Manuel Velázquez Velázquez

Expediente 328/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
328/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Manuel Velázquez Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, del análisis integral a la demanda de amparo, se desprende que el impetrante reclama en el presente juicio esencialmente lo siguiente: La omisión por parte de la autoridad responsable de atender la solicitud presentada ante su potestad el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que pidió que se registrara el título de propiedad emitido a su favor por el Registro Agrario Nacional. Sentando lo anterior, el suscrito advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de las omisiones de que se duele la impetrante. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales, o bien, la omisión queda reparada por el actuar positivo de la responsable. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto u omisión que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, por lo que esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso concreto, como se apuntó, la parte agraviada reprocha de la autoridad responsable que ha sido omisa en dar atención a la petición presentada ante ella el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, con la que solicitó que se registrara el título de propiedad ********************, emitido a su favor por el Registro Agrario Nacional; petición que fue registrada con el número de trámite ******************** Ahora bien, al momento de rendir su informe justificado la autoridad remitió copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado, de las que se desprende que el doce de mayo de dos mil veintiuno, quedó registrado el trámite ********************, e inscrito el título de propiedad emitido por el Registro Agrario Nacional a favor del quejoso, bajo el folio real electrónico ******************** del Sistema Informático de la Función Registral (SIFREM). Así, a las documentales remitidas por las autoridades médicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Bajo esa óptica, si el solicitante del amparo se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de atender la solicitud presentada ante su potestad el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la que pidió que se registrara el título de propiedad emitido a su favor por el Registro Agrario Nacional, la circunstancia de que las autoridades responsables informaran y acreditaran haber llevado a cabo la inscripción del título de propiedad solicitada, revela que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos de los actos u omisiones que motivaron el amparo, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; de ahí que se le restituya en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. Finalmente, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado rendido por la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Cuautitlán, Estado de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio los que señala en su oficio, asimismo, se toma conocimiento de los medios de comunicación alternos que proporciona. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, en atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario "MARIJOSEGALICIA" para lo cual, se encuentra disponible en el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable para rendir su informe con justificación; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta data y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno para que tenga verificativo.

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