Marcelina Almaraz Herrera

Expediente 876/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
876/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Marcelina Almaraz Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ************apoderado legal de **************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a en cita se declara que la ley reglamentaria se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo

  2. Principal

    Por recibido el escrito signado **********, con el carácter de Apoderado legal de **********; mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el diecisiete de noviembre pasado; por ello, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que: La quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por Productores de Salamanca, sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, sobre pago de pesos. El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y al no tener la quejosa dinero para liquidar lo exigido, se embargó un inmueble de su propiedad, consistente en la finca urbana parte norte ubicada en la calle *** Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Con fecha uno de abril de dos mil dieciséis el promovente se apersonó al juicio de origen y dio contestación a la demanda, por lo que el cuatro de abril de ese mismo año se le tuvo por dando contestación a la demanda. Seguido el juicio en sus etapas, el diez de agosto de dos mil dieciséis se dictó sentencia determinando procedente la acción intentada por la parte actora y condenando a su representada al pago de $180, 000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M. N.), por concepto de suerte principal y al pago de intereses moratorios generados. Mediante auto de quince de marzo de dos mil diecisiete a solicitud de la parte actora, se ordenó anunciar la venta de remate en primera almoneda del inmueble embargado. Con fecha veinte de abril de ese año, se llevó a cabo la diligencia de venta de remate en primera almoneda, llevándose a cabo el remate y adjudicación del inmueble embargado a favor de la parte actora, por lo que la demandada interpuso recurso de revocación, el cual fue confirmado el nueve de mayo de dos mil diecisiete por el Juez de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato. Inconforme con lo anterior, la quejosa promovió demanda de amparo indirecto, que por razón de turno conoció el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 449/2017. El once de septiembre de dos mil diecisiete se le negó el amparo y protección de la justicia federal, por lo que interpuso recurso de revisión contra dicho fallo y en data veintitrés de octubre del mismo año el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, mediante toca *** revocó la determinación recurrida, para que se volviera anunciar la venta de remate en primera almoneda del bien inmueble embargado. En fecha dos de julio de dos mil dieciocho se tuvo al Presidente del Consejo de Administración y Delegado Especial de la Sociedad de Producción Rural denominada Productores de Salamanca, sociedad de producción rural de responsabilidad ilimitada, por cediendo los derechos litigiosos a y de crédito en ejecución a **********por conducto de su apoderado legal ***********Mediante auto de once de julio de dos mil dieciocho, como lo solicitó la parte actora se adjudicó de manera directa a favor de la cesionaria María Martínez Mosqueda, el bien inmueble embargado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. En fecha siete de agosto del año en curso, se ordenó otorgar la escritura en rebeldía, por parte del juzgado de origen, respecto de la adjudicación realizada. Mediante auto de ocho de octubre del año en curso se tuvo al notario correspondiente devolviendo los autos originales del expediente ****; asimismo se tuvo al apoderado legal de ***********, por acompañando copia certificada de la escritura pública, correspondiente a la adjudicación del inmueble embargado en autos. En ese mismo acto, se ordenó poner en posesión material de la adjudicataria el bien inmueble ubicado en calle ****, Guanajuato (éste es el acto reclamado). De los antecedentes narrados, concretamente el inciso l), se advierte que, el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligado a agotar el recurso correspondiente, previamente a acudir a esta instancia constitucional. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Comercio. Los artículos a analizar rezan a la letra: CAPITULO XXIV DE LA REVOCACION Y REPOSICION Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serán apelables, puede pedirse la reposición. (.) Artículo 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos: Respecto de sentencias definitivas; Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término a juicio, cualquiera que sea la naturaleza de éste. En cualquier otra resolución que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Artículo 1340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento." De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede contra sentencias definitivas, sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término a juicio, siempre y cuando el interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente. Se trata entonces de una regla de exclusión entre ambos recursos que no amerita mayor análisis, dado que constituye un lugar común en el ámbito procesal. En ese contexto, es decir, los anteriores numerales, contrastados con la premisa fáctica contenida en el juicio natural, se concluye que el acto reclamado no es más que un auto que ordena poner en posesión material el inmueble embargado y adjudicado y no constituye ninguno de los supuestos fácticos de la apelación; se explica: Por sentencia, debe entenderse como aquella resolución que pone fin a la controversia conteniendo la aplicación de la ley general al caso concreto. Este tipo de acto jurídico se divide en dos: las definitivas e interlocutorias; las primeras son aquellas que pone fin al proceso, solucionando el litigio de fondo planteado y las segundas, deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva. Por otra parte, en lo concerniente al "auto", es una resolución que puede afectar cuestiones procedimentales o de fondo y la calificación de "definitivo" implica una decisión que impide o paraliza la prosecución del juicio. A manera de ejemplo, se cita aquel que declara la caducidad de la instancia. Las anteriores definiciones fueron desarrolladas en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 151/2011 que, a su vez, dio lugar a la jurisprudencia 1ª./J. 96/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro I, tomo 2, página 709, octubre de 2011, registro IUS 160948m de rubro y texto: CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación No pasa inadvertido que dicho criterio fue abandonado parcialmente por la diversa tesis 1ª./J. 67/2014, visible en el libro 13, tomo I, página 89, diciembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS 2008075, de rubro "CADUCIDAD EN EL JUICIO. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN"; empero, en lo concerniente a la naturaleza de las resoluciones se mantuvo el mismo criterio. Luego, bajo la regla de exclusión expuesta, es decir, al advertir que el auto reclamado no constituye una sentencia definitiva ni interlocutoria, ni un auto definitivo que pone fin a juicio, procede el recurso de REVOCACIÓN Tampoco es óbice la relevancia del proveído que, inclusive, encuentra su propia reglamentación de procedencia expresa en el artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, no existe disposición legal, ni razón jurídica o interpretativa, que permita forjar una excepción al principio de definitividad que rige la materia iusfundamental De igual manera, no es válido formular una analogía con algún otro supuesto previsto en la normatividad, dado que resulta jurídicamente inaceptable en tanto que el tópico representaría una excepción y el mecanismo de integración normativa para colmar una laguna o vacío legislativo únicamente es factible usarlo en aquellas disposiciones que por su naturaleza puedan aplicarse de manera extensiva; es decir, tratándose de disposiciones de aplicación estricta, como sucede en las excepciones, solamente podrán aplicarse a los supuestos para los que fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, ya que se dejaría de acatar la voluntad del creador de la disposición. Así lo ha sostenido el Alto Tribunal a través de diversos criterios que datan desde la quinta época. Se cita uno de ellos, visible en el tomo XIX, página 754, del Semanario Judicial de la Federación con registro IUS 282725, de rubro y texto: LEYES DE EXCEPCION. Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido en ellas En esta tesitura, en relación con el acto reclamado en estudio, tuvo la parte peticionaria a su alcance el recurso de revocación consagrado en el precepto 1343 del Código de Comercio. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, que es del rubro siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *********, con el carácter de Apoderado legal de ***********

