuerdo reclamado transgrede en su perjuicio el derecho a una administración de justicia pronta y expedida que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en razón de tal actuación impide la continuación del procedimiento en la etapa de aprobación de la actualización de los salarios caídos e incrementos salariales. En ese sentido, debe decirse que dicho motivo de disenso -suplido en su deficiencia conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se estima fundado en razón y suficiente para otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término es necesario tener presente el contenido del artículo 17 de nuestra Carta Magna, el cual "Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El artículo 17 constitucional establece la garantía de la tutela jurisdiccional, definida por la Suprema Corte como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así lo sostiene esta Primera Sala, según se advierte de la tesis jurisprudencial 42/2007, que establece a la letra: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Así, el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad de acudir a un tribunal a dirimir una cuestión de derecho, sino además garantizar que la sentencia que llegue a dictarse tenga plena eficacia, lo cual se logra a través del establecimiento de normas y criterios que impidan que se obstaculice la ejecución de la sentencia que se dicte. De nada sirve a quien logra triunfar en un juicio haber litigado y logrado el reconocimiento de su pretensión si no se garantiza que el derecho reconocido en la sentencia se hará efectivo, pero además que ello sucederá en un plazo razonable. Por su parte, los artículos 843, 844, 945 y 946 de la Ley Federal del Trabajo (vigentes época en la cual se admitió a trámite de la demanda laboral), en su orden disponen: "Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación Artículo 844. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo". De esos numerales, puede válidamente concluirse que la parte que obtuvo laudo en el cual se determinan, entre otras, prestaciones ejecutables (cantidad liquida), deberá despacharse ejecución para el pago y dar cumplimiento a lo condenado, sin que la promoción del incidente de liquidación para cuantificar la condena impuesta no determinada en dicha resolución, entorpezca el procedimiento de ejecución, pues dicha incidencia no forma parte de aquél. Asimismo, resulta conveniente precisar que el incidente de liquidación en materia laboral tiene por objeto cuantificar la condena impuesta al demandado en el laudo respectivo, cuando exista imposibilidad de establecer en el mismo en cantidad líquida el monto del cumplimiento que será exigible a la parte vencida, porque no se cuenta con los elementos necesarios para ello, los cuales han de pagarse respecto de salarios caídos, a partir del despido injustificado al día en que se cumplimente el laudo, aun y cuando en las planillas de liquidación se limiten a determinada fecha, pues tal circunstancia no trasciende en forma alguna, ya que dichas prestaciones deben calcularse hasta la data en que se pronuncia la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación planteado, por ser éste precisamente el momento en que se determina en cantidad líquida la condena económica decretada en el laudo a cumplimentar; para lo cual, la parte actora presenta una planilla de liquidación, precisando las cantidades que, a su juicio, correspondan al monto que se debe cubrir, ofreciendo además los medios de prueba que estime pertinentes, con la cual se corre traslado al demandado para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga. Por su parte, la Junta ante quien se tramite deberá concretarse a verificar si la liquidación propuesta conforme a las planillas exhibidas es correcta o no, para lo cual habrá de atender solamente a las prestaciones que en concreto se condenaron en el laudo, ya que de otra forma, se traduciría en una nueva oportunidad de demandar nuevos conceptos, lo que no es dable atender en ese estadío procesal y desde luego implicaría violar el principio procesal de congruencia. Se invoca en apoyo al particular, la jurisprudencia I.7o. T. J/23 sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 39, Tomo 79, Julio de 1994, Materia Laboral, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. MATERIA DEL. La tramitación del incidente de liquidación tiene como función la de cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo. Por lo tanto, la autoridad responsable al dictar la resolución incidental correspondiente, tiene la obligación, en primer lugar, de verificar que los conceptos contenidos en la planilla de liquidación que presente el actor, coincida con la condena establecida en el laudo, independientemente de que la parte demandada haga valer o no alguna objeción al respecto, pues la omisión de la autoridad de verificar esa situación, es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se obliga al patrón a pagar algo a lo que no fue condenado". De igual manera, la Jurisprudencia número 27, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 49 del Tomo 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece:1 "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU CONTENIDO. El incidente de liquidación del juicio laboral no es una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena formulada en el laudo que se trata de liquidar, por lo que la actividad de la Junta respectiva debe concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no, en la inteligencia de que la circunstancia de que el demandado no objete la multicitada liquidación no implica que la acepte, porque ninguna disposición legal lo ordena así". En este punto, conviene precisar que entre los principios rectores del juicio laboral que emanan de nuestra Carta Magna en relación con la propia Ley Federal del Trabajo, se encuentran los contenidos en el artículo 17 constitucional y en el primer párrafo del artículo 685 de la ley laboral, que tiene que ver con el derecho al acceso efectivo a la justicia laboral y la obligación