Manuela Martínez Chávez
Expediente 841/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Manuela Martínez Chávez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta, presentado por Manuela Martínez Chávez, contra el acto atribuido al Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Del estudio integral de la demanda de derechos humanos y la constancia que anexa la quejosa, se aprecia que se señalan como actos reclamados las siguientes omisiones por parte de la Junta responsable y el actuario notificador: - Emplazar a la parte demandada y fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 869/2022. Al respecto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 196442, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. XLVIII/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado, existe una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Así las cosas, de la documental anexa al escrito de demanda se advierte que según constancia de uno de junio del año en curso, no fue posible llevar acabo la audiencia 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no fue posible localizar los autos originales del juicio natural, a saber 869/2022, por lo que se ordenó su búsqueda y hasta en tanto aparezca, se acordará lo conducente en relación con la continuación del juicio. De lo anterior, puede inferirse que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio es necesario que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte por alguna circunstancia, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir la materia u objeto del acto. Por lo que, en caso de concluirse que los referidos actos son inconstitucionales y jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o podría en su caso, ocasionar un detrimento mayor en perjuicio del gobernado. Existen diversas razones que pueden actualizar la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como son: a) Que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encuentre incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) La situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Bajo ese contexto, si bien subsisten los antedichos actos reclamados, también lo es, que no pueden tener ningún efecto jurídico, ya que los actos no pueden surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional, en razón de haber dejado de existir el objeto o materia de los actos aquí reclamados (omisión de emplazar a la parte demanda y señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones), dado que tal como se advierte en la constancia exhibida por la parte quejosa, en la constancia de uno de junio del año en curso, no fue posible la celebración de la audiencia 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el juicio de origen se encuentra extraviado, por lo que no se tiene la certeza de que dicho juicio sea localizado, o bien que una vez concluida la búsqueda con resultados infructuosos, se ordene la reposición del procedimiento. Se estima que en el caso la omisión de efectuar las actuaciones proclives dentro del citado juicio laboral, no puede surtir efecto legal alguno, pues jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estima violado, ya que la reactivación del juicio dependerá de la localización de los autos del citado juicio laboral, o en su caso, la reposición de constancias. Por lo que no puede analizarse la constitucionalidad de los actos que por este vía se reclaman, ya que los efectos de una sentencia concesoria de amparo no podrían concretarse, a consecuencia del entorno en donde tuvo su origen, debido a que no existe materia para ordenar las acciones propensas al cumplimiento de las omisiones que se duele, menos aún para analizar la inconstitucionalidad. De manera que, si se estimara lo contrario y considerar que los actos originalmente reclamados son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado sin afectar la situación jurídica actual que guarda el procedimiento de origen. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad tiene por objeto reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. De ahí que se considere que de estimarse inconstitucionales los actos reclamados, no podría darse los efectos restitutorios al quejoso pues la materia de los mismos dejó de existir, al haberse extraviado el expediente laboral - causa generadora del derecho aquí reclamado-. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala, Novena Época Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 181/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189,Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, los actos reclamados en este juicio de amparo no podrán surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal a que actualmente se encuentra el asunto de la junta responsable. Cabe precisar que en caso de inconformidad con dicha actuación, la parte aquí quejosa está en aptitud de promover el medio de defensa que estime pertinente, pues los actos omisivos aquí reclamados han dejado de tener efecto en el juicio laboral de origen. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con los numerales 61 fracción XXII y 107, fracción V, éste a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. 3. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Autorizados. En el caso que el quejoso sea la parte patronal, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento de que el carácter del quejoso recaiga en la parte trabajadora, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Manuela Amada Morales Borbón354/2022
- Manuela Bojórquez Torres1192/2021
- Manuela Claribel Martinez Chaira120/2018
- Manuela Claribel Martínez Chaira262/2018
- Manuela Lardin Salle1214/2018
- Manuela López Trejo1099/2018
- Manuela Montoya Gómez178/2019
- Manuela Montoya Gómez666/2023
- Manuela Montoya Gómez830/2021
- Manuela Munguia Figueroa1422/2018
- Manuela Munguia Figueroa920/2019
- Manuela Navarro Morales1465/2021