Marcela Martínez Cervantes
Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Marcela Martínez Cervantes
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio 278/2021 firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito residente en esta ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo deducido del recurso de queja 95/2021 derivado juicio de amparo 542/2021-5 promovido por *** contra el auto de doce de mayo del dos mil veintiuno emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de cinco de agosto del dos mil veintiuno la cual en sus puntos resolutivos establece "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por *** *SEGUNDO. Por causas diversas se confirma el auto recurrido de doce de mayo del dos mil veintiuno dictado por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo dentro del juicio de amparo 542/2021-5 en que desecho de plano la demanda de derechos Notifíquese."* Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber lo anterior al promovente de amparo y realícense las anotaciones en el libro respectivo Ahora bien de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración depuración destrucción digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte se determina que el presente asunto no es de relevancia documental porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo en términos de los artículos 12, 14 y 21 inciso d) del indicado Acuerdo General se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al tratarse de un desechamiento. Háganse las anotaciones en el libro respectivo con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente asunto como concluido Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio 5410/2021 y anexo. De igual manera, hace del conocimiento que el recurso de queja promovido fue admitido a trámite, registrándose bajo el número 95/2021. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito firmado por la quejosa ***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de derechos en que se actúa. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto por el recurso de queja en contra del proveído de referencia, por lo que remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como copia certificada del auto reclamado, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda firmado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Substanciadora y Resolutora de la Contraloría Interna del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 542/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. ACUERDO DE DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o. J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; El texto de los preceptos trascritos es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que cobre actualidad la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes cuatro requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y d) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Precisado lo anterior, se procede a verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado fue emitido por una autoridad perteneciente a la Substanciadora y Resolutora de la Contraloría Interna del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, por lo que, es evidentemente distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que hace al inciso b), se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en la medida que el acto reclamado, a través del recurso de revocación que para tal efecto establece el artículo 210 de la Ley General Responsabilidades Administrativas, que establece: "Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda." La normativa anterior, prevé que los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Se precisa a la quejosa ***, que mediante resolución de quince de abril del dos mil veintiuno, dictada en su contra dentro del procedimiento administrativo PMAT/CIM/PARA/02/2021, se impuso sanción consistente en INHABILITACIÓN por UN AÑO para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Ello originó por no haber demostrado haber cumplido con la obligación de presentar en tiempo su declaración patrimonial de conclusión de cargo. Falta administrativa que no es grave, conforme a lo previsto en el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé: "Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: (.) IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley; (.) Es por ello que se actualiza el supuesto que se analiza. En relación con el inciso c), consistente en que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, debe decirse que igualmente se encuentra satisfecho, dado que el artículo 212 de la ley en comento establece: "Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos: I. Que la solicite el recurrente, y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión que solicite el recurrente." Requisitos que no son mayores a los contemplados por la Ley de Amparo, en su artículos 128, 130 y 133 entre otros; esto es, ambos ordenamientos medularmente señalan que la mediada suspensional se otorgará siempre que lo solicite el interesado; que no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; que de ejecutarse la resolución, pueda causar daños de difícil reparación para el recurrente y otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con el otorgamiento de la medida suspensional pudieran ocasionarse. Por tanto, se concluye que la suspensión de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Entonces, tampoco se actualiza esa excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse el juicio de nulidad previsto por el artículo 210 de la Ley mencionada, ante el citado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. Ahora bien, el requisito marcado con el inciso d), también se cumple, pues la resolución que constituye el acto reclamado, conforme se advierte de las transcripciones que realiza el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que no carece de fundamentación, ya que en la misma se aprecia que contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, ya que la autoridad responsable sustentó su determinación en los artículo 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 407 y 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo; 32 y 31, fracción III, 49, fracción IV, 49, fracción IV, 75, 76, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A mayor abundamiento debe decirse que en el caso, la parte quejosa no sólo reclama violaciones directas a la Constitución, sino también cuestiones que atañen de legalidad, pues al efecto sus pretensiones las basó entre otros artículos, en el 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de igual forma hace mención en el diverso artículo 77 de la propia ley, además, que no es persona extraña, porque al efecto señala que el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la responsable le notificó el auto de veintiséis del mismo mes dictado en el procedimiento administrativo PMAT/CIM/PARA/02/2021, que se seguía en su contra por la supuesta comisión de una falta administrativa no grave y que se desahogaría una audiencia a las diez horas del catorce da abril siguiente; de ahí que no es persona extraña a juicio, para que se actualice la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio. Igualmente es importante aclarar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo anterior, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así pues, como se vio y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el recurso de revocación previsto por el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, antes de acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se advierte actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marcela Martínez Cervantes. Ello es así, pues admitir a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tengan conocimiento desde este instante del resultado de su promoción y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede desechar de plano la demanda de derechos promovida por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ***, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito . AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. SOLICITUD DE USUARIO ELECTRÓNICO, CORREO Y TELÉFONO En otro orden, en aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del numeral 17 Constitucional, y eficientizar el uso de los medios electrónicos, se solicita atentamente a la(s) autoridad(es) responsable(s) que proporcionen nombre de usuario a fin de entablar las notificaciones vía electrónica, en términos del numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, o bien, proporcionen su correo electrónico y número telefónico con la finalidad de agilizar al trámite del presente asunto. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en lo subsecuente informe sus determinaciones mediante esta vía. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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