Marcela Arias Contreras
Expediente 594/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marcela Arias Contreras
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el quince de junio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda promovida por Araceli Arias Contreras y Marcela Arias Contreras, como albacea a bienes de la sucesión de Catalina Contreras Camacho, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que aportó a este sumario para efectos de su devolución.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual **********, cumplen con la prevención efectuada en autos el seis de los corrientes; en tal virtud, con las manifestaciones que vierte téngase por atendido el requerimiento de mérito. Previo a acordar lo conducente se estima importante precisar que las quejosas **********, acuden a la presente instancia constitucional la primera en su carácter de heredera de ********** y la segunda como albacea a bienes de la sucesión de la referida finada. Que señalan como acto reclamado la resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete, recaída al recurso de revocación intentado por las ahora quejosas, dentro del juicio sucesorio testamentario *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato; donde se declaró improcedente dicho medio de impugnación confirmando el diverso auto de siete de marzo de la anualidad que transcurre. En ese sentido, el proveído combatido en la instancia ordinaria estriba en la negativa esgrimida por el juez responsable a la solicitud de la parte actora para que se girara oficio a la institución bancaria *********** a fin de que manifestara si la beneficiaria de la cuenta bancaria *** era la finada **********. La negativa determinada por la responsable se sustentó en el argumentó de que el testamento no indica nada referente a cuentas bancarias. Ahora, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe estudiarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En primer término se estima que en el particular, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario pues la quejosa **********, en su carácter de heredera de la sucesión a bienes de ********** carece de legitimación para promover el juicio de amparo. Los numerales en comento disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. Sobre esa base, de los preceptos 2943 y 2944, fracciones II, VII, VIII y IX del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como 637 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato deriva que: 1. Las únicas personas facultadas legalmente para salir en defensa del haber hereditario en juicio, son el albacea, o en su caso, el interventor judicial, según las circunstancias del caso en concreto; y 2. Para ello se requiere que la persona a la que le fue conferido dicho cargo lo acepte y lo proteste fielmente, pues de lo contrario no se está legitimado para ejercer las acciones o deducir excepciones, ya que es menester dicho discernimiento del cargo de albaceazgo, para que se tenga por acreditada debidamente la personalidad y así estar en aptitud de comparecer a juicio. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia IV.3o. J/22, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Página 697, Materia Civil, Novena Época que dispone: "ALBACEA, EFECTOS DE LA FALTA DE ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE. La circunstancia de que se haya designado albacea a determinada persona, sin que exista actuación alguna en donde aparezca que haya aceptado el cargo conferido, ni que lo protestara fielmente, motiva a considerar que activamente no se está legitimado para ejercitar las acciones o deducir excepciones que pudieran surgir con la muerte del autor de la sucesión, ya que es menester la aceptación y discernimiento del cargo de albaceazgo, para que se tenga por acreditada debidamente la personalidad y así comparecer a juicio." De ahí que se advierta que la quejosa ********** no cuenta con facultades para promover el juicio, virtud a que las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo pueden ser ejercitadas por el representante legal de la sucesión, esto es, por el albacea de la misma, esto es, **********. Entonces, quien se encuentra debidamente legitimado para promover el juicio de amparo, cuando algún acto de autoridad violente los derechos constitucionales correspondientes a la masa hereditaria de la sucesión, lo es el albacea de la misma y no algún heredero, como en el caso acontece parcialmente, pues el simple hecho de que el ahora quejoso haya sido reconocido o declarado heredero del autor de la herencia, no significa que lo convierta en propietario del bien que defiende, sino que el derecho que reclama como un patrimonio común, es una mera expectativa de derecho del legatario de la herencia, que en su caso quedará definido con la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria que se verifique en el juicio sucesorio respectivo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia visible en la página 1462, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Agosto de 2004, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea." Así también, es aplicable a lo anterior la tesis visible en la página 1082, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Febrero de 2003, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual. Bajo esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por cuanto hace a la quejosa **********, para quedar únicamente como promovente **********, como albacea a bienes de la sucesión de **********. En otro contexto, este Juzgado del análisis que se efectúa a la demanda de merito advierte una diversa causal de improcedencia por cuanto hace al acto que se reclama, como a continuación se explica: De los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. En ese orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. Ahora, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Es aplicable al caso, en lo conducente, por identidad de razón jurídica, la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al igual que la diversa tesis P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, de octubre de dos mil cuatro, página nueve, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, la actuación reclamada no constituye acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni puede combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. En primer término resulta necesario determinar qué son actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procedía contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debía entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo rubro establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece reiteró que el amparo indirecto procede contra actos en juicio de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos así como los que podrían perturbar en forma predominante o superior derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos en juicio de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendiendo