Manuela Esmeralda Muñiz Vazquez

Expediente 1292/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1292/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Manuela Esmeralda Muñiz Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de septiembre de dos mil veintidós. Oficio. Se recibe el oficio que remite el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual solicita que le sea remitida una copia de la sentencia emitida por el tribunal de alzada, con motivo del recurso de revisión interpuesto en autos; por tanto, mediante oficio con transcripción del presente auto, remítase a la autoridad, copia de la constancia que solicita. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez. Desahogo de prevención. En atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando la prevención que le fue realizada en proveído de once de agosto de esta anualidad. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgado y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En la especie, este juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Del primer precepto reproducido se advierte que, además de las causales de improcedencia consagradas en las fracciones I a la XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, pueden actualizarse aquellas que resulten de alguna disposición de la ley; y del segundo interpretado a contrario sensu, se obtiene que el amparo resulta improcedente contra actos en el juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe señalar que por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtiene una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable cuando el acto reclamado, una vez que se produce, no afecta los derechos subjetivos del gobernado sino que sólo incide en sus derechos adjetivos adquiridos en el proceso, pues, en este caso, las consecuencias de la posible violación se extinguen al ser reparada en la resolución definitiva que se dicte en el juicio de que se trate o bien, en amparo directo que contra la resolución definitiva se promueva, sin haber originado afectación alguna a tales derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, Agosto de 1992, página 11, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Bajo este contexto, del análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, se desprende que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "RECLAMO DEL C. MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD EL PROVEÍDO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022, PERO QUE HASTA LA FECHA NO ME HA SIDO LEGALMENTE NOTIFICADO, SIN EMBARGO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL DIA DE HOY 04 DE AGOSTO DE 2022, TUVE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE DICHO PROVEIDO MEDIANTE EL CUAL DESECHA SUPUESTAMENTE POR IMPROCEDENTE MI RECURSO DE APELACION PLANTEADO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 19 DE ENERO DE 2022 RECLAMO DEL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREON SU NEGATIVA DE PROPORCIONAR AUXILIO JUDICIAL QUE LE FUERA SOLICITADO MEDIANTE AUDIENCIA ORAL CELEBRADA EN FECHA 17 DE ENERO DE 2022. ASI COMO SU NEGATIVA A APERTURAR DICHA AUDIENCIA Y POR ENDE SU NEGATIVA A PROICIAR EL DEBATE ENTRE LAS PARTES RESPECTO A LA SOLICITUD DE AUXILIO JUDICIAL QUE LE FUE PLANTEADA. SE RECLAMA DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION DE LA FISCALLA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DELEGACION LAGUNA 1, SU NEGATIVA A PR PORCIONAR AUXILIO JUDICIAL PARA LA REALLZACION DE DIVERSOS ACTOS DE INVESTIGACION. SE RECLAMA DE STA MISMA AUTORIDAD LAS OMISIONES INCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACION RESPECTIVA AL NEGARSE A REALIZAR ACTOS DE INVESTIGACION PROPUESTOS POR LA DEFENSA MEDIANTE DIVERSOS ESCRITOS RECIBIDOS POR DICHA REPRESENTACION SOCIAL EN TIEMPO Y FORMA.". En ese sentido, este juzgador estima que en relación al acto precisado, esté no constituye un acto dictado dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; en virtud de que tal determinación solamente produce efectos intraprocesales, cuyas dimensiones no son exorbitantes o que con su dictado se afecte a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior es así, en tanto el acto que reclama no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo de la promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental; máxime, de que existe la posibilidad de que el resultado que se emita en dicho juicio pueda resultar favorable a sus intereses, con lo que quedaría subsanada la posible ilegalidad cometida en el acto que ahora reclama. En efecto, las consecuencias de la resolución reclamada son susceptibles de extinguirse con la resolución que se pronuncie en la etapa procesal respectiva en el procedimiento natural, en caso de serle favorable. Así, el juicio constitucional indirecto es procedente cuando los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de las garantías individuales, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo; lo que no ocurre tratándose de los actos reclamados al Magistrado del Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, que en esencia es el proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual desechó, por improcedente el recurso de apelación interpuesto mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil veintidós mediante el cual reclamó la negativa de proporcionar auxilio judicial que le fuera solicitado mediante audiencia oral celebrada el diecisiete de enero del año en curso, así como su negativa a aperturar dicha audiencia y por ende su negativa a propiciar el debate entre las partes respecto a la solicitud de auxilio solicitada. De ahí que tal determinación no constituye un acto dictado dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, puesto que solamente produce efectos intraprocesales, cuyas dimensiones no son exorbitantes o que con su dictado se afecte a las partes en grado predominante o superior; consecuentemente, deviene inconcusa la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Se insiste, tanto el acuerdo que reclama al magistrado responsable, como el atribuido al juez de primer grado, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse. Máxime que la parte quejosa tiene la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba. Lo anterior es así en razón de que el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate. Además de que la resolución que reclama de la autoridad responsable, no actualiza hipótesis alguna para la procedencia del amparo indirecto ya que no estamos en presencia de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Apoya a en lo sustancial lo establecido en la jurisprudencia PC.XVII. J/34 P (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 2114, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo"." Asimismo, sirve como criterio orientador a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.28 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3076, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017171, de contenido siguiente: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales". Asimismo, sirve como criterio orientador a lo anterior, la tesis XVII.1o.P.A.63 P (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1596, del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017381, de contenido siguiente: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo.". De lo anterior se sigue que resulta incuestionable que los efectos de la determinación reclamada, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del referido juicio de origen, en razón de que el acto reclamado, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene una ejecución de imposible reparación, por el contrario, la resolución reclamada al magistrado responsable, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a la parte quejosa. En efecto, este juzgador no puede perder de vista que el juicio constitucional indirecto es procedente cuando los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de las garantías individuales, lo que no ocurre tratándose de la sentencia aquí reclamada. Por consiguiente, el juicio de amparo indirecto es improcedente debido a que el auto reclamado en esta vía constitucional, no es de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por nuestra carta magna. