Marceleano Peralta Teodoro
Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marceleano Peralta Teodoro
- MARCELEANO PERALTA TEODORO y Otros.
- Lucia Calderon Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Marceleano Peralta Teodoro y Lucia Calderón Moreno demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan (en su correcta denominación): AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama (.) EJECUTORAS: Coordinación General de la Policía Ministerial del Estado. Coordinación Regional de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "De las autoridades que señalamos como responsable ordenadora, reclamaos la ORDEN DE APREHENSIÓN que giro en nuestra contra y de las ejecutoras el cumplimiento que pretende dar a dicha orden de aprehensión." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 250/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se verificó al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una orden de aprehensión proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión de veintiocho de enero de dos mil trece, dictada en la causa penal 88/2012, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Del estudio que se hace al informe rendido por la autoridad Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, se advierte que al momento de emitir el informe justificado aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, para reforzar su informe allegó copias certificadas de la causa penal 88/2012 de su índice, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En ese sentido, al momento de rendir su informe el Coordinador Regional de Zona Centro en ausencia del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado igualmente aceptó la ejecución que se le reclama e incorporó a su informe copia simple del oficio PGJE/AMPA/22/2013, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Con lo anterior, se acredita la existencia del acto reclamado a las autoridades, tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del estado Responsable de la Coordinación Regional-Acapulco, en su informe justificado negó el acto reclamado, en razón de que de la búsqueda que hizo en sus archivos no encontró orden de aprehensión a ejecutar en contra de los quejosos. Ahora, en lo que respecta a la última autoridad, dicha negativa queda desvirtuada en razón de que al tenerse por cierto el informe al Juez ordenador y ser Coordinador autoridad ejecutora es susceptible de materializar lo resuelto por la ordenadora, por lo que respecto a ella, también debe tenerse por cierto el acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se analizan las consecuencias jurídicas que tiene la emisión de la constancia que la autoridad responsable envió y se tuvieron por recibidas en la audiencia constitucional y consistente en el auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho en el que se prescribe la acción penal, así como la constancia de notificación que del mismo se hizo al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado e igualmente se anexó copia del oficio en el que se le informó la cancelación de la orden de aprehensión, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Los quejosos en esta instancia reclaman la emisión de la orden de aprehensión que se dictó el veintiocho de enero de dos mil trece, en la causa penal 88/2012 del índice de la responsable, por el delito de fraude especifico en agravio de Miguel Ángel Sandoval Quebrado. Precisado lo anterior, este juzgado federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Acorde a lo previsto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, tratándose de un acto reclamado que restringe la libertad personal de los quejosos, por lo tanto, para que los quejosos puedan estar restituidos en el pleno goce de sus derechos es necesario que la resolución que ordena su detención deje de tener ese efecto. Ahora, la cesación del acto surge cuando ya no puede surtir efectos ya sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad. En ese tenor debe precisarse que el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (data posterior a la presentación de la demanda de amparo) el juzgado responsable, emitió un auto que prescribe la acción penal y en el que se resolvió: "(.) por lo que la orden de aprehensión es de veintiocho de Enero de dos mil trece, hasta esta fecha han transcurrido cinco años, con tres meses con dieciocho días, con lo cual se advierte que opera la prescripción de la acción penal, que ésta debe ser declarada de oficio por el transcurso del tiempo (.) tal como lo disponen los artículos 78, 90, 94 y 172 fracción VII, del Código Penal Abrogado del Estado de Guerrero; consecuentemente, y con fundamento en los preceptos legales antes citados, se declara prescrita la acción penal que el Representante Social ejercitó en contra del inculpado Marceliano Peralta Teodoro y Lucía Calderón Moreno, por el delito de Fraude Especifico, en agravio de Miguel Ángel Sandoval Quebrado, mediante orden de Aprehensión de veintiocho de enero de dos mil trece." Resolución que se ordenó notificar a la Ministerio Público adscrita al juzgado de origen, lo que aconteció el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, asimismo se giró el oficio 150 de veintidós de mayo del presente año, en el que se le solicitó ordenar a quien corresponda dejar sin efectos la orden de captura; se precisa que de las actuaciones que remitió la responsable se advierte que dicha resolución causo firmeza, en razón de que el ministerio público adscrito no presentó contra ella recurso alguno. En ese orden de ideas, se obtiene que la orden de aprehensión reclamada ha dejado de tener los efectos aludidos, en consecuencia el objeto y materia del acto reclamado quedó sin efecto jurídico, por lo que no puede surtir efecto legal o material alguno en agravio de los quejosos, y por tanto tampoco podría hacerlo una sentencia amparadora, de ahí que resulte improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de ilustración a las consideraciones anteriores la jurisprudencia VII.P. J/4, emitida en la Novena Época por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con número de registro 203917, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, Materia(s): Penal, página: 400, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. CESACION DE SUS EFECTOS. Para que cesen los efectos de una orden de captura es menester que en contra de ésta se interponga un recurso en el que se dicte una nueva resolución que sustituya procesalmente a la anterior, o cuando se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". (lo subrayado es propio) Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio, esto impide a este juzgado el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Conclusión que se apoya en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 509, Materia Común, publicada en la Compilación de Ejecutorias 1917-1995, tomo VI, página trecientos treinta y cinco, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Marceleano Peralta Teodoro y Lucia Calderón Moreno, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
SENTENCIA.- UNICO.- SE RESUELVE: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por los quejosos Marceliano Peralta Teodoro y Lucia Calderón Moreno; en atención a su contenido, téngaseles por ampliando la demanda respecto de los conceptos de violación con relación a la orden de aprehensión reclamada dictada en la causa penal 88/2012 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Aldama, residente en Teloloapan, Guerrero, en los términos propuestos en el ocurso que se provee. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes.
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