Marbelys Dial Mc Kenzy
Expediente 1365/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2022
Partes del expediente
- Marbelys Dial Mc Kenzy
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual comunica el auto de cinco de los cursantes, dictado en el juicio de amparo 26/2022, de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno, únicamente respecto a los actos reclamados consistentes en: La resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente INM/OREM/DAJ/RR/16/2021, dictada por el Instituto Nacional de Migración, La Notificación de dicha resolución, y La Alerta Migratoria. De igual forma, con el citado precepto legal, se tiene por recibido el ocurso signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual comunica el auto de siete de los cursantes, dictado en el juicio de amparo 46/2022, de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno, únicamente respecto al acto reclamado consistente en: La deportación y expulsión del país de la directa quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, remítanse a los juzgados oficiantes, copia certificada del oficio firmado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, mediante el cual rindió su informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se decretó la incompetencia en el juicio en que se actúa y se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Asimismo, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, trascurrido dicho término se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan el oficio firmado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, mediante el cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio, dése vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga. Ténganse como delegado de la autoridad oficiante a la persona que menciona en términos del artículo 9° de la ley de la materia, y como domicilio procesal el que señala. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé dichos medios para realizar las notificaciones a las partes; sin embargo, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de lista que se publica, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. Con independencia de lo anterior, una vez que el órgano jurisdiccional competente para conocer de este asunto, acepte la competencia planteada el veintitrés de los cursantes, remítasele el original de la promoción que se provee, para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Gladys Oriana Castañeda Jardón, Secretario que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente, debiendo verificar la Secretaria firmante que se glosen las firmas electrónicas del presente proveído. Doy fe.L´GOCJ/B
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Marbelys Díaz Mc Kenzy, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1365/2021-III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de salida del país emitida mediante resolución de siete de junio del año en curso con número de folio 00000047955058. La resolución dictada en el recurso de revisión que se hizo valer en contra de la determinación antes citada, contenida en el oficio INM/OREM/DAJ/858/2021, y su notificación. La alerta migratoria, así como la orden de deportación que exista en su contra, lo que se traduce en una restricción a su libre tránsito. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano y de oficio únicamente respecto del acto que se hace consistir en la deportación, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la promovente no sea deportada del territorio nacional; lo anterior, pues dicha orden es emitida por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, quien es una autoridad administrativa. Dicha suspensión se concede siempre y cuando, no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria, o bien, de una cuestión de competencia definida. La suspensión de oficio concedida, tampoco surtirá efectos si el acto reclamado por la directa quejosa no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o no produce algún efecto semejante al de aquél, independientemente como lo identifique la agraviada. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a la autoridad señalada como responsable, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dicha autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo haga por la vía ordinaria. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.].". INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, es importante calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos de diversa índole. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez establecidos dichos parámetros, se puntualiza que en el caso los actos reclamados se van a ejecutar en el lugar donde actualmente se encuentra la quejosa, esto es en su domicilio particular, el cual proporcionó bajo protesta de decir verdad en su demanda y se ubica en Pradera número 36 ampliación Potrerillo, San Bernabé, Ocotepec, Magdalena Contreras, Ciudad de México, Código Postal 10300, pues es un acto de ejecución material, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, lo que es así, dado que manifiesta bajo protesta de decir verdad que personas que portaban uniforme parecido al personal del Instituto Nacional de Migración, tocaron a su puerta en su domicilio ubicado en la ciudad de México, lo que hace evidente que será ahí donde se va a ejecutar el acto reclamado; además porque en su demanda refiere que presentó una diversa que fuera radicada ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrada bajo el número 1288/2021, por su derecho de movilidad al libre tránsito, por tener su domicilio en la citada ciudad. Por todo ello, se sostiene que resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción se ejecutarán los actos reclamados, conforme a la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, tomando en consideración que se tiene noticia cierta del lugar en donde se va a ejecutar el acto reclamado, que es precisamente el lugar donde actualmente reside la quejosa, de conformidad con su manifestación bajo protesta de decir verdad. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado en turno. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda, toda vez que proporciona nombre de Usuario Electrónico, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada a Elvira Raquel Sayago Santillán, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito Comisiónese a los actuarios adscritos a este Juzgado, para que investiguen si es posible notificar este auto a las autoridades responsables, por vía electrónica, interconexión o por correo electrónico, lo anterior, ante la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV-2 y la enfermedad covid-19; en el entendido que de no realizarse la notificación de dichos términos deberá entregarse la comunicación correspondiente. En el entendido que, para el caso de la autoridad, deberán recabarse los datos del servidor público que confirme la recepción del oficio o auto respectivo, para valorar si se logró la notificación. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa vía electrónica. Así lo acordó y firma electrónicamente Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Gladys Oriana Castañeda Jardón, Secretaria que autoriza, firma electrónicamente y da fe, sin perjuicio de firmarlo físicamente, debiendo verificar la Secretaria firmante que se glosen las firmas electrónicas del presente proveído. Doy fe.
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