Marcela Teh Acosta
Expediente 2014/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2014/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Marcela Teh Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 2014/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos del Director de la Clínica Hospital APP Mérida, con sede en Susulá, Yucatán, y otras autoridades. (...) SEXTO. Causas de improcedencia********************La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes.****************************************Ahora, en su informe con justificación, el Titular de la Unidad Jurídica de la Institución de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, en representación del Delegado Estatal del ISSSTE en Yucatán y la Directora de la Clínica Hospital APP Mérida, con sede en Susulá, Yucatán, sostiene que se actualiza la causas de improcedencia atinente a la cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues la quejosa recibió la atención médica que requería y fue dada de alta el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. ****************************************Resista inatendible la causa invocada por la responsable, ya que en la jurisprudencia del PC.XIV. J/1 K (11a.), el Pleno del Decimocuarto Circuito, determinó que contra actos de naturaleza prestacional continuada que garanticen, entre otros derechos, el de la salud, no se actualiza la cesación de efectos, sino que se debe analizar el fondo del asunto; criterio que es obligatorio para el suscrito en términos del artículo 217, párrafo tercero, en relación con el décimo transitito de la Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno, de la Ley de Amparo.**************************************** En efecto, en la jurisprudencia por contracción el Pleno de este Circuito determinó que respecto de actos de naturaleza prestacional continuada relacionados, no se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos cuando se ha concedido la suspensión y la autoridad responsable actúa para subsanar la omisión que es materia del acto reclamado, ya que dichas actuaciones se realizaron en mero cumplimiento a dicha medida, por lo que no puede asumirse que se hayan destruido de manera total e incondicionada los efectos del acto reclamado y, sobre todo, que se haya restituido de forma plena al quejoso en el goce de sus derechos violados, sino que requieren necesariamente de un pronunciamiento de fondo que se realice en la sentencia, en la cual el juzgador deberá analizar pormenorizadamente todas las pruebas que obren en el sumario, a fin de determinar, conforme a las particularidades del caso concreto, sobre los derechos fundamentales cuya violación se alega y, en su caso, reparar en definitiva la violación alegada.****************************************Criterio que se ve reflejado en el rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO CONTRA ACTOS DE NATURALEZA PRESTACIONAL CONTINUADA QUE GARANTICEN, ENTRE OTROS, EL DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA O A LA INTEGRIDAD PERSONAL, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA, SINO QUE, DE NO ADVERTIR DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, EL JUZGADOR DEBERÁ REALIZAR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE LOS DERECHOS ALEGADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA RESPECTIVA", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 2936, registro 2024909.****************************************Expuesto lo anterior, el suscrito no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado********************En el presente asunto serán examinados los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias.**************************************** En la demanda de amparo, la persona quejosa reclamó la vulneración al derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, ingresó a la Clínica Hospital APP Mérida del ISSSTE, Susulá, Yucatán, con un cuadro de evolución de ********************, diagnosticado inicialmente como ********************considerada como una enfermedad********************, sin que la institución médica actuara con la diligencia necesaria para atender su padecimiento y en su caso practicarle una cirugía. Es infundado el concepto de violación, ya que la Clínica Hospital APP Mérida del ISSSTE, Susulá, Yucatán, proporcionó la atención médica necesaria para reestablecer la salud de la quejosa; actuación que realizó conforme a los tratamientos y protocolos médicos aplicables.******************** ********************En efecto, el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, tiene un alcance mayor, comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Además, en la tesis aislada P. XVI/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que del artículo 4º de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado período no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización.****************************************El Máximo Tribunal del País consideró que si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, lo cierto es que ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes.****************************************Al resolver el amparo en revisión 378/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. El referido cuerpo colegiado, refirió que el derecho a la salud se trata de un derecho complejo que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado, en el entendido que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar.****************************************Establecida la noción general del derecho humano a la salud que tutela el artículo 4º de la Constitución General de la República, resulta menester concretar el presente estudio al contenido y alcance jurídico del derecho humano al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, que consagra el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.****************************************En el análisis del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 14, publicada en 2000, considera al derecho a la salud como un derecho inclusivo, no se extingue con la atención médica oportuna y apropiada, incluye otros factores determinantes de la salud, como: (I) el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, (II) suministro adecuado de alimentos sanos y una nutrición adecuada, (III) una vivienda adecuada, (IV) condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y (V) acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. ****************************************En el citado estudio, se expone que el derecho a la salud contiene elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En el presente caso sobresalen la disponibilidad y accesibilidad. ****************************************La disponibilidad que se refiere a la existencia de bienes, servicios y centros de atención de la salud; incluye los factores básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado, así como los medicamentos esenciales.****************************************Por su parte, la accesibilidad, la cual consiste en que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser asequibles a todos y sin discriminación alguna. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:**************************************** i) No discriminación: implica que los servicios de salud deben ser asequibles a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. **************************************** ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población.