Marcela Violeta Salazar Díaz
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marcela Violeta Salazar Díaz
- Marcela Violeta Salazar Díaz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal previsto para ello, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ***, en representación de su menor hijo de iniciales L.A.P.S., con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número 172/2022-VI, la demanda de cuenta. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente: la omisión de vacunar al menor de iniciales L.A.P.S., contra el virus SARSCoV-2 para la prevención del COVID-19 y su inclusión en la Política Nacional de Vacunación en México. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6 , por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En el entendido que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haberlo presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de su firmante. Ello obedece a que la firma tiene como función esencial no sólo identificar a su autor, sino también la de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que, a través de la esta, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Así, una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el Juzgador de Distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquella externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que, quien promueve sea parte. Dicho precepto también establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Asimismo, que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la misma, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. En la especie, la demanda de amparo fue presentada en línea y es firmada electrónicamente por ****, quien figura como autorizada de la parte quejosa; por lo que ese documento carece de la firma electrónica de ****, quien promueve como representante legal al menor quejoso de iniciales L.A.P.S., de ahí que sea evidente que no existe plasmada en ese ocurso constitucional manifestación de voluntad de la impetrante para acudir a la presente instancia constitucional, ya que la firma electrónica, constituye el medio con el cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, pues con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sin que en el caso se actualice alguna excepción de las previstas en el artículo 9 de la Ley de Amparo, pues no se promueve en términos del numeral 15 de la legislación de la materia, esto es, contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ya que los actos de que se duele la parte agraviada esencialmente consisten en la omisión de vacunar al menor de iniciales L.A.P.S., contra el virus SARSCoV-2 para la prevención del COVID-19 y su inclusión en la Política Nacional de Vacunación en México. No se soslaya que la promovente aduzca riesgo del menor para exponerse a contagiarse del virus Covid-19; empero, lo cierto es que se trata de un acto incierto que en este momento no produce tal afectación, atento a que acude al amparo apuntando que el impúber es posible candidato a la vacuna que pretende le sea aplicada; por tanto, tal circunstancia no representa impedimento suficiente para que la agraviada no hayan firmado electrónicamente su demanda ya que tiene a su alcance los medios necesarios para tramitar su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), incluso de manera remota (en línea), pues para tal propósito el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido los mecanismos necesarios para que los gobernados ya no asistan personalmente a los módulos físicos para su trámite, sino que basta con descargar una aplicación móvil para acceder a esa herramienta. Máxime que con la promoción del presente asunto se pretende la aplicación de una vacuna a un menor de edad, y ante el eventual otorgamiento de la medida cautelar peticionada, su padres por ser quienes instarían en la vía constitucional, resultarían responsables de las consecuencias e implicaciones médicas que deriven en caso de concederse la suspensión solicitada, de ahí que deba promoverse directamente por los progenitores o quienes ostenten la legal representación del impúber, bajo su más estricta responsabilidad, y no por conducto de alguno de sus autorizados. A mayor abundamiento, se tiene que al resolver la contradicción de tesis 47/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, acorde con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, resulta ser una "opción" para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es un requisito indispensable que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica (FIREL) o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que el quejoso y/o quien legalmente lo represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Sin que se inadvierta que, en la última foja de la demanda obra la imagen de una firma, no obstante, ésta sólo constituye la copia de una rúbrica, lo que implica que no sea autógrafa y, por tal motivo, no resulta posible para quien resuelve constatar su autenticidad ni la real voluntad de la promovente; máxime que en este caso se optó por presentar el ocurso constitucional a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de ahí que sea imprescindible que sea firmado de manera electrónica por la promovente del amparo y no así por persona autorizada por esta. Sirve de sustento a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." Bajo esa óptica, al no existir voluntad expresa de *****para instar la acción constitucional, a favor de su menor hijo de iniciales L.A.P.S., resulta evidente la configuración del motivo de improcedencia en análisis, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, como lo solicita se ordena realizarle todo tipo de notificaciones vía electrónica por conducto del usuario "GabrielaArenas". En la inteligencia de que únicamente se realizaran las notificaciones vía electrónica y no así en el domicilio que señala, toda vez que la Ley de Amparo no autoriza la duplicidad de notificaciones, es decir, electrónicas y personales. Por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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