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, al no tratarse de actos de imposible reparación. Por otro lado, el juicio de amparo también resulta improcedente respecto de los diversos actos reclamados al agente Ministerio de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Región Laguna I, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, consistentes esencialmente en la negativa a proporcionar el auxilio a la quejosa para la realización de diversos actos de investigación propuestos por la parte promovente. En efecto, este juzgador estima que respecto de los mencionados actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso numeral 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esos dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Por acto de autoridad se entiende aquel acto unilateral a través del cual un órgano del Estado, en un plano de supra a subordinación y en ejercicio de una facultad decisoria, con fundamento en una norma legal crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para clarificar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, a través de la cual éstos actúan en un mismo plano; así, para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente, porque esas partes se encuentran en el mismo nivel; es decir, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dispone lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Bajo este contexto, de lo transcrito y del análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados al agente del ministerio agente Ministerio de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Región Laguna I, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no son actos que deriven de una relación de supra a subordinación. Ahora, si bien por regla general, el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo; la realidad es que tales facultades tienen como límite la judicialización de sus actuaciones; es decir, que una vez que se consigna la causa de que se trate ante un órgano jurisdiccional y que éste radica el mencionado expediente, el agente de Ministerio Público dejará de tener el carácter de autoridad y adquirirá el de parte dentro del proceso. Lo anterior, implica que una vez judicializada la causa penal de que se trate, las actuaciones desplegadas por el agente del Ministerio Público se encontrarán exentas del tamiz constitucional, al no poder considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 40/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Febrero de 2001, Página: 9, registro digital 190299, de contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes". Así como la tesis I.8o.P.23 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5285, de contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional". De la lectura de la demanda, se obtiene que el Agente del Ministerio Público responsable, Judicializo la carpeta de investigación, lo que dio origen a la causa penal 493/2021, en la que el treinta de junio de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia de formulación a la imputación ante el juez de la causa, y el cinco de julio siguiente se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la quejosa. De este modo, resulta factible considerar que el agente señalado como responsable en el presente asunto ha perdido el carácter de autoridad y adoptado el de parte dentro del proceso penal de origen; lo cual a su vez, implica que no podría considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque actualmente sus determinaciones carecen de autonomía y coercibilidad; precisamente porque al haber judicializado la causa, sus actuaciones se encuentran supeditadas al arbitrio del juzgador que conoce de la causa de que se trata; por tanto, el juicio de amparo promovido contra las omisiones o actos desplegados por aquél (agente del ministerio público) resulta improcedente. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Manuela Esmeralda Muñiz Vázquez. Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente de la parte quejosa y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que la causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA ". Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Notificación personal. Para ese efecto la actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con las partes, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando el equipamiento proporcionado para ello, inclusive dispensándose que las partes estampen su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore de que habló con ellos y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluido, desde luego, el correo electrónico, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada de ello, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del citado virus.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la Recaudación de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones previstas en el artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa las cantidades que erogó, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2020-466407 y 2020-466415, de dieciséis de abril de dos mil veinte, por el concepto de registro de un contrato de compraventa de inmueble y contrato de crédito hipotecario. 3. Devuelva al justiciable las cantidades que erogó por el Impuesto para el Fomento de la Educación, así como por el Impuesto de Modernización de los Registros Públicos, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenidas en los precitados recibos de pago. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido". Ejecutoria. El uno de junio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En el caso, de las actuaciones que aparecen agregadas al presente sumario, deriva que la autoridad responsable Recaudación de Rentas de Ciudad Lerdo, Durango, realizó diversos actos para cumplir con la ejecutoria de amparo, a saber: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, ordenando que no se le apliquen en lo presente y en lo futuro; y, 2. Dejó sin efectos los actos de aplicación contenidos en los recibos con números de transacción 2020-466407 y 2020-466415, por lo que procedió a la devolución de los pagos relativos a dichos documentos, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la parte quejosa, por la suma conjunta de $51,659.05 (cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional). Vista con cumplimiento. Con dichas constancias, por acuerdo de dieciséis de agosto del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Ahora bien, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable desincorporó los preceptos declarados inconstitucionales, razón por cual, procedió a dejar sin efectos el acto de aplicación contenido en los recibos con números de transacción 2020-466407 y 2020-466415, devolviendo los montos actualizados de las contribuciones reclamadas. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notificación personal. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa, para tal efecto, el actuario deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico con la parte quejosa, para lo cual debe hacer uso de la sana distancia y empleando equipamiento proporcionado para ello, incluso dispensándose que la parte quejosa estampe su firma en la constancia actuarial, siempre y cuando el fedatario se cerciore que habló con ella y le explicó los alcances del contenido del presente auto, para lo cual se autoriza el uso de todos los avances tecnológicos de ser necesario, incluso, desde luego, el correo, teléfono, video llamada, por lo que debe elaborar constancia pormenorizada, lo anterior, para evitar la propagación y contagio del virus que afecta a la población en general. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que obre como legalmente corresponda. Acuerdo. Atento a su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Prórroga. Por otra parte y en atención a lo que solicita, de conformidad con el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le concede un término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, como prórroga a efecto de cumplir con los efectos del fallo protector derivados del presente asunto. Apercibimiento. En el entendido de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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