MANUELA MANZANO VILLAVICENCIO y Otros.
Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2021
Partes del expediente
- MANUELA MANZANO VILLAVICENCIO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de siete de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Devuélvanse a la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo, las constancias que adjuntó al informe justificado que remitió a la Superioridad, teniendo como acuse de recibo el oficio por el cual se le entreguen. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA III RADICACIÓN. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada por el Pleno de dicho Tribunal en el juicio de amparo directo 208/2019, por el cuál, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo directo 208/2019, recurso de revisión 1399/2018 y su acumulado 1443/2018 en un tomo y juicio administrativo 413/2017, en un tomo. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 224/2021-III. SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del asunto; atento a ello, acúsese el recibo de estilo correspondiente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 1399/2018 y su acumulado 1443/2018, emitida por los Magistrados que integran la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Director General y Consejo Directivo, ambos del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento de Lerma, México, e Integrantes del Consejo Directivo de ese Organismo y la Unión de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Cañada de Alférez Sociedad Civil, en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por el Magistrado Supernumerario adscrito a la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en el Juicio Administrativo con número de expediente 813/2017, en la que se ordenó la reposición del juicio mencionado, a partir del acuerdo de admisión de demanda a efecto de emplazar a "Unión de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Cañada de Alférez, Asociación Civil", en su carácter de tercero interesado. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. DESECHAMIENTO. Establecido lo anterior, este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tienen una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 1399/2018 y su acumulado 1443/2018, emitida por los Magistrados que integran la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Director General y Consejo Directivo, ambos del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento de Lerma, México, e Integrantes del Consejo Directivo de ese Organismo y la Unión de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Cañada de Alférez Sociedad Civil, en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada por el Magistrado Supernumerario adscrito a la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en el Juicio Administrativo con número de expediente 813/2017, en la que se ordenó la reposición del juicio mencionado, no se trata de un acto que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se tratan de un aspectos procesales que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, los actos reclamados son violaciones de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural, como en el caso resulta ser el llamamiento a juicio de "Unión de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Cañada de Alférez, Asociación Civil", en su carácter de tercero interesado; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, ya que tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Así, tenemos que la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 1399/2018 y su acumulado 1443/2018, emitida por los Magistrados que integran la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que combaten los impetrantes de amparo, no producen una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, ello es así, al advertirse que la materia de la resolución aludida solo se traduce en la reposición del procedimiento a partir del acuerdo de admisión de demanda a efecto de emplazar a "Unión de Usuarios del Sistema de Agua Potable de Cañada de Alférez, Asociación Civil", en su carácter de tercero interesado, y una vez substanciado el juicio en todas sus partes, se emitirá la sentencia respectiva. Por tanto, las consecuencias de la resolución controvertida no es de imposible reparación, porque se reitera no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad que lo tramitó, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar tales determinaciones, porque esa circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: (X Región)4o.2 C (10a.), visible en la página 2488, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, Registro digital: 2015272, que a la letra refiere: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." De igual manera, por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la novena época, con número de registro 170244, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común, página: 593 del rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2000789 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Civil, página 741 del rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Mauricio Hernández Navarro, Gamaliel Larios Hernández, Jonas Rojas Reyes, Victoria Gallegos Carrillo, Eleazar Colín Morales, Laura Colín Manzano, Elsie Chapa Kasusky, Xicoténcatl Montes de Oca Ramírez, Manuela Manzano Villavicencio y Jorge Ballesteros Bracho, por propio derecho, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Mauricio Hernández Navarro. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas que menciona, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así manifestarlo la quejosa. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes
- Manuel Sánchez Cruz1461/2022
- Manuel Vera Perez de Lara57/2023
- Manuel Villegas Davila1176/2023
- Manuela López Álvarez530/2023
- Manuela Lopez Alvarez1855/2022
- Manuela López Álvarez292/2020
- Manuela Mendoza Hinojosa963/2023
- MANUELA PÉREZ HERNÁNDEZ y Otros.309/2017
- Marbelys Dial Mc Kenzy1365/2021
- Marbelys Diaz Mc Kenzy595/2021
- Marcela Aurora Palomar Estrada638/2020
- Marcela Aurora Palomar Estrada1240/2022