Manuela Montoya Gómez

Expediente 666/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
666/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Manuela Montoya Gómez
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realicen lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de liquidación de laudo, derivado del juicio laboral 766/2015, y ordene la reposición del procedimiento, hasta antes del dictado de la audiencia incidental de liquidación del laudo de veintiocho del mismo mes y año, y con plenitud de jurisdicción, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, siga la prosecución del asunto como corresponda." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en el sumario y da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, con el informe justificado, e informe en alcance a este, ambos rendidos por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo. Asimismo, hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y de la totalidad de las constancias que obran en el juicio. El juez acuerda, téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar las documentales aportadas por la Junta señalada como responsable al rendir el informe con justificación e informe en alcance a éste; igualmente, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda, Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, recibida en este juzgado de Distrito el día hábil siguiente, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de esta ciudad. Admisión, trámite y sentencia. Por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se radicó y admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede y culmina con esta sentencia. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto cuya ejecución material tendrá verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La resolución incidental de liquidación de laudo de ********************, dimanada del juicio laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. Certeza del acto reclamado La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, debe tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues de las documentales que anexó a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de autos del expediente ******************** del índice de la Junta responsable, se denota una evidente dilación en la impartición de justicia, en detrimento de la parte quejosa, circunstancias que se plasmarán en los párrafos siguientes de este fallo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2. Causas de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, invocó la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de amparo, porción normativa que se reproduce enseguida: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Sin embargo, en razón de la naturaleza del acto reclamado precisado en el apartado III de la presente sentencia, a saber, una resolución incidental de liquidación de laudo, no es factible interponer algún recurso previsto por la ley de la materia. Resulta conveniente la jurisprudencia 2a./J. 67/2000, que señala: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO. La interpretación armónica de los artículos 761 al 765, 843 y 946 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que si al emitir el laudo correspondiente en un juicio laboral, la Junta omite cuantificar el importe de la condena por la que se deberá despachar ejecución, cualquiera de las partes puede promover el incidente de liquidación respectivo, debiéndose estimar que la resolución interlocutoria que le pone fin o el acuerdo que lo deseche de plano, no forman parte del procedimiento de ejecución del laudo, en primer lugar, porque es emitido por la Junta y no únicamente por su presidente y, en segundo lugar, porque en esa resolución sólo se establece el importe líquido de las prestaciones de la condena, lo cual constituye un requisito previo para hacer ejecutable el laudo; de ahí que dichas resoluciones no puedan reputarse como actos de ejecución impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que en esas condiciones, no cabe agotar este recurso antes de promover en su contra la demanda de amparo, que debe ser indirecto en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Por ende, es inaplicable la causal invocada por la Junta responsable. Por otro lado, toda vez que las partes restantes no hicieron valer causa de improcedencia y este juzgador no advierte, de oficio, que se actualice alguna, procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. Estudio de fondo De inicio, es menester precisar lo relativo a la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en su calidad de trabajadora en el juicio natural, de conformidad con la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Luego, a la luz de dicha suplencia, en complementación a sus conceptos de violación, se destaca que el acto reclamado transgrede los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 837 fracción II y 839, ambos de la Ley Federal del Trabajo, el cual es esencialmente fundado, por las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas. Para abordar el estudio de los conceptos de violación, es indispensable tener en cuenta, lo dispuesto por los numerales apenas citados, lo cual se reproduce enseguida: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)".- Lo resaltado es de este Juzgado -. Ley Federal del Trabajo "Artículo 837.- Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto." - Lo resaltado es de este Juzgado -. "Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario el día en que las voten, en los términos del artículo 620 de esta Ley." De los textos transcritos se advierte, por un lado, que los juicios llevados ante los tribunales deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, y por otro, que las resoluciones dictadas por la Junta, que pueden materializarse en autos incidentales o resoluciones interlocutorias, deberán ser firmadas por los integrantes de dicho órgano. Abunda a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales: Por analogía, la jurisprudencia V.2o. J/10, que señala: "LAUDOS, FALTA DE FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE O DEL SECRETARIO DE ELLAS. La falta de firma de los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje o del Secretario de las mismas, en los laudos pronunciados por ellas, contraviene la disposición expresa contenida en el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo y da lugar a una evidente infracción de carácter formal, máxime cuando no hay constancia de que alguno de los miembros se hubiese negado a firmar, en los términos del artículo 845 de la propia Ley. Ello redunda en violación de garantías, pues la falta del requisito señalado, priva de autenticidad al acto y lo invalida, ya que no puede estar adecuadamente fundado y motivado, cuando incumple el mandato expreso de una norma." Igualmente, por analogía, resulta conveniente la tesis 2a./J. 147/2007, que dispone: "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un Tribunal de trabajo o, del secretario de acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e independientemente de quién la promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y ordenarle al Tribunal que lo emitió subsanar tal formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo." Así como por identidad jurídica, la tesis VIII.3o. J/23, que reza: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DEL AUXILIAR Y DEL SECRETARIO CORRESPONDIENTE DE FIRMAR EL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y ORDENA ELABORAR EL PROYECTO DE LAUDO RESPECTIVO, LO QUE ORIGINA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN LO HAYA PROMOVIDO. Los artículos 839 y 885 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por sus integrantes y por el secretario, el mismo día en que las voten; y que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. De ahí que si de las constancias de autos se advierte que el proveído que declara cerrada la instrucción y ordena elaborar el proyecto de laudo respectivo no se encuentra firmado por el presidente de la Junta, por el auxiliar, ni por el secretario correspondiente que da fe, ello se traduce en la inexistencia legal del cierre de la instrucción y, por ende, de la orden para elaborar el proyecto de resolución relativo. Por tanto, el laudo así emitido adolece de un vicio formal y, por consiguiente, de legalidad en sus efectos, al incumplirse con lo establecido en los indicados preceptos legales, lo cual constituye una violación a las leyes del procedimiento laboral que origina la concesión del amparo, independientemente de quién lo haya promovido." También, interpretada en sentido contrario, la tesis IV.3o. J/33, que asevera: "FIRMA DE INTEGRANTES DE LAS JUNTAS, AUSENCIA DE. ACUERDOS DE TRÁMITE. Una correcta interpretación de los preceptos 620, fracción II, inciso a), 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que se suprime la presencia obligatoria de los representantes del trabajo y el capital en la mayor parte de los trámites ante las Juntas Especiales. Señalando que si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versan sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción y sustitución de patrón; en estos casos, el presidente mandará citar a los representantes a una audiencia en que se deberán resolver tales cuestiones y, si no concurren, por sí solo dictará la resolución que proceda. Al concluir cada audiencia deberá levantarse un acta, exponiendo los puntos que fueron tratados en la misma y tales actas deberán ser firmadas por las personas que intervinieron y autorizadas por el secretario. Asimismo, que las resoluciones que se dicten se toman por mayoría de votos de los representantes, los que en caso de no firmarlas se entiende su consentimiento con aquéllas, en los términos del artículo 721. Por lo que es de concluirse que la ausencia de firmas de los representantes en acuerdos de trámite no causa ningún perjuicio y, por ende, no puede alegarse como violación procesal." También, resulta orientadora la siguiente tesis aislada XXVIII.2 L, que establece: "ACTAS DE LAS AUDIENCIAS CELEBRADAS POR UNA JUNTA LABORAL. EL SECRETARIO DEBE CERTIFICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES UNO DE SUS INTEGRANTES OMITIÓ FIRMARLAS. El artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo señala que lo actuado en las audiencias se hará constar en actas que deberán ser firmadas por quienes en ella intervinieron, quieran y sepan hacerlo; que cuando algún integrante de la Junta omita firmar las actas y diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas; sin embargo, es preciso para tenerlo por conforme la certificación por parte del secretario de la Junta donde se haga constar la causa por la que no aparece la firma respectiva o que efectivamente dicho integrante, habiendo estado presente en la audiencia, se rehusó a firmar." Luego, en el presente caso, la parte quejosa reclama que no se respetaron, las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual, si bien, no precisa exactamente el por qué, en conjunción con la suplencia de la queja hecha valer en párrafos anteriores, se denota en los autos del expediente de origen, lo siguiente: En actuación de ********************, data señalada para llevar a cabo la audiencia incidental de liquidación de laudo, se acordó lo conducente, y se dejó pendiente el dictado de la interlocutoria respectiva, la cual, fue dictada el día siguiente. De la actuación mencionada en primer término, se dilucida que únicamente viene firmada por la "secretaria general de amparos". Ello, pone de relieve que, con independencia de que la interlocutoria reclamada si se encuentre suscrita por la totalidad de los integrantes de la Junta, lo cierto es que en la audiencia previa a la resolución en comento, no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que se contravino lo predispuesto en el numeral 839 de la ley obrera. Así las cosas, en congruencia con las porciones normativas, los criterios jurisprudenciales y la tesis aislada, todos invocados en párrafos precedentes, evidencia que la Junta responsable violó las formalidades esenciales del procedimiento, tal cual fue hecho valer por la aquí quejosa. De todo lo anterior, se colige que, la Junta al resolver la interlocutoria, fue omisa en atender las directrices constitucionales, así como aquellas previstas en la Ley Federal del Trabajo para que la resolución reclamada se encontrara apegada a derecho. Decisión y efectos de la sentencia En consecuencia, y al ser fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 74, de la ley de la materia, procede conceder a la parte quejosa el amparo solicitado, para efecto de que la Junta responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de ********************, dictada en el incidente de liquidación de laudo, derivado del juicio laboral ********************, y ordene la reposición del procedimiento, hasta antes del dictado de la audiencia incidental de liquidación del laudo de ********************, y con plenitud de jurisdicción, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, siga la prosecución del asunto como corresponda. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado indicado en el considerando III, que se atribuye a la autoridad responsable precisada en el considerando IV, por las razones y para los efectos precisados en el apartado VI y VII, respectivamente, todos de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que no existe constancia de que se hubiese corrido traslado con la de demanda de amparo y auto de radicación a la tercera interesada Servicios Educativos del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. En ese contexto, remítase mediante oficio copia de la demanda de amparo, auto de radicación y del presente proveído, a la referida parte tercera interesada, a fin de que se imponga de los autos y esté en aptitud de comparecer al presente juicio de amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con treinta y seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de vista otorgado a las partes por auto de catorce de julio del año en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y seis minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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