Manuela Barco Couoh

Expediente 2400/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2400/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Manuela Barco Couoh

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida físicamente por ********************, contra actos del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, Yucatán, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2400/2023. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Progreso, Yucatán, lo siguiente: - Todo lo actuado en el expediente ********************del índice de la autoridad responsable, incluido la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintidós y el desalojo ordenado en cumplimiento a dicha sentencia. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien no pasa inadvertido para este Juzgador, la solicitud de la parte quejosa consistente en que se decrete la suspensión de plano respecto del acto reclamado señalado en el párrafo que antecede, sin embargo, se estima que es improcedente conceder dicha medida de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Dicho artículo establece que la suspensión de oficio y de plano, procede únicamente contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; por tanto, el acto por el cual es solicitada la suspensión de plano, no se encuentra ubicado en las hipótesis establecidas en el citado artículo. Es aplicable al caso la Jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951 del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación; Octava Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Por tanto, no se aprecia que el acto reclamado se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, ni las hipótesis contenidas en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia se niega la medida suspensional solicitada. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda se advierte que, respecto al acto antes citado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con lo establecido en los diversos numerales 17 y 18, todos Ley de Amparo. El numeral 17 de la Ley de Amparo, dispone de manera genérica, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, mientras que el diverso ordinal 18 de esa legislación refiere que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Los supuestos descritos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguna, por lo que ante esas distintas hipótesis debe establecerse, en principio, la posición del quejoso respecto del acto que reclama, según se trate de la notificación o el conocimiento, y así contar el término a partir del cual empieza a correr el plazo para la presentación de la demanda de amparo. Ahora, en el presente caso, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la primera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, la fecha en la que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame. Ahora bien, la parte quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser conocedora del acto destacado que señala como reclamado en este asunto el día trece de octubre del año en curso, fecha en la que le fue notificado en su domicilio un diverso auto dictado en el juicio civil ********************del índice de la responsable, y en el cual la hoy quejosa es parte formal dentro del mismo (demandada), lo que constituye una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se corrobora, que en efecto la parte quejosa desde el trece de octubre del año en curso, fue notificada de un proveído emitido en autos del juicio civil de origen, y del cual derivan los actos reclamados en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, visible a página 857, del rubro siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." En relación con lo anterior, es importante invocar lo que establece el artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en su parte conducente: "De los términos judiciales Artículo 40.- Todos los términos judiciales son improrrogables, y empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiese hecho el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento." Asimismo, se cita, para mayor abundamiento la jurisprudencia PC.II.P. J/2 P (11a.) del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1738, con número de registro digital 2023898, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO PARA SU PRESENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO DE DETERMINACIONES EMITIDAS EN LA PROPIA AUDIENCIA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a posicionamientos contrarios, al establecer qué hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo debe servir de base para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado es una determinación emitida en una audiencia bajo el sistema penal acusatorio en la que se encuentra presente el quejoso: la de la fecha en que tuvo conocimiento del acto, que es el día de la audiencia, o la relativa a la notificación del acto reclamado, que se computa a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Criterio jurídico: Las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir. Por tanto, es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las partes que intervienen en una audiencia del procedimiento acusatorio quedan, en ese acto, formalmente notificadas de las determinaciones emitidas en esa diligencia. En ese contexto, para determinar cuándo surte efectos ese acto procesal, no basta con que se practique la notificación en la audiencia, sino debe tomarse en cuenta si el propio ordenamiento adjetivo le otorga un carácter en particular. En ese sentido, de acuerdo con el análisis sistemático de los artículos 63, 82, fracción I, inciso a), y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir; por ende, surten efectos al día siguiente. Por tanto, para efectos de analizar el cómputo para la promoción del juicio de amparo indirecto, y por certeza jurídica, se debe tomar en cuenta que la comunicación de una determinación en audiencia es una notificación formal y personal, con independencia de que a través de la misma el quejoso tuvo conocimiento de manera inmediata del acto reclamado, de manera que es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, si se le notificó el trece de octubre de dos mil veintitrés, y surtió sus efectos en esa propia fecha, el término de quince días con que contaba el quejoso para reclamar la resolución reclamada transcurrió del treinta de octubre al veintitrés de noviembre ambos del año en curso, sin contar el día veinte de noviembre cursante, así como los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Dentro del término que opta esta autoridad por computar para establecer la extemporaneidad de la demanda que nos ocupa, se excluyen a su vez, los días dieciséis, diecisiete, dieciocho diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, en atención a los "Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales se declararon inhábiles referidos días y de la circular 28/2023 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante la cual retroactivamente declararon inhábiles los días dieciséis a dieciocho de octubre. De igual manera, tampoco se toman en cuenta los días uno, dos y tres de noviembre de la presente anualidad, en atención a la CIRCULAR 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante la cual se declararon inhábiles dichos días. Una vez precisado lo anterior, si como se advierte del sello de recepción ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la boleta de turno, la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de noviembre cursante, es evidente que deviene extemporánea y, por lo tanto, la parte quejosa consintió tácitamente los actos que reclama en el presente asunto, lo que la torna improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 86-2, Febrero de 1995, visible a página 49, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Sin que se advierta que la quejosa se encuentre dentro de alguno de los supuestos de excepción a que alude el mencionado ordinal 17 de la legislación de amparo, pues el acto reclamado I. No se trata de una norma general autoaplicativa, o procedimiento de extradición, en que será de treinta días, II. No es una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal, que imponga pena de prisión, pues podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. No se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años y IV. No se trata de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al actualizarse el motivo de improcedencia antes indicado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente. CONSIDERACIÓN FINAL. No pasa inadvertido para el presente Órgano de Control Constitucional las manifestaciones que realiza la parte quejosa respecto de sus condiciones médicas y la omisión de la responsable de realizar las gestiones necesarias para compensar dichas adversidades, sin embargo de la lectura integral de la demanda, esto en virtud de ser un todo, a fin de interpretarse para armonizar los datos que contiene y desentrañar la voluntad de la promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es advertible que la hoy quejosa si compareció al juicio civil de origen, ya que manifestó haber dado contestación en tiempo y forma a la demanda correspondiente, así como que, a la fecha en la que refiere que se dictó sentencia desfavorable a sus pretensiones, también apeló la misma, sin embargo al no haber impulsado tal recurso, fue desestimado; por lo que no se puede inferir que su padecimiento haya implicado un desconocimiento del juicio en el cual se actuaba, o en su caso, una falta de atención por parte de las autoridades responsables a dicha situación. Aunado a que, la quejosa no puede tener tratamiento de tercera extraña a juicio, pues forma parte formal de la Litis, máxime que señaló la fecha en la cual conoció el auto que le concedía el término de tres días para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio civil de origen (trece de octubre de dos mil veintitrés), fecha que se tomó para el computo del plazo para la interposición del presente juicio de Amparo, por lo que se reitera, la improcedencia de la demanda que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS.Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y como su autorizado en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a todas las personas que refiere en su demanda de Amparo, en virtud de que no acreditaron el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

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