  3. Principal

    Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, al que anexó: Oficio 22202/2018 de su índice. Expediente 859/2018-IV. Demanda de amparo en seis tantos, presentada por **********apoderado legal de ***********. Acúsese recibo vía electrónica. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. El apoderado legal de ***********, acude a solicitar la protección federal, y reclama el auto dictado por la responsable dentro de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 13/2016 en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el que ordenó la posesión material del inmueble embargado, ubicado en la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato. En ese sentido, como lo hace notar la autoridad oficiante, la ejecución de la referida resolución corresponde al Juez de Partido Civil del partido Judicial de Juventino Rosas, Guanajuato, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 876/2018-III-B. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Prevención. Ahora bien del contenido de la demanda se desprende que la quejosa reclama la resolución dictada por la responsable dentro de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 13/2016 en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, empero existe la omisión de ciertos antecedentes que resultan necesarios para proveer sobre la presentación de la demanda; por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: Aclare los términos en los que se ordenó el desposeimiento del inmueble en el auto combatido; concretamente, si se giró exhorto al homólogo de Juventino Rosas, Guanajuato. Exprese si interpuso algún recurso en contra del auto controvertido; en su caso, cuál y el sentido de la resolución. Asimismo, deberá exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes (en el entendido de que el número corresponderá a la totalidad de las autoridades que, en su caso, señale como responsables, más una para el fiscal de la adscripción y dos para el trámite del incidente de suspensión). Resulta aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley en cita La prevención deberá ser desahogada por la propia promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos relacionados con el eventual primer acto de aplicación, forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA Domicilio y autorizados. Del contenido de su demanda se advierte que señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el número ****de esta ciudad, por tanto se tiene como tal en términos del artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, por tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las demás personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario que corresponda. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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