Manuela Rodríguez González
Expediente 794/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Manuela Rodríguez González
- Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Llegada del Tribunal de alzada. Téngase por recibido el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la queja laboral 172/2018, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja." Acúsese recibo de estilo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó por improcedente la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se remite copia certificadas al Tribunal de alzada. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que por oficio 22046/2018, de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, se remitió al Tribunal de alzada el escrito relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, tocándole conocer por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien la registró con el número 172/2018. Ahora bien, en alcance a dicho comunicado, se manda copia certificada de la determinación recurrida, lo anterior para efecto de que el tribunal colegiado esté en condiciones de resolver el medio de impugnación. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Se tramita queja contra desechada. Agréguese a los autos el ocurso presentado por la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 29 a 33), en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por el recurrente y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Por este medio se notificaa a parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Agréguese el escrito de demanda que promueve Manuela Rodríguez González, a través de quienes dicen ser sus apoderados jurídicos Jesús Ortega Hernández, Claudia Ortega Gutiérrez y Ricardo Ortega Gutiérrez, y tener reconocido el carácter en el juicio de origen; contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 794/2018. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por Manuela Rodríguez González, se desprende que el acto reclamado lo es la determinación emitida el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente laboral 581/2017, en la que declaró procedente el incidente de competencia planteada por el demandado -aquí señalado como tercero interesado-, y ordenó remitir los autos a la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guanajuato, Guanajuato. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. Lo anterior se considera así, en virtud que para que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, resulta necesario que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepte. Ello implica que no basta la manifestación de la autoridad señalada como responsable, en el sentido de considerar que resulta incompetente, dado que para ello se requiere que la diversa autoridad a favor de la cual se declina la competencia coincida con el criterio y por ende se avoque al conocimiento del asunto asumiendo la jurisdicción planteada, dado que en caso contrario y no compartir el criterio, el asunto regresaría a la autoridad de origen y por consecuencia no existiría vulneración de los derechos de la parte quejosa. En el caso, la parte quejosa especifica de manera puntual que se reclama la resolución por la cual la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, declaró carecer de competencia para seguir conocimiento del expediente laboral 581/2017, y ordena remitir los autos a la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guanajuato, Guanajuato. Tiene aplicación la jurisprudencia 17/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Agosto 2015, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Del criterio invocado se advierte que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo no debe ser interpretado de manera literal, sino que debe realizarse una interpretación sistemática en razón de las fases procesales que implica la declaración de incompetencia, y que en ese procedimiento se requiere por un lado la declinación de competencia y por otro que se asuma jurisdicción y avoque el conocimiento por parte de la autoridad a la cual se señala como competente. Es decir, es necesario que se complemente la fase procedimental para que el acto pudiera tener una afectación real y actual de la esfera jurídica de la quejosa, por lo que es dable concluir que el acto a reclamar en los casos de la fracción invocada es aquel mediante el cual la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (competencia por declinatoria) o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), y no antes como sucede en la especie. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, en aquellos casos en los que la competencia haya sido aceptada, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; por tanto y toda vez que como se advierte de la demanda de amparo y los anexos, el acto reclamado lo es la determinación de incompetencia decretada dentro del expediente laboral 581/2017, por lo que no nos encontramos ante un acto contra el que proceda el juicio de amparo indirecto. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe
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