Manuela Zamora Camacho
Expediente 509/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Manuela Zamora Camacho
Actuaciones
- Principal
..., se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que al día de la fecha el presente asunto se encuentra debidamente integrado, como se ordenó en proveídos de veinte y veinticuatro de abril del año en curso, remítase el expediente 1508/2017-3 al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en esta ciudad, en turno, así como el expediente del juicio agrario 12/2017-55, y los escritos originales de agravios y copia de los mismos para el traslado al Fiscal Federal de su adscripción, a efecto de la tramitación de los recursos de revisión interpuestos contra la resolución dictada en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DIEZ DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. "Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda signado por MANUELA ZAMORA CAMACHO, por su propio derecho, contra actos que reclama del Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 509/2018-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así es, los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad, la resolución dictada el diez de abril de dos mil dieciocho, en el recurso de apelación 991/2017, que confirmó la interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones. Del análisis de lo anterior, éste Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca de acuerdo a su naturaleza efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". Ahora bien, los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio por su naturaleza no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. Por lo tanto, si la promovente reclama de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la resolución dictada el diez de abril de dos mil dieciocho, en el recurso de apelación 991/2017, que confirmó la interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones; es evidente que esa actuación, de acuerdo a su naturaleza no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte, porque sólo produce efectos de carácter intraprocesal; ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de emitirse la resolución que en su caso se dicte y obtener un fallo favorable; y en caso de no ser así y persistir la transgresión de que se duele, puede ser reclamable mediante el juicio de amparo directo, por tal motivo, como el acto reclamado en estudio constituye una violación procesal, es evidente que se actualiza la hipótesis normativa que establece los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia número 244, visible en la página 174, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que proceda el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, en lo que infiere la Jurisprudencia número I. 4º. C. J/2, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Página 827, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de Enero a Junio de 1988, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL).- En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." Asimismo, en forma analógica la Jurisprudencia número 2ª./J.65/2002, consultable en la página 259, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Julio de 2002, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Finalmente, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 259, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, del, Octava Época, que a la letra dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. LO QUE SE RESUELVE RESPECTO A EL. VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Es improcedente el juicio de amparo indirecto, cuando se reclama el fallo recaído en el incidente de nulidad de actuaciones ventilado ante la Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que, dado que es un acto que constituye una violación al procedimiento de conformidad al artículo 159 fracción V de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, y cuando se estime que se resolvió ilegalmente y trascienda al resultado del laudo que se dicte contra las pretensiones del recurrente, es cuando debe atacarse junto con la resolución definitiva, según el precepto 158, en relación con el 161, ambos de la ley citada. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa V, a contrario sensu, del numeral 107, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita y como autorizados en términos del numeral 12 de las Ley de Amparo únicamente a Pedro Augusto Reyes Hernández y Oswaldo Rodríguez López, quedando las demás personas autorizadas solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al no encontrar el registro de las cédulas profesionales en el sistema que se lleva para tal efecto en los Órganos Federales. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Para evitar dilaciones innecesarias en la substanciación del juicio, se habilita a los Actuarios para que de ser necesario, realicen la presente notificación, así como las subsecuentes que se lleguen a ordenar aún en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Notifíquese personalmente."
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