a la anterior ley de amparo (abrogada) había señalado que procedía el amparo indirecto contra violaciones adjetivas o procesales, como excepción a la regla general, porque afectaban al actor en grado predominante o superior. Sin embargo, ese criterio sustentado en la anterior Ley de Amparo ya no resulta aplicable para la procedencia del juicio de amparo indirecto puesto que la Ley de Amparo precisó de manera expresa que el juicio de amparo sólo procede contra actos en juicio, que violen materialmente derechos sustantivos. En este sentido, las violaciones de carácter procesal, aun las que se consideraban exorbitantes o superiores, ya no son materia del juicio de amparo indirecto, por disposición expresa de la nueva Ley de Amparo. Con dicha disposición, se advierte que se cumple con la administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues tal precepto legal busca que no se entorpezcan los procedimientos judiciales a través de técnicas dilatorias y además, el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería. Y en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla en el amparo directo correspondiente; de ahí que la nueva normativa equilibra los derechos humanos de las partes en las contiendas jurisdiccionales, con relación a la finalidad primordial que constitucionalmente se ha asignado a los juicios, que estriba en ser el medio procesal para que se diriman las controversias entre las personas, bajo la premisa de una administración de justicia pronta, completa e imparcial. Apoya la anterior determinación, la tesis (III Región) 5o.14 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA.". Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados Parte deben evitar el uso indebido del juicio de amparo, pues dicha Corte supranacional indicó que el recurso de amparo en Guatemala y su uso indebido había impedido materializar su verdadera efectividad, al no haber permitido que produzca el resultado para el cual fue concebido. De acuerdo a lo expuesto la Corte Interamericana en el marco de la legislación en Guatemala, el recurso de amparo se había transformado en un medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial y en un factor para la impunidad (Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211). Así, puesto que la autoridad responsable Juez Único Civil de Partido en Cortázar, Guanajuato emitió la resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete, recaída al recurso de revocación intentado por las ahora quejosas, dentro del juicio sucesorio testamentario *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato; donde se declara improcedente dicho medio de impugnación confirmando el diverso auto de siete de marzo de la anualidad que transcurre. El proveído combatido en la instancia ordinaria estriba en la negativa esgrimida por el juez responsable a la solicitud de la parte actora para que se girara oficio a la institución bancaria ********** a fin de que manifestara si la beneficiaria de la cuenta bancaria *** era la finada ********** bajo el argumentó de que el testamento no indica nada referente a cuentas bancarias. Ahora, del escrito aclaratorio que en esta determinación se acuerda la parte quejosa manifiesta que en el juicio de origen se encuentra concluida la primera sección, por lo que el acto del que se duele ocurrió en la etapa subsecuente -la segunda-. Por tanto, se considera que tal acto procesal no tiene una ejecución de imposible reparación ni se ven afectados los derechos sustantivos del impetrante, puesto que debe seguirse con el procedimiento natural, hasta la conclusión de la segunda sección del sucesoral de mérito, que sería hasta entonces cuando el peticionaria de amparo podría reclamar las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación de esa sección, la cual como ya se dijo, de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página 1311, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Consecuentemente, al reclamarse en el particular actos dictados dentro del juicio, que no afectan derechos sustantivos ni son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del inciso del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda planteada por **********, como albacea a bienes de la sucesión de **********.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo presentado por **********, contra actos del Juez Único Civil de Cortazar, Guanajuato; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, en el entendido que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 594/2017-IV. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, en virtud de que la presente demanda de amparo fue interpuesta por dos quejosas con un interés común, se designa como representante a **********, sin perjuicio de que pueda ser substituida. Ahora, previo al pronunciamiento con relación a la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción I y V, y 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad; señale lo siguiente: Manifieste la calidad que tiene en el juicio de origen **********. Manifieste en qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen ***. Acredite con documentación fehaciente la personalidad que dice tener ********* como albacea de la sucesión de bienes de **********. Toda vez que no se allegó documentación con la que se acredite la personalidad, ya que las cuestiones relativas a la personalidad deben quedar fehacientemente demostradas con las constancias respectivas. En este mismo sentido, este juzgado no soslaya que el numeral 11 de la Ley de Amparo, establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, lo que en el particular no acontece, pues de la misma que acompaña a su demanda de amparo no se advierte el reconocimiento de dicha personalidad, por parte de la autoridad responsable, pues la probanza que allegó resulta insuficiente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 200084, Novena Época, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 48, de rubro literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." En el entendido que esta prevención deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por los profesionistas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal y acontecidos con anterioridad a la presentación de la demanda, y debe manifestarlo bajo protesta de decir verdad, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para traslado a las partes, esto es, una para cada autoridad responsable lo que da un total de (1) y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito (1). Apercibida que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, al no proporcionar los datos correspondientes que permitan verificar que cuenta con cédula profesional inscrita en el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo a **********, por así solicitarlo expresamente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***; De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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