**************************************** iii) Asequibilidad: se refiere a la accesibilidad económica de los establecimientos, bienes y servicios de salud; implica que el pago debe ser con base en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. * En esa línea de pensamiento, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sostiene que el derecho a la salud contiene cuatro obligaciones básicas: a) Respetar. Implica la abstención de limitar el acceso a los servicios de salud. b) Proteger. Se asume la responsabilidad de contar con servicios médicos que garanticen. c). Satisfacer. Se deben adoptar políticas para la prevención de enfermedades, contar con infraestructura sanitaria mínima y contribuir al desarrollo de la ciencia médica. Respecto de la última obligación en comento, el precepto internacional no establece expresamente qué tipo de condiciones de asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad se encuentran obligados a establecer los Estados contratantes. Empero, un primer acercamiento a la extensión de la obligación de salvaguardar el derecho al disfrute del más alto nivel posible a la salud, en su vertiente de tratamiento de enfermedades y condiciones de asistencia y servicios médicos, puede colegirse del artículo 2 de la propia convención. De acuerdo con el artículo citado, se advierte que el Estado mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas -tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas-; hasta el máximo de los recursos de que disponga; para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la convención.****************************************En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado.****************************************Ahora, en relación con el acceso al derecho a la salud, la Ley General de Salud, en sus numerales 6, fracción I; 23, 24, 27, fracciones II, III y VIII; 32, 33 ,34 y 37, establece que el Sistema Nacional de Salud tiene, entre otros objetivos, proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud; entendiendo por servicios de salud, como todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. ****************************************Que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: a) de atención médica; b) de salud pública, y; c) de asistencia social. En el entendido que se consideran servicios básicos de salud los referentes a, entre otros, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, la atención médica integral y la disponibilidad de medicamentos, así como la de otros insumos esenciales para la salud.****************************************La atención médica, como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, pueden ser preventivas, curativas, de rehabilitación o paliativas, y atendiendo a los prestadores del servicio pueden ser: otorgados a la población en general, a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, servicios sociales y privados y otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.****************************************Por lo que hace a las instituciones públicas de seguridad social, tienen el deber de prestar servicios de salud a sus derechohabientes, esto es, a las personas que cotizan o que hayan cotizado en ellas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios; tales servicios se rigen por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras.****************************************Expuesto lo anterior, en el caso la autoridad responsable acreditó que durante la estancia en el nosocomio, a la impetrante del amparo se le realizaron los estudios de laboratorio protocolarios que tuvieron como resultado la variación del diagnóstico inicial, por el de ********************; se le proporcionó el tratamiento médico, permaneciendo en observación clínica para valorar su evolución. Finalmente, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, recibió el alta médica debido a la mejoría clínica al responder al tratamiento que se le suministró, quedando fuera de la ventana de cirugía.****************************************Así, se tiene que la Clínica responsable cumplió las obligaciones constitucionales de garantizar y proteger el derecho humano a la salud, que le imponen el artículo 1º, párrafo tercero de la Constitución General, ya quea través de sus acción adoptó las medidas necesarias para que a quejosa recibiera los servicios de salud para el tratamiento de la enfermedad que le fue diagnosticada, lo que le permitió recuperar estado de salud y recibir el alta clínica ante la mejoría que presentó al tratamiento que se le proporcionó. ****************************************Ante ese panorama, el suscrito considera que no existió violación al derecho humano a la salud; ello sin perjuicio de que se haya otorgado la suspensión de plano al momento de presentarse la demanda de amparo, ya que la medida cautelar se concedió únicamente con base en lo manifestado en la demanda de amparo y en atención a la urgencia del acto reclamado. ****************************************Empero, de las constancias que remitió la responsable se desprende que, al margen de la medida cautelar, desde que la persona quejosa ingresó al nosocomio se procuró su tratamiento con la urgencia requerida, practicándose los estudios de laboratorio para establecer el diagnóstico ajustado al cuadro que presentó, se le suministraron oportunamente los medicamentos y vigilancia clínica, la grado que recibió el alta médica, de manera que en este caso, se considera que la autoridad responsable no vulneró el derecho humano a la salud de la quejosa, por lo que debe negarse la protección constitucional. ****************************************Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se****************************************R E S U E L V E****************************************PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Delegado Estatal del ISSSTE en Yucatán, y otra autoridad, en términos del considerando tercero de esta ciudad. ****************************************SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a ********************, contra actos del Clínica Hospital APP Mérida del ISSSTE, Susulá, Yucatán, consistente en la omisión de realizar los procedimientos médicos para diagnosticar y tratar de manera urgente el padecimiento de ********************, por los motivos expuestos en último considerando de esta sentencia. ****************************************NOTÍFIQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Subdirectora de lo Contencioso, en representación del Director General como Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de la autoridad responsable para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que el diverso usuario ********************, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, SE AUTORIZA al citado usuario para CONSULTAR EL PRESENTE EXPEDIENTE EN LÍNEA. Hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Asimismo, se advierte que los días uno, dos y tres de noviembre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, de conformidad a lo establecido en la Circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En virtud de lo anterior, y vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a las partes en proveído de once de octubre de la presente anualidad, con el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán y en representación del Delegado Estatal del ISSSTE en Yucatán y de la Directora de la Clínica Hospital APP Mérida del ISSSTE con sede en Susulá, Yucatán, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, agréguese a los autos el informe respecto de la suspensión de plano rendido por la Subdirectora de lo Contencioso, en representación del Director General como Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México; y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a las partes en proveído de once de octubre de la presente anualidad, con el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán y en representación del Delegado Estatal del ISSSTE en Yucatán y de la Directora de la Clínica Hospital APP Mérida del ISSSTE con sede en Susulá, Yucatán, con residencia en esta ciudad. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. PEDIMENTO LEGAL. Agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIA. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan NOTIFÍQUESE.
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