Marbella Caballero Cruz

Expediente 922/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
922/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Marbella Caballero Cruz
  • Miguel Cruz Vega y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por Fabiola Barriga Montes, en cuanto apoderada legal de Marbella Caballero Cruz y Miguel Cruz Vega, mediante el cual cumple con la prevención formulada en veintinueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, al tenor de los instrumentos notariales que anexa, se le reconoce el carácter con el que se ostenta. 1.1. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se negó a los aquí quejosos repeler la reconvención planteada por su contra parte en el juicio ordinario civil 84/2019 sobre la acción real reivindicatoria y dejar sin efectos el requerimiento para que amplíe su demanda en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Francisco Cruz Vega. 1.2. Causa de improcedencia. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. 1.2.1. Estudio de la improcedencia actualizada. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la Ley de Amparo. Así, de la fracción V del numeral 107 de la ley en la materia, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Sustenta el criterio la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que hace consistir en la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se negó a los aquí quejosos repeler la reconvención planteada por su contra parte en el juicio ordinario civil 84/2019 sobre la acción real reivindicatoria y dejar sin efectos el requerimiento para que amplíe su demanda en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Francisco Cruz Vega. Determinación que no afecta material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de actos procesales emitido dentro de un juicio ordinario civil. Esto es así, pues al margen de que se hubiese dictado ilegalmente, virtud a que las violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían una transgresión procesal, tienen trascendencia hasta el dictado de la sentencia con la que culmine el juicio de origen, pues será entonces que se defina si los derechos deducidos por las partes afectan los que ostentan los quejosos; sentencia que en el caso, aún no se ha dictado, pues en su escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa señaló que el juicio se encuentra en trámite pues está pendiente de cumplirse con la prevención a la reconvención. Así, el acto reclamado tampoco afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o tratado internacional del que sea parte el Estado Mexicano, pues se trata de un acto procesal que continuaría siendo de esa manera incluso si dicha reconvención fuera admitida por la autoridad responsable, pues ello no implica que se le vaya a dictar sentencia desfavorable, de tal suerte que la posible violación que destaca la quejosa no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo, pues no se le priva del derecho de audiencia, al ser el efecto únicamente el continuar con el procedimiento, sin que implique desconocer el carácter de parte demandada que tiene en el juicio y comparecer a las demás etapas del procedimiento. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de presentar el juicio de amparo contra la resolución que se dicte en definitiva en el juicio de origen. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". 1.3. Desechamiento. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MARBELLA CABALLERO CRUZ Y OTRO LA DETERMINACION DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta presentado por Fabiola Barriga Montes, en cuanto apoderada legal de Marbella Caballero Cruz y Miguel Cruz Vega, mediante el cual cumple con la prevención formulada en veintinueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, al tenor de los instrumentos notariales que anexa, se le reconoce el carácter con el que se ostenta. 1.1. Precisión del acto reclamado. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se negó a los aquí quejosos repeler la reconvención planteada por su contra parte en el juicio ordinario civil 84/2019 sobre la acción real reivindicatoria y dejar sin efectos el requerimiento para que amplíe su demanda en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Francisco Cruz Vega. 1.2. Causa de improcedencia. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. 1.2.1. Estudio de la improcedencia actualizada. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambas de la Ley de Amparo. Así, de la fracción V del numeral 107 de la ley en la materia, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación. Por lo que si se aplica esta última disposición en sentido contrario, se concluye que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos emanados dentro de una contienda jurisdiccional, que no tengan efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Sustenta el criterio la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que hace consistir en la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, por el que se negó a los aquí quejosos repeler la reconvención planteada por su contra parte en el juicio ordinario civil 84/2019 sobre la acción real reivindicatoria y dejar sin efectos el requerimiento para que amplíe su demanda en contra de la sucesión intestamentaria a bienes de Francisco Cruz Vega. Determinación que no afecta material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino que se trata de actos procesales emitido dentro de un juicio ordinario civil. Esto es así, pues al margen de que se hubiese dictado ilegalmente, virtud a que las violaciones en las que se hubiera podido incurrir solo constituirían una transgresión procesal, tienen trascendencia hasta el dictado de la sentencia con la que culmine el juicio de origen, pues será entonces que se defina si los derechos deducidos por las partes afectan los que ostentan los quejosos; sentencia que en el caso, aún no se ha dictado, pues en su escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa señaló que el juicio se encuentra en trámite pues está pendiente de cumplirse con la prevención a la reconvención. Así, el acto reclamado tampoco afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o tratado internacional del que sea parte el Estado Mexicano, pues se trata de un acto procesal que continuaría siendo de esa manera incluso si dicha reconvención fuera admitida por la autoridad responsable, pues ello no implica que se le vaya a dictar sentencia desfavorable, de tal suerte que la posible violación que destaca la quejosa no le irroga, de momento, un perjuicio en su esfera jurídica que afecte algún derecho sustantivo, pues no se le priva del derecho de audiencia, al ser el efecto únicamente el continuar con el procedimiento, sin que implique desconocer el carácter de parte demandada que tiene en el juicio y comparecer a las demás etapas del procedimiento. Por tanto, se insiste en que el acto reclamado necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no precisamente llegue a trascender al resultado del expediente. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de presentar el juicio de amparo contra la resolución que se dicte en definitiva en el juicio de origen. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa para ser considerado como de imposible reparación, se desecha la demanda de amparo. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". 1.3. Desechamiento. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Fabiola Barriga Montes, quien se ostenta apoderada legal de Marbella Caballero Cruz y Miguel Cruz Vega; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 922/2022. 1.2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 108, fracción I, IV y V, y 114, fracción II, III y IV, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir al quejoso a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Acredite la representación de los quejosos con la que acude al juicio de amparo. Atendiendo a que promueve el juicio de amparo en cuanto apoderada de los quejosos, exhiba: El original o copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas de dieciocho y veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, pues fue omisa en exhibirlos. SEGUNDO. Precise de forma clara y concreta el acto reclamado. Dado que se limita a señalar que reclama la resolución del recurso de revocación de fecha quince de julio de dos mil veintidós, precise: En qué sentido se resolvió. Contra qué auto se promovió dicho recurso Qué se dijo en el auto que fue impugnado en revocación. TERCERO. Narre bajo protesta de decir verdad, de forma completa los antecedentes del acto reclamado. Atendiendo a que en el apartado relativo se limitó a exponer los motivos por los que considera que la sentencia definitiva de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio ordinario civil 84/2019 no se encuentra ajustada a derecho, se le requiere para que: Precise de forma clara y cronológica los antecedentes del juicio de origen, posteriores al dictado de la sentencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve y que dieron origen a la resolución del recurso de revocación. Señale la etapa procesal en que se encuentra el juicio actualmente. 1.3 Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por los quejosos o su apoderada jurídica, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico. 1.4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para recibirlas a Aldo Jonatan Puente Álvarez, Gustavo González Montes y Bertha Becerril García. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

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