impuesta a los tribunales del trabajo de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; premisas de cuya intelección se obtiene que en la materia laboral no se exigen requisitos con tal formalismo y severidad que impidan a las partes procurarse una defensa adecuada de sus intereses de modo tal que debido a esas cargas procesales, que en otras materias en las que la rigidez y formalismos son parte esencial de sus principios rectores, puedan dar lugar a confusiones o extralimitaciones, pues no puede soslayarse que en el ámbito laboral las normas del trabajo tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones (artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo). Sin embargo, la sencillez y economía del proceso no pueden provocar en perjuicio de alguna de las partes, detrimento patrimonial o jurídico, de modo que la mera tramitación del juicio laboral -sea que se trate del actor o del patrón-, no debe constituir una carga adicional a los contendientes, pues ello exclusivamente derivará de las decisiones que en el mismo se emitan, por ello, en los laudos cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalaran las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución y sólo por excepción podrá ordenarse la apertura del incidente de liquidación; y la ejecución podrá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo, como lo prevén los artículos 843 y 946, de la Ley Federal del Trabajo transcritos. Bajo ese contexto, de los antecedentes narrados en el considerando que antecede, destaca lo siguiente: 1. Que en el juicio de origen se dictó laudo en el cual no se cuantificó condena en cantidad líquida; sin embargo, mediante resolución de uno de diciembre de dos mil nueve, se resolvieron las planillas de liquidación presentadas por la parte actora y se determinó la cantidad de $674,403.83, (seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos esos 21/100 moneda nacional), dejando a salvo los salarios caídos que se siguieran generando hasta el total cumplimiento del laudo y se comisionó al actuario para que se constituyera con el actor a requerir de pago a la parte demandada, y en caso de negativa llevara a cabo el embargo de bienes de su propiedad suficientes que garantizaran el crédito laboral obtenido, el cual se ejecutó mediante diligencia de dieciséis de marzo de dos mil diez, embargándose el bien inmueble ubicado en Calle Orquídea, Manzana 02, Lote 04, Fraccionamiento Parque Ecológico Viveristas, en Acapulco, Guerrero, a la reinstalación y al pago parcial de las prestaciones reclamadas; inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 2. Que la parte demandada interpuso juicio de amparo en contra de la diligencia de embargo, la cual se radicó con el número 245/2017, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en el que mediante resolución interlocutoria de veinte de abril siguiente, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, sin suspender el procedimiento de ejecución respectivo, por ser de orden público, y no se llevara a cabo el remate ni adjudicación de dicho inmueble, así como que no se realizara por parte de la autoridad registral movimiento alguno de su registro hasta en tanto causara ejecutoria la resolución definitiva que en su caso se dictara en el expediente principal, la cual se pronunció el veintidós de junio de dos mil diecisiete, y fue impugnada mediante recurso de revisión. 3. Que la promoción del incidente de liquidación propuesto por la parte actora corresponde a la actualización de los salarios caídos a los que fue condenado la parte actora así como a los incrementos salariales. Luego, del contraste de los lineamientos establecidos con los antecedentes destacados y la decisión sujeta a examen en la presente instancia constitucional, se advierte que la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad transgredió en perjuicio de la parte quejosa, la garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional en razón de que el hecho de que la parte demandada haya promovido juicio de amparo en contra del embargo trabado en autos, y que sentencia dictada en el mismo no se encontrara firme, no impedía que se tramitara el incidente de liquidación propuesto por la parte actora, en tanto que el referido incidente como se dijo se encuentra encaminado a determinar en cantidad líquida en favor de la parte actora los salarios caídos que se siguieran generando hasta el total cumplimiento del laudo, lo que no tiene relación alguna con el embargo aludido respecto del cual mediante de resolución interlocutoria dictada en el juicio de amparo 245/2017, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, sin suspender el procedimiento de ejecución respectivo, por ser de orden público, y no se llevara a cabo el remate ni adjudicación de dicho inmueble, así como que no se realizara por parte de la autoridad registral movimiento alguno de su registro hasta en tanto causara ejecutoria la resolución definitiva que en su caso se dictara en el expediente principal; de ahí que dicha incidencia goza de autonomía en relación con el embargo referido. Sobre esa base y al haberse demostrado que el aludido acto reclamado resulta inconstitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó Marcelina Graciela Analco García y Noé de la Barrera Analco, para el efecto de que la junta responsable deje insubsistente el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 886/2007, y en su lugar dicte otro en que ordene la tramitación del escrito de actualización de los salarios caídos e incrementos salariales propuesto por la parte actora; con lo cual se restituirá en el pleno goce del derecho constitucional violado, respecto de lo cual se solicitó. Por lo antes expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Para los efectos que se precisan en el último de los considerandos de esta sentencia, la justicia de la Unión ampara y protege a Marcelina Graciela Analco García y Noé de la Barrera Analco. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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